(Advertencia: los hechos y circunstancias que se relatan son reales y se exponen con el interés de que el lector ajeno a la actividad empresarial entienda las complicaciones que debe afrontar el empresario chileno común).

Hace cuatro años tuve la ocurrencia de agregar una nueva tienda a mi empresa. A diferencia de otras ocasiones, en que he arrendado un local y luego equipado, esta vez el proyecto partió de cero, por lo que incluía la compra de un terreno. Así fue como compré cuatro casas que conformaban un paño. Apenas desocupadas y mientras obtenía el permiso de demolición comenzaron los imprevistos: extraños comenzaron a sacar puertas, ventanas, sanitarios, lavaplatos y todo lo que pudiera ser llevado. Los vecinos, con justa razón, se sintieron amenazados por estos desconocidos que llegaban a saquear y a pernoctar; me pidieron intervenir pero ni ellos ni yo no pudimos hacer algo.

Cuando obtuve el permiso de demolición respiré aliviado por los vecinos. Pero entonces empezaron mis problemas, porque una vez demolidas las casas me demoré UN AÑO en obtener otro permiso: el de edificación. Nunca entendí si la demora se debió a los arquitectos experimentados y recomendados que contraté o a la municipalidad (probablemente a ambos). Con esto obviamente el costo del proyecto aumentó, porque si durante ese tiempo el dinero que desembolsé en la compra de las casas lo hubiese tenido colocado en fondos mutuos o en depósitos a plazo habría ganado intereses; se llama “costo de oportunidad”. Además descubrí algo sorprendente: cuando a los ladrones no les queda nada más por robar… siguen robando. Un día fui avisado de que en el terreno había una inundación: las tuberías subterráneas que conectaban la red externa de agua potable con la red sanitaria de las casas demolidas habían sido robadas, a pesar de que el sitio estaba “debidamente” cerrado.

Cuando obtuve el permiso de edificación, pensé: “ahora sí; en unos ocho meses estaré listo”. Han pasado dos años y un mes y aún no lo estoy. Los profesionales y maestros de la construcción no manejan el mismo concepto de urgencia que uno, tal vez porque es difícil traspasarles el costo de oportunidad. Por otro lado debí modificar el proyecto porque, como carezco de capacidad para imaginar las cosas en tres dimensiones (los planos no me dicen mucho) no me percaté de que la sala de ventas era pequeña hasta que la pude apreciar en la realidad. Y por si fuera poco después se desaparecieron los arquitectos y mientras tanto el constructor, “para no pasarlos a llevar”, no pudo avanzar salvo en cosas menores. Cuando al fin los encontré fue para pedirles que firmaran un documento de renuncia a su asesoría (por reglamentación uno no puede despedir a un arquitecto si no es con su aquiescencia por lo que necesitaba su firma para poder reemplazarlos, y como no los ubicaba…).

Estos y otros percances se tradujeron en que el local estuviera terminado recién en octubre pasado. Entonces contraté al personal para operar la tienda pensando en que podría abrirla a tiempo para aprovechar las fiestas de fin de año. Pero… me faltaban los certificados de gas, de electricidad y de agua potable para presentar ante la municipalidad la solicitud de recepción final. “Van a estar luego”, me dijo el constructor hace tres meses. Hemos obtenido los primeros dos, pero falta aún el tercero, que iba a estar hace un mes.

Si alguna vez, por esas casualidades de la vida, llego a obtener ese certificado, habré reunido todos los antecedentes para recién solicitar a la municipalidad la recepción final y la patente comercial. Pero durante el verano hay vacaciones y en el sector público, estando ausente el funcionario a cargo de un trámite, éste simplemente se paraliza hasta que vuelva. Así no más. Mientras tanto seguiré pagando los sueldos de las personas contratadas por los próximos ¿dos, tres, cuatro…? meses.

A veces me pongo a pensar que nunca debí haberme embarcado en este proyecto, que si hubiese puesto el dinero en fondos mutuos no estaría ahora perdiendo varios millones de pesos al mes por no poder abrir la tienda. O que hubiese podido comprarme una casa en la playa, como muchos de mis amigos y parientes que son empleados han hecho mientras yo invierto. Además no tengo necesidad económica del proyecto y no creo que de las utilidades que genere vaya a retirar un solo peso para mí; vivo bien con lo que tengo y aprendí de mis padres las virtudes del ahorro y la austeridad, al igual que ocurre con no pocas familias empresarias chilenas

