Bastante inquietud ha generado la propuesta de varios candidatos presidenciales de oposición, de cambiar nuestra Constitución, llamando para ello a la formación de una asamblea constituyente.

Lo anterior, además de significar un cambio completo de nuestra institucionalidad, presenta el grave problema de que el mecanismo propuesto hace tabla rasa con todas las normas previstas por la misma Constitución para sus eventuales modificaciones, siendo por ello una medida inconstitucional.

En efecto, resulta evidente que una Constitución no puede legitimar la convocatoria de una asamblea constituyente para votar una nueva Carta Fundamental, porque ello sería como una espada de Damocles que amenazaría su subsistencia de manera permanente, de acuerdo a los antojos de mayorías ocasionales. Esto, además de significar su propio suicidio, le quitaría toda efectividad y seriedad, al poder ser cambiada por cada gobierno de turno según sus preferencias. Así, nos convertiríamos en una auténtica república bananera, pues el ordenamiento jurídico sería simplemente un títere del poder de turno, modificable a voluntad.

Por otro lado, en los casos en que se ha dado una asamblea constituyente, ello se ha debido a un quiebre institucional grave, que incluso ha dejado sin efecto lo medular del ordenamiento jurídico. Mas no se ve ni de lejos, que Chile se encuentre en una situación semejante, pues de ser así, sencillamente existiría una total ingobernabilidad. Si de verdad se tratara de un sentir nacional, la atmósfera sería irrespirable, cosa que claramente no está ocurriendo. Es por eso que se nota que dicha iniciativa está propiciada por sectores minoritarios pero muy activos, que no representan a la gran mayoría del país, que quiere seguir viviendo y trabajando en paz.

Además, al tenor de las exigencias de estos grupos antisistema, una nueva Constitución sería un verdadero cheque en blanco: no se sabe a ciencia cierta qué resultaría de tal empeño. Todo lo cual, sería un golpe irreparable para la estabilidad del país y su imagen internacional, que han permitido, entre otras cosas, un notable crecimiento económico. No cabe duda que el sistema es mejorable, como toda institución humana. Pero lo que resultaría nefasto, sería echarlo todo por la borda e instaurar quién sabe qué modelo político y económico, y seguramente en este último campo, reflotando un conjunto de fórmulas de los años 60 y 70 (como han hecho varios de nuestros vecinos), que han demostrado ser desastrosas, como prueba la situación que hoy viven estos países y la que Chile tenía hace cuarenta años.

Es por eso que en la actual elección presidencial se está jugando en buena medida el futuro de Chile. Razón más que suficiente para tomarse muy en serio el rol que nos corresponde como ciudadanos de una auténtica democracia.