Si se despenaliza el aborto directo (pues el indirecto no está penado), en los tres casos que proponen los proyectos en discusión, se está legitimando o reconociendo como un derecho, por lo menos en estos casos, el homicidio de inocentes. Y basta vulnerar el derecho a la vida de un inocente, en una circunstancia, para que, violado el principio del derecho a la vida, luego se lo vulnere en otros casos.

Si se dice que no se trata de un inocente, por lo que no habría homicidio, habrá que probar que se trata de un culpable, ya sea del problema de salud o de la violación de su madre, o de padecer él mismo una enfermedad incurable y, por ello, que merece, en justicia, la pena capital. Si se dice que ni siquiera es persona humana, distinta de la madre y, por lo tanto, no es sujeto del derecho a la vida como ella, habrá que probar que no lo es. Y, entonces, tendrá que probarse suficientemente que el óvulo fecundado no es persona humana, razón por la cual no necesariamente se desarrolla como hombre, tal como evidentemente aparece. En otras palabras habría que probar la posibilidad de que, a partir de un cigoto constituido, una mujer de a luz un vegetal (distinto de un hombre en estado vegetal) o un animal irracional (distinto de un hombre que actúa de modo irracional). O probar que primero es un vegetal, luego un animal irracional y luego un hombre, explicando cómo pasa de un grado de vida a otro. Con lo cual se probaría racionalmente la pura evolución en la generación de un hombre. Y lo que se pide es una demostración racional, no un acto de fe en la ciencia o en un estudio científico particular, como normal e irracionalmente se pide.

El peso de la prueba recae sobre la parte que quiere despenalizarlo. Y, mientras no se pruebe lo anterior se presume que el nasciturus es persona, sujeto de derechos e inocente. Y despenalizar su destrucción será una acción contraria al derecho, una corrupción del estado de derecho, fundamento de la convivencia civilizada (racional) entre los hombres.