La confesión de un ex conscripto que integró la patrulla que detuvo a Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas, víctimas del “caso quemados” ocurrido en 1986, durante una jornada de protesta, nos ha hecho volver la mirada nuevamente al escabroso tema de las “violaciones a los derechos humanos” del gobierno militar. He leído con atención las dos versiones: la del tribunal que en su momento conoció y juzgó el caso, y la que conforman las declaraciones de la Srta. Quintana y el ex conscripto, con el fin de  hacerme una idea lo más justa posible de lo ocurrido.

Según el tribunal, las víctimas fueron detenidas portando “elementos incendiarios” y, al tratar una de ellas de huir, uno de esos elementos se volteó e inflamó quemando a Quintana y Rojas, quienes fueron auxiliados por los militares. A continuación el capitán a cargo de la patrulla, a solicitud de Rojas, los liberó en vez de trasladarlos a un centro asistencial, lo que le valió ser condenado por cuasi delito de homicidio (esto significa que la culpabilidad del capitán consiste en haber omitido prestar a Rojas el auxilio que le habría evitado la muerte, actuando no con mala intención sino con descuido).

La otra versión consiste en que los muchachos fueron detenidos, luego uno de los militares los roció con combustible para amedrentarlos y a continuación otro les prendió fuego, aunque según otro ex conscripto una de las víctimas accidentalmente volteó una de las botellas con combustible generando la inflamación. Después, por orden de uno de los oficiales, las víctimas desfallecientes fueron metidas en sacos y arrojadas a una zanja en un lugar solitario. El hecho quedó sellado con un pacto de silencio entre los militares que se habría roto el 21 de julio recién pasado, motivando la reapertura del caso.

En primer lugar aclaro que soy un firme partidario de la obra del gobierno militar y, dada la connotación política que inevitablemente –aunque no justificadamente, como explicaré luego− este caso tiene, quisiera que la versión verdadera fuese la primera, así como los detractores de aquel quisieran que fuese la segunda. Pero, francamente, no alcanzo a inclinarme tajantemente por ninguna, pues tengo razones para creer y también para dudar de una y de otra.

La versión del tribunal se me hace creíble porque está contenida en una sentencia pronunciada luego de un debido proceso, con primera y segunda instancia y ratificada por la Corte Suprema, y además esto último en 1993, más de tres años después de acabado el gobierno militar. Que las víctimas hayan sido detenidas portando bombas incendiarias también es creíble, pues en esa época era común que opositores realizaran actos de violencia con el fin de impedir el normal funcionamiento del país, como lanzar bombas molotov a microbuses o poner bombas en la calle o en universidades. En más de una ocasión estallaron bombas en los pasillos o salas del Campus Oriente de la UC, donde yo estudiaba. En cierta ocasión (precisamente en 1986, mismo año en que aconteció el caso) estalló una a metros de la puerta de la sala en la que yo asistía a una clase. Ocurrió unos 10 minutos antes de la hora de término por lo que, si el profesor hubiese terminado un poco antes de lo normal, el estallido hubiese acabado con más de alguno de nosotros; afortunadamente no fue así y la bomba acabo sólo con la clase.

En favor de la otra versión, me parece posible que unos militares jóvenes y desquiciados hayan querido amedrentar a las víctimas rociándolos con combustible y que luego un accidente haya provocado la inflamación. Que uno de ellos haya actuado intencionalmente se me hace difícil de creer, aunque no lo descarto; sí así fue, se trata de un acto de salvajismo horroroso. Sin embargo, también hay razones para dudar: la publicidad con que ha actuado la Srta. Quintana y el ex conscripto que habló primero (incluyendo abrazo de perdón a la madre Rojas televisado en directo) y que el caso se haya reactivado en el momento más oportuno para el gobierno de Bachelet.

Suponiendo que la versión de la Srta. Quintana sea verdadera, es decir, el peor escenario para la reputación del gobierno cuya obra defiendo, hay algunas reflexiones que quisiera  compartir con usted, estimado lector.

Primero, no es lógico ni justo usar el caso para desprestigiar al gobierno militar, pues ni el Presidente Pinochet, ni su Ministro del Interior, ni autoridad alguna de la época dieron orden de quemar a Quintana y a Rojas, más aún, me atrevo a asegurar que si hubiesen podido hacer algo para evitarlo, lo habrían hecho. Incluso para aquellos que atribuyen a las autoridades de la época una perversidad que raya en lo patológico, resulta claro que un caso como éste era inconveniente para la imagen tanto interna como externa del régimen. Atribuir al gobierno militar responsabilidad moral o penal por este caso es tan absurdo como atribuir al actual gobierno responsabilidad por la muerte del subcontratista de CODELCO ocurrido hace unos días en un enfrentamiento entre trabajadores vinculados a esa empresa y carabineros, aún si la muerte hubiese ocurrido por un disparo intencional. Obviamente ni la presidenta Bachelet ni su Ministro del Interior dieron orden de matar al subcontratista y estoy seguro que, si hubiesen podido hacer algo por evitarlo, lo habrían hecho.

