El video lanzado por el gobierno para respaldar su reforma tributaria es condenable, ya que atenta no sólo contra el ambiente de entendimiento y concordia que debe primar en la sociedad, sino también contra la democracia y la ley.

A estas alturas no queda duda que el gobierno dio un paso político en falso con el video, tanto que no se comprende que no lo haya bajado de los portales de internet. Baste con mencionar las tensiones que provocó con la DC, las críticas que ha recibido de personas afines, como Andrés Velasco, o que el presidente de la CPC, que se ha esforzado por contemporizar y buscar el diálogo, haya tenido que salir a calificarlo de “arbitrario, injurioso, que promueve el odio y la división de los chilenos”; una muy buena síntesis de las críticas que merece.

Es preocupante que el video sea un síntoma que la descalificación y la intolerancia serán la tónica que utilizará el gobierno para aprobar sus iniciativas, rompiendo el clima de concordia de la sociedad. En todo caso, curioso que lo haga cuando tiene los votos necesarios para lograrlas, pues podría proyectar una imagen más convocante y positiva, e igual aprobar lo que pretende. Con ese modo, sólo conseguirá que la oposición, hasta ahora desperfilada, se una en su contra. Y no sólo ella, pues el ciudadano de la calle huele las imposturas y también se puede volver en contra. Quizás la sospecha ciudadana respecto de la reforma fue la motivación última del video, ya que hay datos que el apoyo estaría cayendo: la gente se está dando cuenta que no sólo “los ricos” la pagarán.

Pero lo verdaderamente grave es que el video constituye un atentado a la democracia y un desacato a la ley. En democracia, las autoridades pueden y deben participar en el debate, pero cosa muy distinta es que el gobierno, aprovechando que administra los recursos de todos, los utilice para denostar a los adversarios y descalificar planteamientos legítimos. Hacerlo es una forma “chavista” de ver la democracia y de negar el derecho a disentir.

Por eso mismo, la ley dispone que los servicios públicos no pueden incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusión que los necesarios para el cumplimiento de sus funciones, o informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que otorgan. Y aquí hubo gasto público para hacer un video que no informa de ninguna prestación, sino que denuesta, desinforma y hasta falta a la verdad (las secretarias no tributan proporcionalmente más que los jefes). La versión de que no hubo gasto, porque las redes sociales en que se difundió no tienen costo, no se sustenta: alguien lo produjo y eso no es gratis. Más aún, agrega la ley, ya sin relación con el gasto, que mientras no existan prestaciones concretas, el Poder Ejecutivo sólo puede informar sobre el contenido de los programas y acciones que resuelva propiciar, y que en el caso de las iniciativas de ley, deberá señalar su sujeción a la aprobación legislativa correspondiente. Más claro, imposible.

La Contraloría tiene la palabra y éste no es un asunto menor, precisamente cuando hay un gobierno que circunstancialmente posee mayoría absoluta en el Poder Legislativo: si se deja pasar, el riesgo que cundan las prácticas antidemocráticas será peligrosamente alto.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera, www.latercera.com.