Agradezco muy sinceramente a don Bernardino Bravo Lira y a don Orlando Sáenz Rojas su generosa y valiosa participación en este acto y a todos ustedes vuestra presencia, lo que constituye para mi un honor que me hace estar profundamente emocionado.

El libro que estamos presentando fue editado gracias al apoyo de numerosas personas, de entre las cuales quiero destacar a Raquel Camposano, William Thayer, Alfonso Márquez de la Plata, Jorge Llorente y, muy especialmente, a Hermógenes Pérez de Arce, quien ha sido el faro que me ha guiado por la senda de la defensa de los militares que están ilegalmente encarcelados y a quienes les son vulnerados sus derechos humanos.

Quiero agradecer también a la ONG Cruzada Solidaria y a la diputada María Angélica Cristi, quien tuvo la iniciativa y realizó las gestiones para que pudiésemos celebrar este acto en un lugar tan simbólico, como lo es este histórico edificio, a cuyo costado está la Corte Suprema de Justicia.

Fue, precisamente, una sentencia de esta Corte, la que dio origen al libro.

En efecto, a mediados del año 2012, la esposa de un capitán de navío amigo mío me llamó por teléfono y me dijo: La Corte Suprema le aumentó a los marinos la pena de 541 días remitidos a la que habían sido condenados en primera instancia —y que había sido confirmada por la Corte de Apelaciones de Concepción— a cinco años y un día de cumplimiento efectivo.

Luego me comentó que los querellantes habían quedado conformes con la sentencia de segunda instancia y que había sido el Ministerio del Interior el que había recurrido ante la Corte Suprema para que le fuese agravada la pena a los condenados.

Finalmente me dijo: Mi marido es absolutamente inocente del crimen por el cual fue condenado, el que ocurrió en Talcahuano el día 27 de noviembre de 1974, fecha en la que él y yo nos encontrábamos en Viña del Mar.

Ustedes podrán imaginarse la impotencia, la indignación y el dolor que afectan a mi amigo, quien se halla actualmente prisionero en el penal de Punta Peuco, cumpliendo una pena por un delito en el que no tuvo participación alguna.

Esa misma noche bajé la sentencia correspondiente del portal del Poder Judicial y comencé a leerla.

Al hacerlo, mi impresión fue enorme. No podía creer lo que estaba leyendo: una serie de juicios políticos tendenciosos, ideologizados y absolutamente alejados de la realidad que se vivía en la época en que ocurrieron los hechos investigados. Su redacción no distaba mucho de aquella que es típica de los comunicados emitidos por movimientos revolucionarios, tales como el MIR o el FPMR.

En dicha sentencia se afirmaba, por ejemplo, que el 11 de septiembre de 1973 “las Fuerzas Armadas y de Orden, sublevadas, se levantaron en armas y destituyeron al gobierno constitucional y legítimamente instalado, produciendo el quebrantamiento de la institucionalidad constitucional”; en circunstancias de que, como lo señala expresamente el acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973, quienes produjeron dicho quebrantamiento no fueron las Fuerzas Armadas y de Orden, sino que el gobierno de la Unidad Popular.

Asimismo, se afirmaba en dicha sentencia que “el ilícito fue perpetrado en un contexto de violaciones a los derechos humanos graves, masivas y sistemáticas, dentro de una política de persecución o exterminio de un grupo de numerosos compatriotas sindicados de pertenecer ideológicamente al régimen político depuesto”; en circunstancias de que los “perseguidos” y los “exterminados” no lo fueron ni en forma masiva y sistemática, ni por sus ideas políticas. Las “víctimas de la dictadura”, como se les denomina, eran personas específicas que estaban cometiendo gravísimos crímenes, formando parte de grupos subversivos organizados militarmente y dotados de gran cantidad de armamentos y explosivos y que en su lucha revolucionaria aplicaban la violencia armada como instrumento de acción política para alcanzar el poder; lucha que era apoyada por potencias extranjeras.

Al finalizar de leer la sentencia, por un momento pensé que ella había sido dictada por un “tribunal popular”, puesto que sus sesgados razonamientos político-jurídicos estaban en las antípodas del derecho y resultaba evidente que los falaces argumentos de los jueces solo trataban de vestir con un ropaje de legalidad una mera vía de hecho.

