Todo cuanto ocurre lleva a concluir que el país sigue un curso de creciente crispación política, algo nunca deseable, y tanto menos ahora, cuando el debilitamiento de los consensos en que se basa nuestra convivencia –y que parece estar en el trasfondo de muchas de las movilizaciones que han venido ocurriendo y en varias de las anunciadas– puede traducirse en inestabilidad institucional, con sus múltiples y negativas secuelas en todos los ámbitos. En ese escenario, la destitución de Harald Beyer como ministro de Educación es solo una manifestación más de ese clima.

Alarma la facilidad con la que líderes estudiantiles, algunas figuras parlamentarias y un grupo de dirigentes sindicales se refieren de manera despectiva a las instituciones que hicieron posible el progreso sin precedentes del país en los últimos 30 años, desde la Constitución que nos rige –objeto, sin embargo, de 15 procesos de reforma desde su entrada en vigencia, varios de ellos de sustancial envergadura–, pasando por el modelo de generación de riqueza en que se funda nuestra prosperidad, e incluyendo a las opciones educacionales privadas, que han permitido avanzar en la cobertura educativa hasta inéditos promedios que ya superan los 12 años de estudio. Esa descalificación genérica no se acompaña de propuestas precisas, sino de eslóganes sin real contenido, absolutamente incapaces de resolver los problemas que imputan a las instituciones que repudian. Hay en todo eso una visiblemente ilimitada liviandad de análisis y una falta de rigor intelectual en las distinciones. En algunos de esos personeros del rechazo se advierte, además, una crítica a la “tecnocracia” –esto es, el saber fundamentado– como diseñadora de las políticas públicas, a la meritocracia como forma de movilidad social, y a la democracia representativa como forma de gobierno.

Parecería como si, de pronto, el éxito alcanzado por el país no hubiese resultado de políticas correctas aplicadas con esmero y persistencia. Desde esa perspectiva, tal éxito sería más bien una ilusión, que esconde una multitud de problemas, de los cuales los métodos aplicados hasta ahora serían causa directa. También parecería como si esos críticos dieran por sentado el actual buen estado de cosas y, por tanto, pudiesen gratuitamente proponer todo tipo de modificaciones institucionales, sin que ello tuviese consecuencia alguna en la trayectoria exitosa que el país ha recorrido hasta ahora. Hay una curiosa ausencia de percepción de riesgo en las propuestas que se formulan, como si esa misma exitosa trayectoria seguida por el país en las últimas décadas hubiese anestesiado la capacidad de la ciudadanía para advertirlo.

Obviamente, y como todas las sociedades, la chilena requiere reformas en muchos ámbitos, tanto porque su propia evolución requiere adaptarse a situaciones nuevas, como porque, en algunos casos, problemas de diseño originales habían pasado inadvertidos y ahora se hacen más evidentes. Pero reformar, adaptar y mejorar es distinto de desmantelar o cambiar estructuras en su totalidad. Tampoco se puede sustituir sin costos el esfuerzo y la persistencia por la embriaguez de la movilización o la gratuidad, y menos se pueden resolver problemas muy complejos, que requieren estudios y conocimientos para ser abordados, por simplificaciones conceptuales que nacen de conversaciones de pasillo.

El siglo XXI es interconectado y global, competitivo y digital, en el que el conocimiento y el trabajo bien hecho son la base para mejorar la calidad de vida de las personas. El negativo punto de inflexión en que al parecer estamos hoy inmersos todavía puede ser desactivado. Pero eso requiere visión, decisión y trabajo lúcido de dirigentes de todos los sectores, que reinstalen el trabajo serio y el premio al mérito y al esfuerzo como centro de nuestra actividad, desechando el facilismo ingenuo y las simplezas burdas que algunos proponen.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio de Santiago.