30 días de paro, 1.500.000 de trámites pendientes y nueve horas de espera en la oficina de “contingencia”. No me refiero a una peluquería, sino a un servicio estratégico del Estado del que depende todo Chile para cuestiones de primera necesidad. Sí, del Estado, el mismo que -se supone- mejorará la educación, la política, las pensiones, la salud y, en general, cualquier cosa que no anda bien. Ése que en el imaginario de muchos, ofrece garantías de eficiencia y equidad que nadie más puede dar, aunque la evidencia demuestre exactamente lo contrario.

Porque es al Estado al que le corresponde asegurar derechos básicos como el de la seguridad; y es competencia suya también regular y fiscalizar a la empresa privada ¿Cómo se explica, entonces, el aumento de la delincuencia? ¿O que haya mercados y empresas que operen bajo la ley de la selva? Muy simple, porque el abuso no se ha producido a espaldas suyas, sino a su amparo.

Aún así, no faltan los ingenuos que todavía depositan en él una fe ciega. Quizá por un fenómeno psicológico que la izquierda ha logrado producir, con tanta astucia como la torpeza con que la derecha lo ha tratado de combatir. Gracias a esa argucia, el Estado aparece como un hombre sin rostro, un garante imparcial, un dispensador infinito de recursos…

En el más completo oscurantismo permanece el hecho indiscutible, en cambio, de que el Estado está controlado por personas. Individuos de carne y hueso con tanta capacidad de abuso como la de cualquier otro. Individuos que, además, pertenecen a la clase social más desprestigiada del país (la de los políticos) y que encuentran en ese constructo llamado Estado, inmunidad y dinero, dinero que muchas veces no podrían ganar por sí mismos y sin subsidio fiscal.

Políticos que, en realidad, son operadores de su propio bienestar; y que entre los funcionarios públicos encuentran a clientes fidelizados ¿O es casual que la abstención electoral de estos funcionarios sea equivalente a cero? ¿O que solo ellos, y no sus compatriotas, manifiesten tanto entusiasmo por la política al momento de votar?

Ningún gobierno podría pagar el costo político de permitir que una empresa privada (a cargo del Registro Civil, por ejemplo) pasara 30 días en paro y dejara 1.500.000 de trámites pendientes. Ningún gobierno podría, tampoco, hacer la vista gorda a colegios privados que reciben subvención estatal, si sus alumnos pasaran tres meses sin clases. Cuando se trata de electores seguros, en cambio, la lógica con que se opera es distinta.

Es la lógica de la compra de votos, pero con plata ajena y a costa de los chilenos. Es la lógica del Estado, cuando su poder no tiene límites.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Las Últimas Noticias, www.lun.com.