Hablando en buen romance, dicha sentencia era un “salvajismo jurídico”.

No puede calificarse de otra manera una sentencia que dicta una condena por el delito de “secuestro calificado” y que establece como un hecho cierto que los procesados mantenían secuestrada a una persona desde el mes de noviembre de 1974, sin acreditar ni la existencia del delito ni la participación que a ellos les cupo en dicho delito; no puede calificarse de otra manera una sentencia que no aplica el principio pro reo y cuyo único fundamento es la declaración de un testigo inhábil, que no aplica la presunción de inocencia y que invierte el peso de la prueba; no puede calificarse de otra manera una sentencia que no aplica la ley de amnistía de 1978, que está plenamente vigente; y que tampoco aplica ni las normas legales relativas a la prescripción de la acción penal ni el beneficio temporal objetivo del artículo 103 del Código Penal; no puede calificarse de otra manera una sentencia que aplica tratados internacionales no vigentes en Chile mientras olvida otros que sí son aplicables; una sentencia que vulnera los principios de legalidad y de irretroactividad de la ley penal, los que dada su importancia tienen la categoría de derechos de la persona humana.

En fin, solo puede ser calificada como “salvajismo jurídico” una sentencia que atropella normas legales y principios ancestrales del Derecho Penal; una sentencia que no respeta derechos ni garantías constitucionales; una sentencia que, en definitiva, vulnera las normas básicas del Estado de Derecho; lo que es extremadamente grave y peligroso, porque el quebrantamiento del Estado de Derecho acarrea, inevitablemente, la violencia y el quiebre del orden institucional.

Recuerdo que al finalizar la lectura de tan inicua sentencia, me invadió el desaliento, una gran decepción y una enorme pesadumbre; y, en el silencio de mi escritorio, me pareció oír el grito de angustia de uno de los tantos inocentes que allá a lo lejos, en Punta Peuco, expían una condena por un crimen que no han cometido y sentí vergüenza de ser chileno.

Las precitadas aberraciones judiciales, que se repiten en una infinidad de sentencias, fueron las que me motivaron a escribir, pues pienso que, ante ellas, mi deber es hablar: no quiero ser cómplice.

Estoy consciente que hablar acarrea riesgos, porque como decía Quevedo: “Donde hay poca justicia es un peligro tener razón”.

No obstante, decidí emprender la ardua tarea de escribir este libro porque pienso que si a un hombre le niegan sus derechos, los derechos de todos están en peligro; porque permitir una injusticia significa abrir el camino a todas las que siguen y porque quien no se inquieta ante la injusticia ajena, será su próxima víctima.

Mi obra tiene como propósito denunciar las ilegalidades, las arbitrariedades y las injusticias que se han cometido y que se siguen cometiendo contra los militares en los procesos sobre violación de derechos humanos. En ella enuncio diversas normas jurídicas que están siendo atropelladas por nuestros tribunales de justicia, las que he ilustrado con algunos casos especialmente aberrantes.

Mi trabajo de investigación me llevó a concluir que para los militares procesados en las causas sobre violación de derechos humanos el Estado de Derecho no existe y que la Constitución Política de la República es la mejor obra de ciencia ficción de todos los tiempos.

Los jueces, salvo contadas excepciones, aplican torcidamente las leyes y fallan a sabiendas contra normas legales expresas y vigentes, lo que está tipificado en el Código Penal como delito de prevaricación. Las sentencias judiciales que condenan a los militares son antijurídicas, pues han sido dictadas en fraude a la ley. Los jueces interpretan las leyes errónea y abusivamente, eluden las normas aplicables y aplican otras no procedentes. Y, como bien sabemos, sin una recta aplicación de la ley no hay justicia, sino una caricatura de ella.

Ahora bien, luego de este exordio un tanto extenso, solo alcanzaré a exponer algunos breves comentarios sobre el tema que nos convoca.

En primer lugar citaré a Alfred de Vigny, quien hace casi dos siglos —en su obra “Servidumbre y grandeza militares”— escribió: “cuando el soldado se ve obligado a tomar parte activa en las disensiones entre civiles pasa a ser un pobre héroe, víctima y verdugo, cabeza de turco sacrificado por su pueblo, que se burla de él. Su existencia es comparable a la del gladiador y cuando muere no hay por qué preocuparse. Es cosa convenida que los muertos de uniforme no tienen padre, ni madre, ni mujer, ni novia que se muera llorándolos. Es una sangre anónima. Y, cosa frecuente, los dos partidos que estaban separados se unen para execrarlos con su odio y con su maldición”.

