Llegamos al fin de un año que ha sido un fuerte reto para quienes defendemos la vida. Se aprobó la idea de legislar sobre la despenalización del aborto en la comisión de salud, pero nuestra batalla va mucho más allá de eso. Son pequeños gestos o acciones del gobierno, muchas veces desconocidas por la mayoría de la ciudadanía, pero que van todas encaminadas hacia lo mismo: Incentivar el aborto y dificultar, con todas las medidas posibles, que una mujer elija la vida de su hijo.

En columnas anteriores me he referido a algunas de ellas. Hoy hablaré sobre lo que el Gobierno quiere hacer con respecto al proyecto de ley sobre adopción.

Una de las indicaciones más novedosas va dirigida a privilegiar que el menor se mantenga dentro de su entorno familiar. En principio eso suena muy bien, pero en realidad, así como está planteado, no lo es. Hoy se contacta hasta los familiares de tercer grado, intentando que el niño viva en su núcleo familiar cercano. Con las nuevas indicaciones se establece la obligatoriedad de citar hasta los parientes de sexto grado (es decir hermanos, abuelos, tíos y primos y hasta el tío de tío…), buscando algún familiar que esté dispuesto a hacerse cargo del menor; “familiares” que, muy posiblemente, no sepan ni de su existencia. Eso forzosamente extenderá aun más el período previo a poder declarar a ese niño como susceptible de adopción, y como traba adicional, y que también arriesga prolongar el tiempo de institucionalización del niño, ya no se podrá iniciar el proceso de adopción antes de que nazca el hijo, como se podía hacer hasta ahora.

Por otro lado, el Gobierno nos viene tratando de convencer hace ya un tiempo, que para una mujer violada su hijo es un recordatorio indeseado del trauma vivido. Es más, sería un re-violentamiento tan grande que, para evitarlo, la invitan a eliminar a ese hijo. Sin embargo, con el cambio que se propone a la ley, se está haciendo todo lo contrario. Al intentar por todos los medios posibles que ese niño se mantenga en su familia (aunque sea familia lejana), para una madre que decida no abortar, pero que quiera entregar a su hijo en adopción para no tener que recordar lo vivido, ya no será una opción, sino prácticamente una imposición, tener a su hijo presente en su vida de una u otra manera, ya que estaría viviendo en su mismo entorno.

Para qué hablar de cómo se vulnera la confidencialidad de esa mujer que, tal vez, no quiera que se sepa que tuvo un hijo, sea o no víctima de violación. Al obligarla a dar a conocer su situación a su familia extensa, se le niega rotundamente ese derecho. Curiosamente, cuando se trata de ofrecerle un aborto, el Estado le garantiza la máxima confidencialidad y la realización del procedimiento de la forma más expedita posible.

La misma Corte Suprema emitió un informe que fue entregado a la Cámara de Diputados cuestionando seriamente varias de las indicaciones del proyecto. Resume “El nuevo articulado complejiza y en, gran medida, puede dificultar la entrega voluntaria que existe en la actualidad”.

Las opciones para una mujer que quiera decidir por la vida de su hijo y darlo en adopción se restringen cada vez más. Las opciones para una mujer víctima de una violación ahora serán: lo aborto o lo veré siempre. Cederlo en adopción, lejos de ser una facilidad para su vida, se ve como algo complejo, lejano y casi imposible. Una mujer que se ve enfrentada a esa situación, y que muy posiblemente se sienta acorralada, ¿Como podrá sentirse realmente libre para tomar una decisión?

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Chile B, www.chileb.cl.