En su discurso del 21 de mayo, la Presidenta de la República planteó la necesidad de legislar sobre el aborto terapéutico. Esta postura plantea dos aristas que es necesario analizar. Por un lado, cuál es el estatuto del embrión sobre el que se va a actuar, y por otro, si una ley de aborto soluciona los problemas que se pretenden subsanar (mortalidad materna, problemas psicológicos maternos asociados a embarazos no viables o casos de violación).

Con respecto al primer punto, la pregunta a responder es si el embrión humano es el mismo individuo desde la concepción hasta la vida adulta. La evidencia biológica actual, basada en lo que nos hace reconocibles como individuos de la especie humana -nuestro código genético-, demuestra que el embrión humano es ya un individuo diferente de la madre desde la fecundación, pues ya posee toda la información genética necesaria para su desarrollo, que esta información no varía con los procesos de división celular que permiten su crecimiento y que la expresión genética de este nuevo individuo durante el embarazo no está determinada por el intercambio fisiológico con el organismo de la madre. Por tanto, el embrión se demuestra desde el inicio como protagonista de su propia existencia biológica, y por lo tanto, sujeto de los derechos que asisten a todos los individuos. No reconocerle esos derechos es un acto de discriminación que no es aceptable en la sociedad que intentamos construir.

Por otro lado, algunos han planteado que nuestros derechos se adquieren de forma gradual. Dado que los procesos de desarrollo biológico son continuos, cualquier definición que marque un antes y un después será arbitraria. ¿Cómo definiremos qué derechos le reconocemos al embrión y desde qué momento de su desarrollo biológico? ¿Qué hace diferente, desde la biología, a un individuo de 24 horas, seis meses, tres años, un adolescente o un adulto, salvo su tamaño, forma y habilidades? ¿No es más razonable y fácil que se lo reconozcamos desde la fecundación?

En relación con el segundo punto, la evidencia médica no sustenta la aseveración de la autoridad de que es necesario legislar sobre el aborto. En cuanto la mortalidad materna, los protocolos de manejo médico vigentes en nuestro país contemplan la posibilidad de interrupción del embarazo cuando peligra la vida de la madre, lo que haría innecesario una ley de aborto con este objetivo. Por otro lado, la evidencia científica actual demuestra que el aborto por malformaciones incompatibles con la vida puede afectar profundamente a los padres. Por último, en el caso de violación, no existe ningún estudio que demuestre algún beneficio o rol protector del aborto sobre la salud mental o reproductiva de esa niña o mujer abusada. Desde una perspectiva epidemiológica, la mayor probabilidad de embarazo asociado a violación ocurre con el abuso reiterado, al interior del hogar y en menores de edad. Esta situación permanece muchas veces oculta y el mayor acceso al aborto sólo permitiría perpetuar un ciclo de violencia.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera.