La embestida en contra del lucro en la educación en la semana fue feroz. En la Comisión de Educación del Senado se aprobó una indicación de los senadores Quintana, Navarro y Walker (presidente de la DC), que lo prohíbe en la educación parvularia que reciba recursos del Estado; la diputada Provoste (DC)  impulsó con fuerza otra que, en contra de las intenciones del gobierno, establece la obligación que las agencias de asistencia técnica educativa (ATE) sean organizaciones sin fines de lucro; y diputados de la “bancada estudiantil” plantearon la suya en orden a constituir en delito el lucro por parte de los sostenedores.

Todo esto persigue acabar con el lucro mediante su estigmatización, precisamente porque no tiene base técnica alguna proscribirlo en educación: hay colegios con fines de lucro que son buenos y otros no tanto, como también sucede lo propio en los privados sin lucro o en los municipales. Por lo tanto, nada va a cambiar en la calidad de la educación con apuntar al tipo de organización jurídica de quienes la imparten, sino que es necesario adoptar políticas con incentivos y estructuras que la procuren, y prevalezcan los mejores establecimientos, del tipo que sean, que es lo único que no se ha discutido.

Lo grave es cómo se ha utilizado un mecanismo artero para lograr el propósito y generar un ambiente político para que normas constitucionales precisas y claras queden sin aplicación, que son las que garantizan el derecho a toda persona, sin distinción, a fundar y mantener establecimientos educacionales, a que los subsidios se entreguen sin discriminación arbitraria y a emprender todo tipo de actividades económicas. Es increíble que algo, como es subvencionar con fondos públicos establecimientos educacionales con fines de lucro, que se ha hecho desde antiguo en el país y que hasta hace nada fuera una política que se incentivó, pase súbitamente a ser prohibido y concebido como fuente de un delito. Ello constituye un precedente de la máxima peligrosidad, que facilitará correr la valla en variados frentes, como salud o vivienda, donde existirá el mismo argumento: son derechos sociales y no se puede lucrar con ellos. Después vendrá tocar cualquier cosa con la varita mágica de los derechos sociales, para proscribir la ganancia. Peor aún, ha pasado sin mayor cuestionamiento otro argumento que es una falsedad económica total: que la ganancia encarece el precio de los bienes. Claro, porque la educación sería más barata o, lo que es lo mismo, que se podría dar mejor educación con la misma plata, si no hubiera una parte que se lleva el sostenedor sin reinvertirla. Con esa lógica, todos los bienes y servicios debieran ser producidos por entidades sin fines de lucro y serían más baratos.

Esto último le parecerá una exageración, que no se va a llegar a ese nivel y que “no se trata de eso”. Pues se equivoca, todo es cuestión de condicionar la cultura, aquello que la gente cree y repite, para lo cual sólo se requiere de tiempo: si le hubieran dicho hace seis años que había que suprimir el lucro en la educación, habría enarcado una ceja y contestado que “no se trata de eso”.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera.