Es necesario en toda profesión, para ser ejercida de la mejor manera posible, el contar con un ambiente apropiado, que provoque a las persona dar lo mejor de sí mismas. Para ello, entre otros elementos, debe existir un desafío profesional y el trabajo ser reconocido y retribuido adecuadamente. Y el caso de la profesión docente no constituye excepción. Es más, en atención a la importante la labor, lo anterior se constituye en un imperativo.

Al revisar la propuesta del gobierno de Nueva Política Nacional Docente, surge inmediatamente la inquietud, de que si aquella permitirá que los docentes ejerzan sus funciones de la mejor manera posible, dando lo mejor de sí.

Si bien se consideran cierto reconocimiento y mayor retribución los profesores, estos no se vinculan al desempeño de sus funciones. Siguen existiendo incentivos económicos ligados a los años de ejercicio como a la capacitación que se reciba y no a los resultados obtenidos en la sala de clases. Con la propuesta del gobierno podríamos llegar a tener profesores con 10 años de ejercicio profesional y con maestrías, recibiendo un sueldo superior al millón de pesos, pero con alumnos analfabetos funcionales. Así la propuesta del gobierno perfecciona un sistema que alguna vez fue catalogado por un respetado académico como una tragedia peor que el Transantiago.

Hace ya más de 20 años Comisión Nacional para la Modernización de la Educación, más conocida como Comisión Brunner, indicó que la forma en que se organiza la labor docente, con un gran empleador que es el Estado, con iguales beneficios para todos los profesores y con un marco legal que garantiza la estabilidad y una carrera basada en la antigüedad, es una forma de organización que no ha favorecido a los profesores, a la eficiencia de su trabajo ni a la calidad de la educación, es más, indicaba la comisión que el resultado de tal organización ha sido catastrófico.

Una medida tendiente a lograr lo que Brunner y compañía nos decía en 1994 es derogar el Estatuto Docente y hacer que los profesores se rijan por el Código del Trabajo, como lo hacen la mayoría de los chilenos, quienes con esa normativa, hacen carrera y se perfeccionan.

No hay motivo alguno para que existan tres tipos de profesores en Chile, a saber: los que desempeñan funciones en escuelas municipales, a los que se les aplica determinada parte del Estatuto Docente, los que trabajan en colegios particular subvencionados, quienes se rigen por otra parte del mismo estatuto y los profesores que realizan su labor en colegios particulares pagados, los cuales se  rigen por el Código del Trabajo.

Si la función docente es una sola y somos todos los chilenos iguales ¿Por qué deben existir leyes laborales distintas?