Hace unos meses el Ministerio de Educación reconoció, a partir de los resultados del Simce de lectura de 2o. básico, que el 25% de los estudiantes no cuenta con las habilidades suficientes para comprender un texto. Ante este hecho, nadie de esa cartera asumió la responsabilidad por esos magros resultados. En una fecha más reciente, hemos conocido que el 64,1% de los alumnos de unidades educativas municipales obtuvieron menos de 500 puntos en la PSU, y que el puntaje promedio que lograron en las pruebas de matemática y lenguaje, fueron escasos 456,8 puntos. Tampoco a nadie le asignaron responsabilidad alguna por estos resultados.

Para ser sinceros, llevamos más de una década conociendo sistemáticamente malos resultados en las mediciones de la calidad educacional escolar, y sin embargo, a nadie se le ha asignado una clara responsabilidad en la causa de los mismos. En contraste, mientras los alumnos están recibiendo un servicio educativo deficiente, impresiona que más del 90% de los funcionarios del Ministerio reciba una evaluación destacada por su desempeño.

También escandaliza que las empresas contratadas por las comunidades educativas para mejorar los resultados pedagógicos en el marco de los Planes de Mejoramiento Educativo (PME), reciban dinero a todo evento. Por una simple razón de probidad y justicia, ¿acaso la incoherencia entre esos hechos no debe ser atendida y enmendada?

Dentro del ministerio, los directivos y técnicos de la División de Educación General son los responsables de los resultados pedagógicos, y a ellos hay que hacerlos responsables.

En efecto, la Ley N° 18.956, establece en su artículo 7 para la División de Educación General el objetivo de “promover el mejoramiento permanente del proceso educativo formal”. Otro tanto debe ocurrir en la Agencia de Calidad, cuya misión es contribuir “a que cada estudiante de nuestro país tenga una educación integral de calidad”, para lo cual esta institución se compromete a “informar, orientar y promover la mejora continua del proceso educativo”.

Por otra parte, las empresas e instituciones que a través de fondos de la ley de subvención preferencial en el marco de los PME se comprometen con las comunidades educativas a cumplir objetivos de logros, tienen una evidente responsabilidad, pues tal como acota el Ministerio en su sitio web, las asesorías técnicas contratadas “aportan a una perspectiva complementaria en la detección de sus necesidades de mejoramiento y de las alternativas más adecuadas para mejorar su desempeño. La ATE es un apoyo técnico pedagógico transitorio y complementario a la labor de los supervisores técnico pedagógicos del MINEDUC”.

Las normas son claras y sorprende que hasta ahora no se apliquen, pues queda una sombría sensación de impunidad y de falta de probidad. Los alumnos y sus familias que confían en la educación pública, merecen recibir el servicio educativo que el Estado compromete, y cuando ello no ocurra, tienen derecho a exigir que los responsables reciban las sanciones correspondientes. ¿Qué acciones aplicará el Ministro Eyzaguirre para enmendar este injusto proceder?