Pero no me arrepiento (aún). Mientras tenga capacidad de trabajo y capital tengo el deber moral de invertir y estoy dispuesto a cumplirlo aunque tenga que luchar contra las inoperancias de arquitectos, constructores, maestros, subcontratistas, empresas privadas de servicios públicos, organismos del Estado y mis propias limitaciones. Por lo demás el proyecto ya ha generado empleos para muchas personas y ha contribuido a mover la economía a través de la compra de materiales y maquinaria, con lo que se han visto beneficiados las empresas proveedoras incluyendo las personas que en ellas trabajan. Y tampoco me arrepiento  porque me gusta crear lugares y comunidades de trabajo. Los que creen que la principal motivación de los empresarios es ganar plata no entienden nada: no se compara con la satisfacción de ver que ahí donde antes había nada ahora hay una fábrica o una tienda siendo operada por un equipo de personas que trabajan unidas para generar un producto o servicio que los clientes valoran y agradecen. Estoy convencido de que el gozo que ello genera proviene de la co-participación en la obra creadora de Dios y ese gozo inunda hasta al empresario más ateo, aunque él no lo sepa.

Pero hay una razón adicional para no arrepentirme: amo a mi Patria. Por eso asumo gustoso el deber de generar oportunidades para quienes no han tenido mi suerte, de contribuir a mejorar el bienestar de mis compatriotas a quienes me ha tocado en suerte servir a través de mi empresa, sea como clientes, sea como trabajadores. Es cierto que los gajes de mi oficio a veces me agobian, pero me doy cuenta de que el sacrificio vale la pena cuando observo que muchos trabajadores de mi empresa empezaron con poco y hoy se encuentran con que educaron a sus hijos ‒en muchos casos son profesionales‒, tienen casa, auto y han logrado ahorrar para su vejez; o que algunos que llegaron de lugares pobres y apartados hoy son maestros o jefes de local o que, gracias a lo aprendido, han iniciado su propio negocio.

Por lo tanto sigo dispuesto a invertir. Y eso a pesar de que la reciente reforma tributaria que eliminó el FUT me obligará a pagar impuestos no sobre mis ganancias sino sobre las utilidades de mi empresa (no es lo mismo: mis ganancias son la parte de las utilidades de la empresa que retiro para mis gastos). Pero hay algo a lo que no estoy dispuesto: que mi empresa, que levantó mi padre con tanto esfuerzo desde que tenía doce años y de quien la heredé dejando a un lado mis proyectos personales (yo quería ser profesor), tenga que dirigirla junto con una directiva sindical. Eso sí que no. No quiero someterme a los caprichos de un grupo de individuos interesados en perpetuarse en sus cargos para no tener que trabajar, y sin poder despedirlos ni contrarrestar el poder que les da la facultad de paralizar las labores sin tener por mi parte la posibilidad de contratar trabajadores de reemplazo.

Tiempo atrás un pequeño grupo de malos trabajadores ‒a quienes por distintas razones me resistía a despedir a pesar de su mal desempeño‒ asesorados por un abogado de la CUT, intentaron formar un sindicato. Por fortuna el resto de los empleados se opuso (al contrario de lo que los políticos de izquierda sostienen, la baja tasa de sindicalización en Chile es una excelente señal: si los trabajadores no conforman un sindicato es porque no lo estiman necesario y a la mayoría de los trabajadores chilenos, al igual que los empresarios, no les gusta). Pero ahora la situación es distinta: la reforma laboral prácticamente obligará a los trabajadores a incorporarse a un sindicato.

Mi esposa me dice que tal vez es hora de vender la empresa porque “la cosa se está poniendo fea”. Pero yo no quiero, tal vez porque vi a mi padre consumirse joven levantándola, o porque sueño con que algún día mi hijo tome el relevo, o porque me siento inspirado por muchos de mis colegas empresarios quienes tienen los cojones de realizar sus proyectos asumiendo tantos o más dolores de cabeza que yo. Así que continuaré con la empresa. Eso sí, difícilmente me atreveré a realizar una nueva inversión hasta que el panorama se aclare y, sobre todo, si se aclara en el sentido que temo. Y si me forman un sindicato que me haga imposible dirigir la empresa, la vendo o cierro los locales, despido a los trabajadores y liquido los bienes raíces. Y punto.
Mientras tanto los políticos seguirán proclamando razones y sinrazones sobre por qué es bueno reformar o no reformar tal o cual aspecto de la ley laboral, aunque nunca han tenido un negocio. No deja de impresionarme el desparpajo con el que se explayan instruyéndonos a los empresarios sobre la forma de realizar nuestro trabajo. Y el resultado final será que, por un capricho ideológico, se nos impida o dificulte trabajar y servir a nuestro querido Chile como mejor sabemos hacerlo (dejo fuera a los empresarios corporativos, cuya realidad es muy distinta). Y de paso, los más perjudicados no seremos nosotros, sino aquellos que por su falta de recursos o de oportunidades necesitan de nuestra capacidad emprendedora, así como nosotros necesitamos de su colaboración para realizar nuestros sueños.