Las organizaciones internacionales que suscriben el presente documento desean manifestar su preocupación y solidaridad con el pueblo chileno por el complejo estado que atraviesa su país fruto del proyecto de ley presentado por el Gobierno de Chile que busca la despenalización total del aborto mediante tres ambiguas causales.

La ausencia de un verdadero debate en la tramitación legislativa es especialmente preocupante si se toman en consideración los trascendidos que indican presiones directas desde ONU Mujeres, organismo vinculado explícitamente a Planned Parenthood y en el cual la Presidenta de la República de Chile, Sra. Michelle Bachelet, fue directora en el periodo directamente anterior a su candidatura; así como contactos entre el Presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Sr. Juan Luis Castro, con intermediarios de Planned Parenthood en Chile durante los días decisivos para que el proyecto de ley iniciara su curso legislativo (mientras que sin ser aprobado en la respectiva Comisión de Salud, el proyecto de ley habría terminado abruptamente su camino).

De la misma forma, consideramos reprochable la actitud de los medios de comunicación chilenos los cuales, estando conscientes de que se discutía la entrada a trámite de un proyecto de aborto que permitiría, entre otras cosas, la llegada de clínicas abortistas internacionales al país para desarrollar su industria, censuraron toda referencia a los videos que denuncian el negocio de tráfico ilegal de partes humanas y el abuso físico y psicológico al que son sometidas las mujeres que concurren a practicarse un aborto a las clínicas de Planned Parenthood, los cuales vieron la luz y generaron escándalo internacional mientras se debatía el proyecto de ley en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

Solicitamos a las autoridades chilenas e internacionales una investigación acuciosa de estos hechos, así como sobre la relación económica existente entre Planned Parenthood y las organizaciones chilenas que se dedican al lobby político abortista. Como denunciara Rosario Vidal (representante de la institución pro-vida chilena Mujer Reivindica) en la misma Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, en los balances públicos de la IPPF quedan al descubierto los millonarios aportes que esta transnacional de la muerte habría realizado para que en Chile se apruebe la ley de aborto. En este sentido, señala: «Diversos organismos, como Miles Chile, la ex senadora María Antonieta Saa, Claudia Dides, el Dr. Ramiro Molina y APROFA Chile, actúan en colaboración con IPPF (…) como se puede advertir también en sus páginas web, en donde la señalan como alianza de trabajo«.

Para Benjamín Lagos, Director de la Fundación Soñando Chile, esto no es nada nuevo: “en el fondo solo pone al descubierto una situación que ocurría subrepticiamente, toda vez que Planned Parenthood opera en Chile a vista y paciencia de todo el mundo bajo la fachada de APROFA”.

Una institución que ha sido denunciada por delitos de semejante gravedad merece el debido escrutinio por parte de la opinión pública y de las autoridades, sobre todo si, como acontece en Chile, se encuentra en trámite un proyecto de ley que le permitiría ampliar su lucrativo negocio a un país que por muchos años se ha resistido a los constantes embates ideológicos.

Así lo enfatiza Gualberto García Jones, Portavoz de la Red Interamericana de Derechos Humanos: “es muy importante que situaciones como esta sean investigadas con todo el rigor de la ley. El lobby es una actividad positiva, que permite a los parlamentarios tomar decisiones informadas, siempre y cuando quienes lo practican obren bajo la atenta mirada de la justicia. De lo contrario, se facilitan el tráfico de influencias y la primacía de los intereses personales por sobre el Bien Común”.

Nota: Esta declaración fue suscrita por 52 organizaciones que conforman la Red Interamericana de Derechos Humanos, www.redinteramericana.org.