La vida humana exige precaver y superar peligros de toda índole. Dicho al revés: es imposible vivir sin mínimas certezas y seguridades. La duda, el miedo y la incertidumbre, cuando se hacen constantes y prevalentes, ulceran la mente y el corazón. Esta es la razón principal por la que existe el Estado como forma de organización social: proteger a personas, familias e instituciones contra las amenazas de la naturaleza y contra los ataques humanos. Para ello el Estado recibe de sus ciudadanos un mandato que lo faculta y a la vez obliga para imperar medidas de resguardo de la seguridad y garantizar que efectivamente se cumplan.

Ello se expresa en el art. 19 de nuestra Carta Fundamental, cuyo encabezamiento reza: “La Constitución asegura a todas las personas…”. Quienes al asumir sus cargos de servicio público juran respetar la Constitución, y quienes con su voto los eligen y con sus impuestos los financian para que sean garantes de la seguridad harán bien en confrontar ante tan insobornable espejo su desempeño real.

El derecho de propiedad, lejos de estar asegurado, vive diariamente amenazado y expoliado. El reconocido “fracaso del Estado” ante los delincuentes está forzando a los ciudadanos a reinstaurar la autotutela previa a la creación del Estado. En términos de civilización, es una gigantesca retroexcavación política y jurídica. El derecho a trasladarse de un lugar a otro de la República, ateniéndose a lo establecido por ley y salvando siempre el perjuicio de terceros, junto con el de reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas penden manifiestamente del voluntarismo, arbitrariedad y congenialidad política del encargado de asegurarlos a todos por igual. El derecho natural, anterior y superior a todo pacto social, que los padres tienen de educar a sus hijos y escoger el establecimiento que completará su formación está quedando fagocitado por un ente estatal que asegura saber mejor que los padres lo que sus hijos necesitan, e intenta prohibir por ley que se inmiscuyan en la privacidad de sus niños y jóvenes. El derecho de no ver interrumpidos o paralizados los servicios que proveen el Estado, las municipalidades y las corporaciones o empresas de utilidad pública es manifiesta y diariamente burlado por las incesantes huelgas ilegales que causan grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población y a la seguridad nacional. El derecho a la vida del que está por nacer quedará –se pretende– a merced del portonazo legal que le impide, con violencia, ingresar a la casa de sus propios padres. La libertad de conciencia –se insiste– deberá someterse a una ley que obliga a matar inocentes. La inviolabilidad de toda comunicación privada no pasa de ser una retórica expresión de piadosos, irrealizables deseos.

Aun así, o por eso mismo quieren cambiar la Constitución. El espejo molesta.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Revista Humanitas, www.humanitas.cl.