El gobierno presentó el proyecto de ley que acaba con el lucro en la educación y busca incrementar su gratuidad. Se justificaría porque la educación es un “derecho social”.

Si bien ese proyecto se refiere a la educación escolar, no debe olvidarse que la protesta estudiantil que estalló en 2011 contra el lucro y por la gratuidad tuvo su origen en reclamos de los universitarios y de alumnos de educación media que aspiraban a ir a la universidad. De ahí se confundió todo y esas dos ideas se elevaron al nivel de consignas universales. Por eso, en el debate que debería tener lugar en los días que vienen, es necesario tener presente algo que nadie ha dicho, probablemente por el riesgo de sufrir una “funa”.

Los estudiantes que han clamado por la gratuidad de la educación y el fin al lucro en la educación superior, se han presentado como la encarnación del bien contra los abusos y el aprovechamiento, la expresión de un nuevo Chile y un altruismo que clama por los derechos de los que no tienen voz. Pero en realidad no son más que un grupo de presión, con una organización y convocatoria difícilmente antes vista, que busca estudiar y formarse profesionalmente gratis (y hasta andar gratis en micro en épocas que ni siquiera están estudiando), o sea, a costa de los demás. Si lo que define a los derechos sociales es el título para exigir algo y que otros paguen, lo que nadie dice es que quienes estudien en la educación superior –sobre todo en la universidad– y obtengan un título profesional de lo que sea, casi por ese sólo hecho pasan a formar parte del 10% de las personas más ricas de Chile y que, por lo mismo, habrán asegurado su vida como muy pocos. Eso contra el bolsillo no sólo de “los ricos”, sino también de los que no tendrán esa misma oportunidad.

Entonces, la pregunta es cómo van a retribuir a la comunidad el tremendo beneficio que habrán recibido, si ellos o sus familias no pagaron por él. Y no bastan las vaguedades como valorar el aporte que harán al desarrollo, porque un obrero de la construcción o una dueña de casa también lo realizan y, además, contribuirán a financiar el regalo. A la comunidad le interesa que los jóvenes se capaciten profesionalmente, por lo que es razonable y necesario que haya mecanismos preferentes de financiamiento, cuyo costo sea acorde a la rentabilidad de las carreras, es decir, que las tasas de interés no sean impagables. Si el horno político no está para créditos, entonces puede explorarse la propuesta que los que estudiaron sin costo queden afectos a una sobretasa tributaria. Pero de ahí a la gratuidad que pretenden, es demasiado.

En suma, no crea en el altruismo por el solo hecho que es vociferado; suele ser que el verdadero está detrás de acciones que no se pregonan. Si lo entiende así, lo siguiente será quizás preguntarse por qué millones de familias, como sucede hoy, han recurrido a los colegios particulares para sus hijos. Sostener, como ha pretendido el ministro, que no saben lo que hacen, es creer que los estudiantes que protestan tampoco lo saben; y eso no es así.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera.