¿Quién vigilará a los vigilantes?

Para la incredulidad humana, nunca parecen ser suficientes las pruebas: las dudas no mueren jamás. Los chilenos somos, según dicen las encuestas –pero, ¿cuán dignas de fe son?…– uno de los pueblos más desconfiados de América. Vivimos en el constante temor de ser burlados o engañados incluso por nuestros prójimos más cercanos, a quienes suponemos, por esa misma cercanía, en posesión de un mejor conocimiento de nosotros y, por tanto, en mejor situación para lograr sus propósitos de embaucarnos.

¿Quién acreditará a los que acreditan?

En una cultura que tiene como rasgo el recién descrito, era particularmente difícil introducir un mecanismo destinado a poner a las instituciones universitarias sobre toda sospecha de “gato encerrado”. “Acreditar” es término que procede de “crédito”, y éste, de “credo”, o sea, creo o, mejor todavía, “confío”, puesto que la fe que se expresa en un “creo” no es tanto cuestión de aceptación intelectual como de vital confianza en alguien o en algo.

¿Cuánto crédito puedo dar a una universidad? Es decir, ¿cuánto puedo confiar en ella?

El problema surgió entre nosotros cuando se reformó el sistema universitario en 1980 y se abrió la posibilidad de que cualquier persona estableciera una universidad. Nunca antes se le ocurrió a nadie instaurar una sistema de acreditación ni para la Universidad de Chile ni para la Pontificia Universidad Católica de Chile ni para dos o tres más que existían por aquel entonces. El crédito –la confianza, la fe– se lo ganaban ellas mismas; se lo habían, de hecho, ganado. ¿Cómo? Por sus resultados, exhibidos a lo largo de muchos años.

O sea, mediante el mismo sistema con que cualquier ser humano adquiere crédito: el paso de los años, la posibilidad de mostrar, durante ellos, buenos resultados, buena conducta, buenos productos. Y ¿a quién exhibían tales bienes? Al público. Era el público quien debía confiar en ellas; era la “fe pública” la única que, al cabo, importaba.

Con la posibilidad, refrendada por la ley, de que se fundaran muchas nuevas universidades, las oportunidades de desconfiar se multiplicaron para un público inclinado culturalmente a la desconfianza, sobre todo cuando hay dinero de por medio. Las nuevas universidades no fueron –no podía razonablemente esperarse que lo fueran– fundadas por mecenas y filántropos, sino por personas que tenían el honesto propósito de obtener un beneficio mediante la venta –sea dicho así, duramente– de servicios educativos. La situación no debiera haber llamado a escándalo: después de todo, los sofistas, aquellos grandes primeros pedagogos de Grecia, hacían lo mismo sin escándalo de nadie (lo que se les criticaba era, sobre todo, el contenido de lo que enseñaban). Por cierto, en algunos casos la desconfianza chilena se justificó prontamente: algunas universidades, a poco andar, mostraron fracasos, errores o falta de probidad que no fueron detectados por ninguna institución encargada de “vigilar”, sino por el público mismo. Y tales “casas de estudio” desaparecieron.

Ello fortificó la sensación de desconfianza generalizada en que vivimos en todo orden de cosas e hizo posible, finalmente, que surgiera la idea brillante: “reemplacemos el paso del tiempo, único capaz de acreditar, por el dictamen de un grupo de hombres que examinarán cada caso y dirán si el público puede confiar o no”.

Muchos hemos pensado, desde el inicio mismo de este sistema, que, de acuerdo con nuestra ubicua y universal desconfianza, quienes habían de “certificar” a las universidades, debían ser ellos mismos personas depositarias de fe pública, ganada tras largos años de vida universitaria y proba, suficiente como para transformarlos en “autoridades” con competencia para ser jueces de sus pares. Pero era casi fatal que el escaso contingente de verdaderas autoridades universitarias que existe entre nosotros o bien no fuera llamado a acreditar, o bien no quisiera realizar una labor tan ímproba como fútil. Y así fue. ¿Qué intelectuales de fuste, que grandes figuras de las universidades chilenas, conocidas y reconocidas por todos, conforman el grupo de acreditadores? ¿Se conocía el nombre, siquiera, de sus presidentes hasta hace unos meses atrás?

Además, los acreditadores tenían que barajar situaciones en que el dinero ocupaba un lugar central, cosa que se transformaba en un evidente peligro: el dinero paga y compra. ¿Era necesario algo más para acicatear las suspicacias criollas?

Si queríamos tener un sistema libre de educación universitaria, en el sentido de que cualquiera tuviera la libertad de fundar una universidad, debíamos haber aceptado el riesgo de tener universidades malas entre otras buenas, y esperar a que el tiempo fuera depurando lo que sólo él puede depurar. Pero no: no quisimos aceptar que “el tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración”, y nos empeñamos en reemplazarlo por “acreditadores”, que trabajan mucho más rápido, pero que han demostrado ser… poco fidedignos. No están acreditados.

La solución que se propone, de mantener el sistema de acreditación haciéndolo más estricto en este sentido o el otro, no traerá resultados muy diferentes de los que ya hemos visto. ¿Quién acreditará a los acreditadores, por muy estrictas que sean las normas cuya aplicación se les encargará? “Hecha la ley, hecha la trampa”. ¿O todavía no caemos en la cuenta de que si bien, en ésta y otras materias, el país no alcanza todavía los mismos niveles de corrupción que muchos otros, hay entre nosotros una corrupción creciente? ¿O, a estas alturas de la vida, no hemos entendido todavía que la conciencia moral es de las cosas más flexibles, dúctiles, acomodaticias que existen y de las más llenas de recursos para “encontrar la salida”, para justificarse, para “hacer presentable” lo que fuere, para “triangular”? ¡Los nuevos acreditadores, burócratas controlados por el Estado, ese ente tan, tan digno de confianza!

¡Qué! ¿Entonces tendremos que tolerar que los sinvergüenzas se salgan con la suya y den una educación universitaria de pésima calidad a cambio de excelencia en los cobros? ¿Qué tipo de profesionales vamos a tener? Se comenzarán a morir los pacientes tratados por médicos insuficientemente preparados, a caer los puentes construidos por ingenieros “a la violeta”… Pero, ¿quién ha dicho que quienes entran a la universidad quieren ser buenos médicos y buenos ingenieros civiles? ¿No dicen las encuestas –dignas, quién sabe, de fe…– que hay una masa ingente de aspirantes a la universidad que sólo quieren obtener de ella un ascenso social “simbólico” y tener, al fin, “un cartón” y pasar de ser “el Luchito” a ser “don Luis” –como es la campaña promocional de cierta “casa de estudio” en el trasero de las micros santiaguinas–?

Los pequeños errores en la teoría traen como consecuencia inmensas catástrofes en la práctica. La idea de “universidad para todos”, ¿no figura acaso en el trasfondo de todos los problemas prácticos que estamos mencionando? ¡Quién iba a atreverse a poner en duda la “justicia social” del lema “universidad para todos”! Hubiera, de haberlo hecho, arriesgado la fama, si no la vida, en el ambiente enrarecido –cuya rareza parece prolongarse hasta hoy– de hace cuatro décadas atrás. Pero el resultado es lo que tenemos hoy, tras la mediación de otros procesos sociales interconectados que han tenido lugar desde entonces.

Un último punto, sobre tema tan inagotable. Los sofistas, puestos de moda y alabados como verdaderos sabios por la rabia antimetafísica y el amor por el relativismo –el voluntarismo– moral de nuestros días, surgieron como educadores de la élite, interesados sólo en la formación de quienes iban a dirigir, por sus aptitudes o su vocación, a los demás ciudadanos de Atenas. Desde los albores mismos de la reflexión pedagógica se tuvo, pues, la clarísima conciencia de que una educación superior no puede darse a los que no tienen las condiciones requeridas. ¿Resulta atroz decirlo, se hiere así el sentimiento de “justicia social”? Quizá. Quizá lo que más se hiera sea, en realidad, el sentimiento de que la “igualdad” es el máximo criterio rector de la vida social. Pero este sentimiento no está todavía en absoluto justificado –y puede que nunca llegue a estarlo–, y requeriría una consideración mucho más larga y fina que la que podemos realizar aquí por el momento.