Este año ha estado marcado por la improvisación del Gobierno en varios asuntos, pero quizás uno de los más preocupantes, dice relación con aquellas temáticas que afectan gravemente la vida de las mujeres embarazadas y de los niños que están por nacer.

Así, partimos el año con la Presidenta de la República quien sin ninguna necesidad real sino más bien política comenzaba presentando en su discurso del 21 de Mayo, la propuesta del aborto basado supuestamente en un tema de salud pública. Sin embargo, poco tiempo después era el propio Gobierno en junio de este año, a través de la entonces Ministra de Salud, Helia Molina, la que en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados contradecía a la Presidenta, afirmando que no era realmente un tema de salud basándose en sus propias estadísticas que indicaban que en la actualidad, en Chile sólo muere 1 por cada 4.000.000 de mujeres en edad fértil y no por complicaciones de abor­tos inducidos, teniendo una de las tasas más bajas del mundo y siendo sólo superado en América por Cánada. Así entonces, en palabras de la máxima autoridad de salud, esto no lo debía ver dicha cartera porque en verdad era un tema de derechos.

De esta forma en pocos meses, increíblemente pasábamos de una supuesta problemática de salud, a una problemática de derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, pero con una mezcla absolutamente extraña ya que sólo se hablaba de los casos del aborto mal llamado “terapéutico”, por inviabilidad fetal y por violación y no del aborto libre. Esto evidentemente tenía una explicación política y era que el aborto-derecho sólo tenía una aceptación del 20% de la población según la Encuesta CEP de julio del presente año, entonces no se podía hablar abiertamente del derecho a decidir.

Asimismo, durante el mismo mes el Gobierno aceptaba las recomendaciones de algunos países de la ONU en orden a legalizar el aborto en el marco del Examen Periódico Universal de Derechos Humanos, las cuales habían sido rechazadas previamente este mismo año, por el Gobierno del Ex Presidente Piñera, y anteriormente por la propia Presidenta Bachelet en el año 2009. Claramente el actual Gobierno estaba quebrantando una política de Estado en materia de derechos humanos de protección de la vida del que está por nacer, pero sin ningún sustento racional, pura ideología.

Lo anterior era corroborado además por una consulta que se hizo en octubre por parte de la ONG Comunidad y Justicia al Gobierno, por medio de la Ley de Transparencia acerca de todos los antecedentes, minutas, estudios, informes, etc. que el Ejecutivo había tenido en consideración para proponer la necesidad del aborto en las causales señaladas. La respuesta era categórica: “no había nada”, lo que demostraba la improvisación e ideologización de una problemática que era real pero cuya solución era completamente errada.

Y llegamos a diciembre en donde la cartera de Salud, explicitaba la supuesta discriminación que tendrían las mujeres con mejor situación socioeconómica al poder optar a abortos seguros sin distinción, versus las mujeres con escasos recursos que tenían que hacer abortos clandestinos y el consecuente peligro para sus vidas. Volvíamos al aborto como un tema de salud pública y ahora de lleno no hablábamos de las tres causales sino de todo tipo de aborto, pero con una bandera mucho más cercana, la discriminación.

Llegó la hora de que el Gobierno trabaje en serio haciendo un estudio acabado de la raíz de todos los problemas que permitan darle una solución verdadera a los miles de casos de embarazos vulnerables que tienen como víctimas a las mujeres y a los niños por nacer. La reciente renuncia de la Ministra de Salud, es una oportunidad para dejar de lado  la improvisación y preocuparse de los reales problemas, alejar la ideología y ponerse al servicio de los más débiles, las mujeres y los que están por nacer lo requieren con urgencia.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Chile B, www.chileb.cl.