El propósito persistente de negar la existencia de la naturaleza humana en su objetividad y universalidad –uno de los “must” de la corrección político-cultural contemporánea– apunta, como es bien evidente, a destruir el fundamento de la ley natural y, en consecuencia, del derecho natural como norma del derecho positivo. Esta especie de relativismo, que niega la existencia de una norma moral radicada en la propia naturaleza del ser humano, es ciertamente desmentida por la experiencia universal, según la cual en todos los espacios del globo y en toda época los hombres –al interior de sus respectivas culturas– se percibieron básicamente iguales en sus aspectos más elementales, o en su esencia, cuando esta percepción alcanzó un nivel filosófico-teológico.

Por su parte, ¿cómo podrían las cartas internacionales declarar derechos universales sin la referencia universal de la naturaleza humana? Todos afirman que rechazan un Estado ético que pretenda producir valores, o incluso reconocerlos, dicen algunos. Pero negada la existencia de la naturaleza humana, en su objetividad y universalidad, ¿a dónde podemos ser conducidos sino a una generalizada confusión, que nadie quisiera asumir en sus consecuencias? Confiarse a la decisión mayoritaria ¿asegura verdaderamente el bien o garantiza meramente la dialéctica democrática? Negar la fuente objetiva de valores fundamentales y universales ¿no lleva acaso, inevitablemente, a que la política sustituya al plano ético?

Este vacío cultural, cuya extensión contemporánea es evidente, mas cuya profundidad no acabamos de vislumbrar, es la causa diaria de sorprendentes y trágicas confrontaciones en materias esenciales. En una revista científica internacional, investigadores italianos han propuesto que aquello que es legal practicar sobre el feto, esto es, el aborto, sería también posible practicarlo sobre la criatura ya nacida, es decir, hacer legal el infanticidio. En Holanda, luego de cuatro años de actividad, se disolvió, por fracasar en su intento electoral, el “Partido del Amor Fraterno, de la Libertad y de la Diversidad”, primer partido político declaradamente defensor de la pedofilia y de la pornografía infantil. ¿Dónde y en razón de qué radica el límite? ¿Solo es un tema de votos?
Entre nosotros, a diferente escala por ahora -pudo ya verse en el debate de las primarias presidenciales-, se marca el paso en la misma senda. Y en los días presentes, desde la dramática presión a que es sometida la niña Belén hasta la propuesta elección de un magistrado supremo que declara que la ley positiva no debe aplicarse cuando el juez piense que ello transgrede derechos elementales, se repite la misma deconstrucción. ¿Cuáles son esos “derechos elementales” que amparan a Belén y a la criatura que espera y que, por su parte, invoca el magistrado en cuestión? ¿Provienen de una naturaleza humana objetiva y universalmente reconocida –como la que inspiró la Declaración Universal de 1948– o nacen del oleaje desencadenado, caso a caso, por una cultura mediática, ajena a todo referente humano universal?

La responsabilidad de quienes piensan y conducen una sociedad no puede descansar en resolver la infinitud de casos particulares –en creciente aumento, proporcional a ese vacío que la desampara–, sino en abocarse con honestidad a dar el paso, como lo propuso una vez Juan Pablo II, “del fenómeno al fundamento”. Muchos miles de años atrás el pueblo judío sabía ya –y lo puso por escrito (Dt. 30, 14)– que para dar ese paso no se necesitaba ir lejos de sí, pues la respuesta se encontraba inscrita en el corazón del hombre.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio de Santiago.