Por estos días se debate en Chile sobre, casi con total seguridad, los dos aspectos más relevantes que atañen a la sociedad y a cada uno de sus miembros: la vida y la educación.

Tal vez, para muchos, especialmente en el mundo empresarial, sea la primera de las tres reformas impulsadas por el Ejecutivo –la tributaria– la que concentra prioritariamente su preocupación. De hecho, existen razones objetivas para ello. Sin desmedro de lo señalado, las iniciativas sobre la vida y la reforma de la educación son de infinita mayor trascendencia para el futuro de la patria, pues guardan estrecha relación con el núcleo del alma nacional y el sentido último de la vida en común.

Por una parte, como fue anunciado en el tradicional discurso del 21 de mayo por la Primera Mandataria, su Gobierno desea despenalizar el aborto en tres circunstancias: en aquellas que corre peligro de vida de la madre, donde se aprecia una malformación del feto y cuando el embarazo es consecuencia de un acto de violación. Obviamente, se tratan todas de situaciones difíciles y dolorosas, en particular para la mujer directamente involucrada. Sin embargo, desde un punto de vista ético la solución a estas situaciones no puede consistir en el asesinato –menos todavía amparado por la ley– de una persona completamente indefensa, como es el caso de quien todavía se halla en el vientre materno.

¿Qué puede ser más importante que el respeto irrestricto a la vida y a la dignidad humana? Esta es la cuestión de fondo en la discusión actual sobre el frecuentemente denominado “aborto terapéutico”, contradictorio incluso ya en la misma expresión utilizada. Subyace bajo esta pregunta una interrogante antropológica fundamental, ¿qué –y quién– es una persona?, asociada a otra que la sigue inmediatamente: ¿qué es moralmente lícito hacer con ella? Una sociedad sana apuesta siempre por la vida, cuida y fortalece una cultura de la vida. Por contraste, es síntoma de enfermedad promover su eliminación, avanzar por el camino opuesto, esto es, de una cultura de la muerte. No hay espacio aquí para la laxitud, la tibieza, la indiferencia o el error, pues está en juego lo esencial. Y, si se falla en lo substantivo, de poco o nada sirve preocuparse por lo accesorio. Sí, como el lector atento podrá entrever, estas sencillas líneas buscan despertar la conciencia y llaman a tomar posición activa en la promoción y defensa de la vida. Una vez otorgada la “licencia para matar” a los inocentes, no cabe esperar sino una creciente descomposición moral, como la historia enseña que ha acontecido en aquellas sociedades que en el pasado optaron por un derrotero afín.

De otro lado, entre las tres reformas fundamentales que dieron estructura al programa electoral de la actual Presidenta del país y que, consiguientemente, su Gobierno ha decidido llevar adelante con determinación, destaca aquella referida a la educación. No al lucro, gratuidad universal y no selectividad, parecen ser los tres ejes o emblemas de la misma. Lo señaló con toda claridad el ministro del rubro el pasado domingo, en una entrevista publicada por un conocido medio de prensa escrita de circulación nacional. La naturaleza de la educación que se pretende impartir, la calidad de la misma y la debida cautela a una libertad real en la materia son dimensiones medulares que quedan ocultas tras los slogans mencionados, que vienen siendo repetidos por diversos personeros como un verdadero mantra hipnótico para la opinión pública.
La educación consiste en la tarea de colaborar a hacer plenamente humano al hombre. Por lo tanto, no está demás señalar de paso que una responsabilidad formativa primordial de quien ejerce autoridad es la de dar a la vida humana el valor que merece. Yendo más allá en este terreno, y en conexión con la reforma antes aludida, nadie sensato puede dudar que Chile necesita de profundas mejoras en la educación formal que posibilita a sus ciudadanos. Tampoco hay motivos, al menos a priori, para sostener que no deban ser asignados mayores recursos económicos para este fin. En cambio, si existen razones fundadas para disentir en los principios que parecen animarla. Ni el lucro es una realidad negativa en sí misma, salvo cuando es excesivo o mal habido. Ni la gratuidad económica es un bien a toda ultranza y posee naturaleza redistributiva, menos cuando adquiere carácter de universal. Tampoco todo tipo de selección es mala per se. Esto en términos generales y, también específicamente, en el ámbito de la educación pública. Si a lo mencionado se añaden los aires estatistas y potencialmente limitadores del legítimo ejercicio de la libertad ciudadana en este ámbito, las dudas sobre la bondad de la reforma resultan más que atendibles. Además, porque no se aprecian señales en el proyecto que generen una mínima certeza de que los cambios propuestos encaminen hacia una cobertura educacional accesible y, sobre todo, de calidad. ¡Que ésta es la cuestión de fondo que hace falta remediar! Y es que para apuntar en la dirección correcta se requiere acertar en dos dimensiones cruciales: una de carácter antropológica, es decir, en quién es la persona y, consiguientemente, qué debe ser educado en ella; y otra, íntimamente vinculada, esto es, cuál ha de ser el contenido de la formación de los profesores que serán los encargados de educar. Al respecto, y dicho sin ambages, las concepciones sobre el hombre que parecen motivar tanto la despenalización del aborto como los principios básicos de la reforma educacional no dan pie para ser optimistas, más bien abren espacio para lo contrario.

Es hora de hacerse cargo y actuar en consecuencia.