Inicialmente la Superintendencia de Educación Escolar había establecido que los centros educativos que han recibido subvención del Estado, debían rendir cuenta el 15 de este mes. Sin mediar explicación pública, la autoridad ha ampliado la entrega de la información al 24 de Enero.

Hubiese sido razonable una oportuna explicación pública, pues el uso de más de trescientos millones de dólares al año para mitigar los costos de la educación en estudiantes vulnerables, requiere ser examinado con rigor no sólo por la autoridad correspondiente, sino que es deseable que el proceso completo pueda ser transparentado a la opinión pública. La transparencia en este tema es imprescindible porque la ciudadanía no quiere que se repitan los antecedentes que han acreditado un colosal mal uso de los fondos de la subvención escolar preferencial; situación agravada por las leves sanciones que se aplicaron, dejando tras de sí una sombría sensación de impunidad.

En efecto, hace sólo un año y medio, pudimos conocer un informe de la Contraloría General de La República, en el que se estableció un mal uso esos fondos públicos. En aquella investigación, el órgano contralor analizó los antecedentes provenientes de 77 municipalidades y de 28 corporaciones municipales, logrando detectar más de 25 mil millones de pesos faltantes en las cuentas corrientes, además de un elevado número de recursos gastados en asuntos no considerados por la ley SEP.

La Contraloría estimó que los recursos se gastaron “en fines distintos de los previstos en la Ley SEP, incumpliendo el propósito del legislador de destinarlos al mejoramiento de la calidad de la educación de los alumnos prioritarios”. A pesar de la contundente evidencia, las sanciones que se aplicaron, por lo livianas que fueron, no parecen justas para castigar a quien ha depredado dineros destinados a las comunidades educativas con niños y niñas vulnerables.

Por ello, la promesa de que Chile disponga de un organismo superior cuya misión sea la contribución al aseguramiento de la calidad de la educación escolar, a través de la fiscalización, la orientación y la atención ciudadana, obliga a la Superintendencia de Educación Escolar, tanto respecto de los usos de los fondos SEP, como de cualquier fondo público para el sector escolar, a adoptar la mayor transparencia posible. Por ello, este ente fiscalizador debería resolver que la rendición de cuenta proporcionada por cada centro educativo, quede a disposición, desde el mismo día 24 de enero, para cualquier ciudadano que quiera conocer y estudiar dicha información. Asimismo, debería poner a disposición de la opinión publica, en un sitio de fácil acceso, todas las observaciones, recomendaciones y sanciones que la entidad decida realizar respecto de esas rendiciones.

Todo lo que se pueda hacer para transparentar el buen uso de los recursos que el Estado transfiere a través de Ley SEP a los centros educativos, irá en directo beneficio de los alumnos que requieren de un apoyo extra. Avanzar en esta dirección es propio de una perspectiva política con un nítido sentido de ética y justicia.