La cuenta pública de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados fue un esfuerzo por intentar recuperar el prestigio, bastante alicaído, de nuestro Congreso Nacional. Lamentablemente no parece que haya sido fructífero, pese a que para lograrlo se llegó hasta reformar la Constitución, con una ley que entró en vigencia en la misma mañana en que se realizó la ceremonia.

No es que los anuncios hayan sido poco relevantes. Como ha señalado Eduardo Engel, el presidente del Consejo Presidencial Anticorrupción, son positivos varios de ellos, como la mayor transparencia de las sesiones de las comisiones legislativas y el cruce de información sobre declaraciones patrimoniales de los parlamentarios y de los proyectos de ley que deben votar, para prevenir posibles conflictos de intereses.

Pero todas estas buenas intenciones se han estrellado en la percepción pública con un episodio que, al parecer, no ha sido aquilatado en toda su profundidad por las autoridades del Senado y de la Cámara y que los medios han apodado como el «doble viático». Fue un reportaje periodístico de «El Mercurio» el que, recurriendo a los mecanismos de la Ley de Transparencia, reveló que se había incurrido en la práctica de pagar el viático nacional, destinado a financiar el traslado de los diputados o senadores a la sede del Congreso, incluso cuando estos se encontraban en el extranjero, caso en el cual recibían otra significativa cantidad de dinero para costear los gastos propios de esa estadía.

La cosa era fácilmente entendible: se trataba ni más ni menos de lo que nuestro Código Civil denomina un “pago de lo no debido”. ¿Cuál es el efecto principal de este tipo de pago? Sencillo, como lo podrá suponer cualquier persona sin necesidad de haber cursado estudios de Derecho: el que percibió lo indebidamente pagado debe devolverlo.

Esto, que tenía una solución tan clara y obvia, se ha convertido, incluso hasta hoy, en un enredo de proporciones, socavando las buenas intenciones de revertir la baja imagen pública del Parlamento. Primero, porque las autoridades del Senado y de la Cámara parecen haber pensado que con ordenar la suspensión del doble pago para el futuro, el asunto estaba solucionado. Pasan los días, y nadie dice nada sobre la restitución de lo ya percibido. Solo los diputados Camila Vallejo y Giorgio Jackson toman la iniciativa de devolver una cierta cantidad que determinan ellos mismos. De los demás no se sabe nada. El mismo día de la cuenta pública el presidente del Senado, ante requerimientos periodísticos, informa que él también ha devuelto lo percibido (no se sabe cuánto). Finalmente se informa que la totalidad de los parlamentarios beneficiarios (112) habrían hecho o harían la restitución (al parecer mediante descuentos). Pero ahora se revela que, en realidad, el doble viático se venía pagando, no desde marzo de 2014, sino desde el año 2012. Si fuera así, habría que exigir la devolución de lo percibido en ese período.

Además, cabe consignar que la restitución debiera incluir el reajuste y, en caso de haber mala fe, los intereses corrientes. Lo más probable es que no haya habido mala fe por parte de los parlamentarios, pero sí la hay, en términos jurídicos, desde que se hizo pública la percepción indebida de los viáticos y fue posible su restitución.

Se dirá que se trata de algo minúsculo frente a los grandes temas de probidad que enfrentan senadores y diputados. Pero es a fuerza de este tipo de desaguisados que el prestigio del Congreso se dilapida irresponsablemente. Para qué hablar del bochornoso incidente sucedido en la Cámara, con sollozos de por medio, a raíz de la aprobación de la idea de legislar sobre carrera docente.

Es que, como lo recordaba Joan Manuel Serrat y lo ha puesto de relieve hace poco Prince Royce, las pequeñas cosas son más importantes de lo que parece. O si se quiere, en una versión negativa pero realista, es que “el diablo está en los detalles”.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio de Santiago.