Un joven sonriente salta de alegría en la parte posterior de una micro del Transantiago porque en pocos meses logró transformar sus anodinos 615 puntos en los ensayos de la PSU de matemáticas en unos esplendorosos 850 puntos en la PSU de verdad (¡puntaje nacional!) por obra y gracia de uno de los numerosos preuniversitarios que compiten por capitalizar los sueños de los jóvenes de cuarto medio (y de tercero; incluso de primero y segundo a partir de la nueva normativa del ranking de notas).

Si se escarba solo un poco, sin embargo, debajo de esta artificial alegría publicitaria encontramos un cuadro profundamente inquietante. Poco importa en este contexto cómo funcione el mercado de los preuniversitarios o la eficiencia de un lobby que ha logrado evitar que el tema siquiera se toque. El problema fundamental no es de los preuniversitarios, sino de nuestro sistema de admisión universitaria; pero una buena manera de abordarlo es, precisamente, fijándonos en lo que estos hacen.

En principio, la PSU evalúa los aprendizajes de la enseñanza media. Es decir, aquello que los colegios hacen normalmente durante los cuatro años de enseñanza media. Sin embargo, tal como sucede con el SIMCE pero en una medida que supera toda ficción, en cuarto medio los colegios no sólo interrumpen, sino que directamente anulan sus actividades docentes para preparar para esa prueba. Teach for the test es aquí un eufemismo; en cuarto medio se vive para el test. El profesor de asignatura no-PSU pierde alrededor de un tercio de sus clase en actividades ajenas a su curso y los profesores de asignaturas PSU que intenten enseñar algo que no “entra” en la prueba se arriesgan a ser linchados por sus alumnos y, si sobreviven, por los padres de esos alumnos. Los resultados PSU se publicitan con orgullo en insertos en los medios y pendones en las fachadas de los colegios y son considerados oficialmente como índice de calidad de un colegio.

En una ironía macabra, dado el escaso valor predictivo de la PSU respecto del rendimiento universitario, los colegios ni siquiera preparan para la Universidad, sino para la prueba de ingreso. Poco o nada de aquello a lo que dedicaron tantas horas de trabajo les servirá allí dentro. Fracasar en esta prueba significa, en concreto, un muchacho de 17 años sometidos a un año completo de stress y de angustia estudiando cosas que, en buena parte, nunca le servirán para nada.

Los preuniversitarios no hacen más que aprovechar este panorama. Es su “nicho de mercado”.

Lo más preocupante, sin embargo, es que cuando ese sonriente alumno de la micro nos cuenta que en unos pocos meses subió más de 200 puntos en su PSU, no tenemos razón para sospechar publicidad engañosa: es perfectamente posible que lo haya logrado. Las explicaciones disponibles para tan curioso fenómeno son solo dos: que la prueba se entrena, y no refleja, por lo tanto, lo que el alumno realmente sabe sino su habilidad para responderla, en cuyo caso tenemos un grave problema de diseño del test, o bien que aquello que es necesario saber se puede aprender en un par de meses intensivos, en vez de cuatro años en jornada completa, en cuyo caso tenemos un (aún más grave) grave problema de currículum y de calidad docente. Probablemente haya un poco de ambas.

Así las cosas, en un contexto en que se está erradicando el lucro incluso de los jardines infantiles, el preunivesitario se constituye como el non plus ultra de la mercantilización de la educación y de la discriminación por ingresos. En esta lógica, el que paga, tiene éxito, y mientras más pague, mejor. Un colegio mediocre sigue siendo capaz de comunicar a sus alumnos una serie de conocimientos, hábitos y habilidades que les serán útiles en su vida, al menos como una entrada al mundo. Un mal preuniversitario, en cambio, es simplemente una estafa. La imagen de una familia que paga lo que no tiene, intentando mejorar la enseñanza de un colegio que dejó de enseñar lo que debía para preparar la prueba, a una institución que no enseña nada, para finalmente no quedar en ninguna parte y terminar pagando una universidad que les va a chupar la sangre, resulta simplemente obscena.

No creo que la respuesta esté en los delirios inquisidores o en el inveterado prohibicionismo de ciertos políticos. El verdadero problema es la PSU, no los preuniversitarios (aunque eso no significa que debamos ir a prenderles velas). Bastaría con un sistema que evaluara lo que cada universidad saben que es necesario para tener éxito en ella; de paso, recuperaríamos un enorme espacio de libertad de educación, porque la prueba estandarizada es el mecanismo de control del currículum único, y ganaríamos al menos un año de educación escolar: todo el cuarto medio.

Pero la discusión parlamentaria nos está mostrando hasta qué punto ese tipo de libertad es una especie en extinción.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Chile B, www.chileb.cl.