En su primera administración, la Presidenta Bachelet agobió al erario nacional con el mayor, más arbitrario y más innecesario dispendio que jamás haya lastrado al presupuesto nacional. El Transantiago le ha costado al Estado chileno lo que le habría permitido la más acabada y calificada reforma educacional, y su déficit anual continúa dragando una parte significativa de los recursos que supuestamente se requieren para atacar la deficiente distribución de la renta nacional.

El mundo ha sido testigo de muchos dispendios de megalómanos gobernantes, como Versalles, como El Vaticano o como las Pirámides de Egipto, pero a lo menos el turismo realiza anualmente algún abono al sufrimiento popular que significaron sus construcciones. Dudo mucho que el Transantiago devuelva algo de los miles de viviendas sociales, escuelas u hospitales que se dejaron de construir para cambiar un sistema de transporte público que no le costaba un centavo a los contribuyentes por otro peor que, como una gigantesca sanguijuela, resta cifras anuales enormes al erario público.

Con todo, el daño económico que provocó y provoca el Transantiago es superado por el atentado permanente que perpetra contra la justicia y la equidad social y es una desvergonzada demostración diaria de la incapacidad del gobierno chileno para administrar un sistema e imponer la ley y el orden. Es esa incapacidad la que permite alcanzar el récord mundial de un transporte que no paga uno de cada cuatro usuarios.

Me imagino que debe ser muy incómodo para la señora Bachelet la pregunta de por qué implementó y mantiene un sistema en que ganan dinero las empresas privadas y pierden todos los chilenos sumas enormes. Le sería difícil explicar por qué creó y por qué mantiene una situación que es el ejemplo vivo de lo opuesto a lo que sin cesar predica, como es la equidad, la igualdad ante la ley y el lucro en materia de necesidades sociales. Y ello porque el Transantiago discrimina entre santiaguinos y provincianos, entre usuarios y no usuarios, entre débiles y fuertes, entre responsables y sinvergüenzas, entre el lucro de los privados y el perjuicio del Estado.

Pero cualquiera que pudiera ser la respuesta de la Mandataria a esa incómoda pregunta, no cabe duda de que no existe su contrición, puesto que se ha dado a la tarea, hasta ahora bastante desapercibida, de la creación de otro Transantiago que afligirá manifiestamente a la capacidad del Estado para cumplir sus propias promesas electorales.

En lo que va de su segunda administración, la Presidenta Bachelet ha incrementado en casi cien mil personas el número de funcionarios públicos. Si solamente suponemos un costo total mensual de un millón de pesos para el Estado de esos nuevos paniaguados, llegaremos a la rápida conclusión de que se están destinando unos US$ 2.000 millones, lo que significa aproximadamente un tercio de la supuesta mayor recaudación fiscal por efecto de la reforma tributaria.

No puede extrañar, entonces, que la famosa reforma educacional vaya a terminar en poco más que un aumento de sueldo de los profesores. Cuando los propios estudiantes lleguen a esa conclusión, va a comenzar el circo de la búsqueda de más recursos que, en una primera instancia, no será otra cosa que aumento del déficit fiscal, con la consiguiente hipoteca del futuro.

La implementación de este Transantiago 2 impone la pregunta de por qué se hace. La respuesta es simple: porque hay que disimular la cesantía que está recién empezando a producir el desastroso manejo económico del actual gobierno y porque las “pegas” públicas son la única forma que le queda al régimen para amarrar a su deshilvanada coalición de gobierno.

En verdad, Transantiago 1 y Transantiago 2 imponen meditar sobre el extraño fenómeno de quienes dañan profundamente a su patria creyendo o simulando creer que le producen un beneficio.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio de Santiago.