Por lo mismo, en mi opinión las declaraciones de la Srta. Quintana en el sentido de querer proceder judicialmente en contra de autoridades civiles del gobierno militar desperfilan su actuar. Entiendo su rabia, pero sus declaraciones le dan a su caso una connotación política que, al no contar con fundamento racional, contribuye a dudar de sus intenciones y a generar asidero a una teoría de la conspiración. Me explico: el caso resurge cuando la popularidad de la presidenta cae en picada y el gobierno se ve complicado en su empeño por cambiar la Constitución de 1980, lo cual obviamente refuerza la idea de una supuesta necesidad moral de acabar con todo vestigio de la obra del gobierno de las FF.AA. Además sabemos que la izquierda no tiene escrúpulos en usar recursos mediáticos para salvar el pellejo y denostar a sus enemigos. En el pasado hemos visto, por ejemplo, usar a un niño y a una joven para ensuciar calumniosamente la honra de rivales, y en estos meses hemos asistido al triste espectáculo de la presidenta y sus más cercanos habiendo montado una maquinaria para extorsionar a empresas con el fin de obtener aportes millonarios en dólares a su pre campaña electoral y luego usar las instituciones de la República ‒poder judicial incluido‒ para atacar a sus contarios por faltas similares pero de muy inferior cuantía.

Otra reflexión es que la izquierda usa este caso para atribuirse una superioridad moral que no le corresponde. Nada de lo que haya ocurrido entre 1973 y 1990, ningún caso de “violación a los derechos humanos”, limpia el imperdonable pecado de haber destruido la convivencia nacional. En efecto, en los años ’60 la izquierda asumió la violencia política sin mediar provocación y sin reparar en razones. “Vamos a matar para llegar al poder y para perpetuarnos en él”; “hay que matar a un millón de chilenos para que la revolución tome fuerza”; “los momios al paredón y las momias al colchón”, gritaron con toda la fuerza que su odio les permitió. Y vaya que empezaron a hacerlo, y hubiesen continuado de no mediar la intervención de las FF.AA.

A propósito, se me viene a la memoria un caso parecido ocurrido en marzo de 1972: el del Sr. Raúl Vásquez Becker, quien fue atacado en su casa por un grupo de campesinos que le habían tomado su campo, lo encerraron con llave en el closet de su dormitorio y prendieron fuego quemándolo vivo. ¿La razón? En palabras de su hijo, “las huestes comunistas y socialistas decidieron asesinarlo porque les incomodaban geográficamente las 120 hectáreas que le había dejado de reserva el señor Chonchol”. Cuando el Sr. Vásquez hijo concurrió a conversar con el Gobernador de Río Bueno y el Director de la CORA de Valdivia, este último le dijo: “Señor Vásquez, sabemos que le corresponden 120 has. Le recomendamos renunciar a sus derechos, pues si no lo hace, le tomaremos el campo todos los días”. Que yo recuerde, nunca el gobierno del Presidente Pinochet usó este caso para ganar popularidad, nunca un presidente posterior recibió a los deudos del Sr. Vásquez en La Moneda, y nunca un presidente del Senado o un periodista les ha pedido perdón a nombre de los chilenos.

Pero, ¡si no hace falta ir tan lejos en el tiempo! En enero de 2013 el matrimonio Luchsinger-Mackay fue asesinado y quemado en su casa de campo. En mi opinión, además de la responsabilidad directa de los asesinos, a la izquierda le cabe responsabilidad moral pues el hecho se enmarca en un conflicto que ha sido alentado explícita e implícitamente por ella. ¡Si hasta parlamentarios han asistido a reuniones de “comuneros” apoyándolos en sus reivindicaciones! Más responsabilidad tiene la izquierda en este caso que el gobierno militar en el caso quemados. Y, por supuesto, la presidenta Bachelet no ha recibido en La Moneda a los hijos del matrimonio, como tampoco el presidente del Senado o un periodista les ha perdido perdón a nombre del país.

Para terminar, no descarto la posibilidad de que alguna autoridad del gobierno militar haya encubierto parte de la verdad del caso quemados (aunque me parece más probable que haya podido ocurrido al interior del ejército). Si fue así, es injustificable, pero ello es muy distinto a tener responsabilidad por el hecho mismo y, una vez más, no autoriza a la izquierda a rasgar vestiduras. ¿No hubo acaso encubrimiento de los autores del asesinato de Jaime Guzmán? ¿Y no ha habido acaso falta de voluntad en el poder judicial para juzgar al diputado Teillier por el asesinato de los escoltas del Presidente Pinochet, a pesar de su confesión pública?

Por todo esto, lamentando profundamente el drama ocurrido a la Srta. Quintana y a su compañero, y condenando tajantemente el actuar de los militares de ser cierta la segunda versión, le digo a usted, estimado lector, que si es de quienes valoran la obra del gobierno militar, no se sienta acomplejado, ni amedrentado ni culpable: la izquierda NO tiene autoridad moral para hablar de derechos humanos ni la tendrá nunca. En la historia ningún grupo humano, fuerza política, ideología, país o entidad del tipo que sea ha causado más muertes y sufrimiento que el socialismo desde 1917. Los izquierdistas de nuestro país lo saben y, cuando nos muestran su odio por apoyar las “violaciones a los derechos humanos”, en el fondo es el odio que sienten hacia ellos mismos por no poder liberarse de su ideología.