¡Qué enorme verdad encierra este lúcido pensamiento!

¡Qué notable paralelo con nuestra situación actual, donde tanto los partidarios de la Unidad Popular como sus tenaces opositores de entonces no han ahorrado palabras ni acciones de condena respecto a la actuación de los militares el 11 de septiembre de 1973 y durante los años siguientes!

Así fue como, por arte de birlibirloque, los militares pasaron a convertirse en el chivo expiatorio de todos los pecados cometidos en una época trágica y turbulenta.

Ellos pasaron a cargar con todas las culpas de los políticos civiles que exacerbaban el odio y la lucha de clases, que predicaban y practicaban la violencia como un medio legítimo para alcanzar el poder total, que pretendían instaurar en Chile un régimen totalitario marxista al estilo cubano y que son los grandes responsables del quiebre del orden institucional y de la democracia y de la consiguiente intervención de los militares y de sus secuelas. Así, quedan liberados de culpas quienes condujeron a Chile a la anarquía y desataron la situación de guerra civil.

Es por eso que los militares deben ser sacrificados. A ellos se les debe condenar, sea como sea. A ellos hay que aplicarles el lema “ni perdón ni olvido” y el “derecho penal del enemigo”.

A los militares hay que condenarlos a toda costa, sin importar si son inocentes, si están legalmente exentos de responsabilidad criminal o si su culpabilidad está atenuada o es inexistente.

Hay que condenarlos, sin importar lo que diga la ley y aunque no existan pruebas suficientes para ello.

Hay que condenarlos, sin importar que ellos tuvieron que exponer sus vidas en su ingrata tarea de reprimir a la guerrilla y al terrorismo, lo que era necesario para dar tranquilidad a la población y para poder reconstruir un país que estaba destruido hasta sus cimientos.

Y hay que condenarlos, sin importar si para ello es preciso vulnerar principios esenciales del derecho penal.

Y tampoco importa si para condenarlos hay que atropellar garantías o derechos que no solo están amparados constitucionalmente, sino que además en diversos tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile.

Nada de lo anterior importa. Todo principio, toda norma jurídica, toda legalidad, toda garantía constitucional, toda verdad, toda justicia, toda decencia y todo buen sentido pueden ser atropellados si ello es necesario para satisfacer los ánimos de odio y de venganza.

Lamentablemente, tamaña corrupción no conmueve a nadie. Sobre esto nadie habla. La sociedad guarda silencio, en general por ignorancia. Y la dirigencia política también guarda silencio, pero este silencio es doloso.

La verdad es que en el año 1973, ante la gravísima situación que se vivía, la anarquía, la violencia generalizada, el terrorismo y la desesperanza; la usurpación de propiedades, la expropiación de tierras e industrias; la destrucción de la economía, de las instituciones políticas y de la democracia; el riesgo inminente de una guerra civil y de la instauración de una dictadura totalitaria en nuestra patria, la enorme mayoría de la ciudadanía pidió la intervención de los militares.

Sin embargo, esos mismos que pidieron a gritos la intervención militar y que se beneficiaron de los prodigiosos cambios que tuvo Chile, ahora dicen: ¡Qué horror, hubo muertos, torturados y desaparecidos!; yo nunca justifiqué el golpe; yo voté por el NO en el plebiscito; yo siento una especial sensibilidad por quienes vieron sus derechos conculcados durante el gobierno militar.

¿Y quiénes sienten una especial sensibilidad por los militares que murieron, que quedaron mutilados o incapacitados, o que expusieron sus vidas para salvar a Chile y a los chilenos y que actualmente son sujetos del odio y de la venganza?

¿Y quiénes sienten una especial sensibilidad por los militares que son “presos políticos”; es decir, aquellos que están privados de libertad no en virtud de la aplicación de las leyes, sino que por simulacros de juicios que las atropellan y cuyas sentencias condenatorias se encuentran descalificadas como actos judiciales válidos?

