El Colegio de Profesores llevó a cabo un paro se ha prolongado por casi dos meses. Durante aquel periodo logró suspender la tramitación de del proyecto de Ley de Carrera Docente impulsada por Bachelet, para de forma posterior, establecer un diálogo directo con el Gobierno y el Legislativo a fin de imponer su postura. Cabe señalar que ningún otro actor participante del debate educacional ha contado con aquella posibilidad. Hoy los profesores han vuelto a clases, pero con el riesgo de que se pierda el año escolar si vuelven a paralizar, se encuentran en una posición tal, que les permite imponer sobre el Gobierno cualquier decisión.

Aquellos hechos confirman el poder de negociación que tiene el Colegio de Profesores, sin embargo, esto es un elemento que el Gobierno parece no advertir, puesto que la ley que impulsa, fortalecería aún más a los profesores. Mediante dicha legislación, el Gobierno pretende concentrar no sólo la gestión de los docentes del sector municipal, sino que también todo el sector particular subvencionado. Actualmente la educación municipal representa 38% del total de la matrícula. Con la propuesta, el Gobierno controlaría 92% de la matrícula, con cerca de 11.550 escuelas de un total que apenas sobre pasa las 12.000.

La captura del Estado es inminente y está siendo provocada por el mismo Gobierno, viéndose perjudicada no sólo la institucionalidad, sino que también los estudiantes, quienes verán seriamente amenazado su derecho a la educación, puesto que los avances en la educación caminarán únicamente al ritmo de las demandas del Colegio de Profesores.

Situaciones como esta ya han sido advertidas en otros países, y no precisamente por los gobiernos o los legisladores, sino que por el Poder Judicial. Ejemplo de aquello es el fallo “Vergara vs. California” del Juez Rolf Treu ocurrido en el mes de junio del año pasado, en California, EE.UU., fallo que fue calificado como histórico. El motivo de aquel apelativo es que deja sin efecto tres leyes estatales que regían las relaciones laborales de los profesores, en atención a la inconstitucionalidad de las mismas, debido a que la maraña de preceptos que favorecían la estabilidad laboral de los profesores, su sistema de evaluaciones y lo complejo de las desvinculaciones, socavan la eficiencia de la educación, colocando a los alumnos de las escuelas estatales en desigualdad de derechos respecto a los alumnos de las escuelas privadas, atentando contra sus derechos constitucionales de acceso a una educación de calidad. El Juez Treu en 16 páginas fundamenta su fallo, dilucidando el caso en términos civiles, comparando la situación con el caso “Brown vs. Board of Education” del año 1954, en el cual la Corte Suprema de Justicia de los EE.UU., declara ilegal la segregación recial en las escuelas. En ambas situaciones se afecta la igualdad de derechos.

Por lo general el Colegio de Profesores justifica su condición contractual establecida en el Estatuto Docente, aludiendo que aquel les permite protegerse de decisiones arbitrarias o vengativas por parte de la autoridad. No obstante, es fácil apreciar, tanto en el sector educacional como en otras industrias, que el no contar con un estatuto especial de contratación, no significa un trato arbitrario o denigrante para sus trabajadores.

Pero el elemento clave en la discusión no es si el Estatuto Docente genera o no beneficios especiales a quienes se rigen por él. Esto ya se encuentra zanjado, efectivamente los generan. Lo que se debe hacer es clarificar que la consolidación de aquellos beneficios, que se les otorgan a un grupo específico, se hace a expensas de la población en general, causando un gasto inútil del dinero público. Y lo más nefasto, que afecta la calidad del servicio entregado, lo cual no se traduce en puntos más o puntos menos en el SIMCE o la PSU, sino que en una carencia de educación, la cual es la versión moderna de la esclavitud. Es una esclavitud menos visible, menos indignante y, por eso mismo, más permanente ¿Qué puede hacer un adulto que apenas lee, apenas entiende, apenas conoce el mundo en que vivimos, sino aceptar cualquier trabajo, cualquier salario y vivir frustrado y agobiado por fuerzas que no comprende?

¿Y qué decimos al respecto? ¿Algún político se ha preocupado por los costos que tendrá la Ley de Carrera Docente impulsada por Bachelet en caso de ser implementada? La mayoría no lo ha hecho. El debate político en educación durante los últimos 25 años ha versado principalmente sobre beneficios más o beneficios menos, más lucro o menos lucro, entre otros, siendo la calidad un tema olvidado, lo cual es previsible: mientras los hijos de la señora Juanita se educan en una escuela municipal, los hijos de los políticos lo hacen en escuelas privadas. Al final del día para éstos últimos la calidad ya es un tema solucionado.