Créanlo o no, los 10 miembros del Comité de la ONU contra la Tortura han dedicado dos días de trabajo, 5-6 mayo, 2014, a atacar a la Iglesia Católica y sus enseñanzas.

No es la primera vez ni tampoco un hecho aislado. Se trata de una presión abusiva y sistemática. En enero pasado, la presidenta de otro comité de la ONU, esta vez el Comité de los Derechos del Niño, “exigió” que la Santa Sede cambiara la doctrina católica para aceptar el “matrimonio” entre homosexuales, el aborto, la anticoncepción, etc., debido a que la posición actual de la Iglesia supuestamente viola los derechos humanos de los niños. La Santa Sede también fue duramente atacada por “permitir” a los sacerdotes a abusar de los niños, pasando por alto el hecho de que la Santa Sede ha tomado medidas significativas para poner fin a estos crímenes. De hecho, en el momento, tanto el jefe de prensa el Vaticano, padre Lombardi como el Nuncio y jefe de la Misión de la Santa Sede ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, monseñor Tomasi, se quejaron de que estas acusaciones no sólo exageran el problema, sino que ignorando las numerosas medidas ya adoptadas por la Santa Sede para corregir cualquier abuso, provocan una repercusión mediática negativa para la Iglesia Católica.

Esta vez sucedió lo mismo en el ámbito de la Comisión de Derechos Humanos. Su Comité contra la Tortura criticó el informe inicial de la Santa Sede bajo la “Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”. De acuerdo con “Solidarity Center for Law and Justice” (Centro de Solidaridad para la Ley y la Justicia), el problema es que el Comité contra la Tortura se basa en la información que recibe de la Oficina de las Naciones Unidas del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (“la OACDH”) y varias organizaciones no gubernamentales que comparten un claro sesgo anti-católico.

El Centro de Derechos Reproductivos (CDR) es la organización a la vanguardia de los grupos que sostienen que la posición de la Iglesia Católica sobre la anticoncepción y el aborto constituye una especie de tortura.

Lo que es inaudito es que el propio presidente de la Comisión sobre la Tortura, Claudio Grossman, tiene una larga historia de activismo a favor del aborto y el control de la población. En 1994 participó en una conferencia que analizó posibles estrategias para asegurar el respeto de los derechos reproductivos a nivel local, nacional e internacional (Gilbert, Lauren, Ann Shalleck, y Claudio Grossman “Conferencia sobre la Protección de los Derechos Reproductivos Intervencionista: Prefacio.”. American University Law Review 44, No. 4 (abril de 1995): 963-967).

Estos son los ideólogos que están tratando de influir en el Comité sobre la Tortura y que encuentran culpable de “tortura” a la Santa Sede. Tal como hicieron en el Comité de los Derechos del Niño, se centraron en los abusos sexuales cometidos por sacerdotes (casos ya tratados y sobre el que se han tomado los correctivos del caso) y la interpretación retorcida de la doctrina católica en las áreas de aborto, la anticoncepción y el “matrimonio gay”.

Es evidente que tales grupos son juez y parte. Pues es conocido por todos que se oponen virulentamente a las enseñanzas y prácticas de la Iglesia Católica en relación con las cuestiones de la vida, el aborto, la sexualidad, la orientación sexual, el matrimonio, la familia, la bioética o la eutanasia. Miembros del Comité contra la Tortura como Grossman son incapaces de opinar imparcialmente sobre el informe de la Santa Sede, desacreditando completamente las resoluciones que se emitan en esas condiciones. Parece que a las autoridades de Naciones Unidas no les importa la objetividad en estos ámbitos y ni siquiera guardar las apariencias.

Por ejemplo, entre los “informes sombra” disponibles encontramos uno por el denominado Child Rights Network International (CRIN) titulado “Abuso Sexual de Menores por clérigos católicos como una forma de tortura o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y el castigo”. El informe acusa a la Iglesia de la transferencia de jurisdicción de sacerdotes acusados de abusos, cuando en realidad esto ya fue superado y corregido en los casos que se presentaron hace más de una década. El mismo informe exige que los representantes de la sociedad civil puedan participar en la Comisión que la Santa Sede ha puesto en marcha para hacer frente a este tipo de delitos, ignorando el hecho de que la principal activista contra el abuso sexual, Marie Collins, ha servido durante mucho tiempo como un miembro de esta comisión.
Otro ejemplo es el report presentado por Center for Constitutional Rights (Centro de derechos Constitucionales) en nombre de “Survivors Network of those Abused by Priests” (Red de Sobrevivientes de quienes fueron Abusados por Sacerdotes).

Son repeticiones que buscarían reavivar un escándalo mediático dando la idea (no sin malicia) que la Iglesia Católica no hubiera hecho nada al respecto.

¿Cuál es la verdadera intención de esta presión sobre la Santa Sede?

El Centro de Derechos Reproductivos propone abiertamente sus intenciones políticas motivo de toda esta persecución y difamación a la Iglesia Católica:

Instar a la Santa Sede a que revise su posición sobre el aborto con el fin de permitir el aborto para las mujeres y las niñas, incluso cuando su vida y su salud física o mental se encuentran en riesgo, cuando hay un feto no viable, cuando son víctimas de violencia sexual o cualquier otra circunstancia en la que experimentan dolor físico o mental severo o sufrimiento.

Instar a la Santa Sede para que se abstengan de interferir negativamente en público o en privado, en las mujeres y las decisiones del legislador en materia de acceso a la anticoncepción y para apoyar a los Estados en su intento de alinear sus políticas sobre los derechos reproductivos de las mujeres con sus obligaciones en virtud de la Convención contra la Tortura.

Mientras estos grupos e individuos abusan de la competencia de este Comité inventando acusaciones contra la Iglesia Católica, y estirando el significado de “tortura” a las dimensiones absurdas para cumplir con sus metas políticas e ideologizadas, muchas personas reales siguen sufriendo una verdadera tortura.

¿Dónde está su indignación contra el trato cruel, inhumano y degradante de las decenas de miles de cristianos que están sufriendo en todo el mundo en países como China e Irán? ¿Dónde está su preocupación por el asesinato, el secuestro o la conversión forzada de los cristianos en lugares como Corea del Norte, Pakistán y Nigeria?

¿Cómo podría una persona razonable apoyar las acciones de la Comisión sobre la Tortura en contra de una institución como la Iglesia Católica que ha contribuido más que cualquier otra durante siglos ayudando a eliminar o reducir en gran medida, la esclavitud, la trata de personas, la prostitución y la violencia enseñándonos que todos los seres humanos tienen una dignidad innata y vale la pena?

El Comité contra la Tortura ha abandonado su mandato y ha caído en las manos de aquellos que están tan cegados por su ideología y el fanatismo anticatólico que ya no les permite entender que todos los derechos humanos se basan en la primera libertad: la libertad de conciencia. Al atacar a la Iglesia Católica, el progenitor de la libertad de conciencia no sólo en Occidente sino a nivel mundial, están socavando el mismo piso por donde caminan.
Si esto es lo mejor que el Comité contra la Tortura puede hacer, entonces debería ser disuelto.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Population Research Institute, www.pop.org.