Quienes imploraban la intervención militar ahora reniegan del gobierno militar y se alían con los grandes causantes de la tragedia. ¡Qué gran hipocresía!

Ellos han popularizado el grito de ¡Nunca más! —Refiriéndose a dicha intervención militar—; un grito que es inútil si no añadimos otro: ¡Nunca más el contexto y las condiciones que la originaron: la prédica y la práctica del odio y de la violencia, el aplastamiento de la vida, del honor, de la libertad y de los bienes del prójimo!

Lamentablemente, hay una gran verdad olvidada: la actividad guerrillera y terrorista —llevada a cabo por diversos movimientos que promovían la lucha revolucionaria armada—, que fue la que dio origen a las actividades represivas que le siguieron por parte de los organismos de seguridad del Estado.

Al respecto, es preciso destacar que la denominada guerrilla es una verdadera guerra; una guerra que es solapada, porque no se declara. La guerrilla no respeta ninguna ley bélica ni moral, mata a mansalva, tortura, daña a inocentes y destruye de modo insensato e inútil bienes productivos.

Para llevar a cabo con éxito la colosal tarea de reconstruir a una nación en ruinas y para recuperar el orden necesario para desarrollar las diversas actividades nacionales —productivas y de toda índole— era imprescindible desbaratar la acción de los subversivos armados, para lo cual fue preciso utilizar la violencia legítima del Estado. A contar del 11 de septiembre de 1973 y durante los años siguientes, los militares estaban en guerra contra el enemigo, constituido por los terroristas y los guerrilleros urbanos y rurales.

El referido enemigo no era una entelequia, sino que algo real y concreto. Al respecto, bastaría mencionar a José Gregorio Liendo Vera, más conocido como “Comandante Pepe”, militante del MIR y líder del Movimiento Campesino Revolucionario, cuya base de operaciones estaba en el Complejo Forestal y Maderero de Panguipulli, quien, en una entrevista concedida a la periodista Nena Ossa y en relación con los “objetivos de la lucha”, declaró: “—Pregunta: ¿Cuál es el plan de fondo de ustedes a corto, mediano o largo plazo?

—Respuesta: Tomarnos los campos y los pueblos del sur, violentamente si es necesario, mientras en Santiago el MIR se toma la ciudad y bajan a unirse con nosotros a medio camino.

—Pregunta: ¿O sea, la meta es “tomarse” todo Chile violentamente? ¿No les importa si muere gente? —Respuesta: Claro que violentamente. Tiene que morir un millón de chilenos para que el pueblo se compenetre de la revolución y esta se convierta en realidad. Con menos muertos no va a resultar”.

Ese era el tipo de personas a las cuales los militares debieron enfrentarse, que estaban decididas a practicar un verdadero genocidio; no se trataba de delincuentes comunes. ¿Es tan difícil comprender esta realidad? Aparentemente, sí lo es para los jueces.

El problema de los procesos sobre violación de derechos humanos —que solo se siguen en contra de los militares y no contra los terroristas— es un problema que continúa vigente y cuya naturaleza es política. Su solución, por lo tanto, debe ser de la misma naturaleza.

Lamentablemente los órganos políticos —Ejecutivo, Legislativo y partidos políticos— no han cumplido su tarea, se han desligado del problema y lo han puesto sobre los hombros del Poder Judicial. Y la judicatura tiene una incapacidad natural para solucionar un problema que es esencialmente político y no judicial.

Y ¿cómo solucionan el problema los tribunales de justicia? Lo hacen de acuerdo con la función judicial que les es propia, pero juzgando a los militares como si los delitos que les son imputados hubiesen ocurrido en el día de hoy; en una época de plena normalidad y sin considerar que el contexto social histórico fue circunstancia decisiva de los abusos y hechos delictivos, los que se inscribieron dentro del marco de la represión de los atentados terroristas que los militares debieron combatir.

Y eso no es todo. En el ejercicio de la precitada función judicial se da otro hecho gravísimo: que los tribunales no someten su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, lo que produce una deslegitimación constante del Poder Judicial, una institución clave en el Estado de Derecho.

Todo lo anterior se traduce en el sometimiento a proceso y en el encarcelamiento, hasta el día de hoy, de militares que hace cuarenta años expusieron su vidas en el cumplimiento de dicha penosa tarea, mientras que los culpables del desastre miran para otro lado y no asumen su responsabilidad.

El hecho cierto es que los jueces abusan de sus facultades jurisdiccionales e imponen su voluntad por sobre el mandato explícito de la norma. Nunca se habían dado en Chile los atropellos a la verdad y a la ley que están teniendo lugar bajo nuestra judicatura actual.

Dado que los tribunales de justicia no dan señales de querer modificar su actuar inconstitucional, arbitrario e ilegal, la única manera de poner término a la iniquidad judicial contra los militares que denuncio en mi libro es la dictación de una nueva ley de amnistía general, como la que propuso en el año 1995 el presidente Piñera cuando era senador.

¡Ya han pasado cuarenta años desde la ocurrencia de la mayoría de los trágicos sucesos que se siguen investigando por los tribunales de justicia y por los que se continúan abriendo —absurda e ilegalmente— nuevas causas criminales!

Condenar a cientos de militares —muchas veces sin pruebas— a morir enfermos y martirizados en una cárcel, lejos de sus familias, no constituye un camino que contribuya al bien común de nuestra sociedad ni ayudará a obtener la paz y la reconciliación entre compatriotas.

¡Ya es hora de decir basta al abuso y a la odiosa persecución contra los militares!

Urge ponerle fin a procesos con claras connotaciones políticas, extinguiendo toda acción vengativa en contra de los militares, para clausurar un pasado violento y cargado de odios y de discordia, promover la unión nacional y afianzar la paz interior.

Es preciso un acuerdo político para cerrar las heridas del pasado y mirar unidos al futuro. Una ley de amnistía contribuiría a superar odios y rencores, a olvidar el trágico pasado político y a dar pasos en la búsqueda de la reconciliación nacional. El perdón nos permitiría dar vuelta la página y poner fin a la crisis política más grande del siglo pasado.

Ya es hora de que nuestra sociedad se reconcilie, lo que solo se logrará rescatando los principios básicos en que se funda el Estado de Derecho y superando odios y prejuicios. Ello pasa por una honesta interpretación de lo sucedido en Chile desde 1964, admitiendo culpas compartidas y considerando que todos fuimos víctimas de un mundo ideologizado y desquiciado por la Guerra Fría.

No pierdo las esperanzas de que el presidente Sebastián Piñera proceda, el último día de su mandato, a decretar indultos particulares para todos los militares que actualmente se hallan privados de libertad, tal como lo hizo el presidente Patricio Aylwin con los asesinos de cinco escoltas del presidente Pinochet. Con tal actitud honraría, al menos en parte, el compromiso contraído ante un numeroso grupo de militares en retiro en el Círculo Español el día 8 de noviembre del año 2009, durante el período de campaña presidencial.

Tampoco pierdo las esperanzas de que la próxima mandataria, Michelle Bachelet, como presidente de todos los chilenos y velando por el bien común, impulse, a través de los senadores que la apoyan, una nueva ley de amnistía como la que propongo en mi obra; la que no está prohibida por tratados internacionales, como algunas voces señalan. Siendo realistas, ella es la única persona que podría hacerlo, dado el gran apoyo ciudadano que obtuvo durante las últimas elecciones y considerando que cuenta en el Congreso con una cantidad de votos más que suficiente para aprobar una ley tal.

La futura Presidente tiene la oportunidad de hacer lo que hizo Nelson Mandela en Sudáfrica y, como él, trascender en la historia como una gran estadista: reconciliar a Chile y lograr el definitivo reencuentro del mundo civil con sus Fuerzas Armadas y de Orden; las de ayer, las de hoy y las de siempre.

La dictación de una ley de amnistía constituiría una potente señal para dejar atrás el pasado, una decisión de altura con visión de futuro y un gesto de humanidad y de grandeza que enaltecería, tanto a la clase política en general como a la Mandataria en particular. Tal decisión contribuiría, además, a la amistad cívica, a la unidad nacional y a la grandeza de nuestra patria.

Muchas gracias.

Nota: Este artículo corresponde al discurso del autor en la reciente presentación de la segunda edición de su libro “Procesos sobre violación de derechos humanos. Inconstitucionalidades, arbitrariedades e ilegalidades”.