Los partidarios del matrimonio homosexual argumentan a menudo que la legalización no quita nada a nadie. Pero la experiencia de Canadá, donde hace casi una década algunos tribunales provinciales aprobaron las bodas gays, revela ciertos costes sociales: restricciones a la libertad de expresión, a los derechos de los padres en la enseñanza pública, a la autonomía de las instituciones religiosas, y el debilitamiento de la institución del matrimonio. Así lo explica Bradley Miller, profesor asociado de Derecho en la University of Western Ontario, en un artículo publicado en Public Discourse.

Se suponía que permitir el matrimonio a parejas del mismo sexo no afectaría al resto de la sociedad. Pero la onda expansiva de esta medida ha sido enorme. De entrada, ha cristalizado en lo que Miller llama una nueva ortodoxia: desde su aprobación, dice, el matrimonio homosexual ha de ser tratado de forma idéntica al matrimonio de siempre tanto en el ordenamiento jurídico como en la vida pública.

Un corolario de lo anterior es suponer que cualquiera que rechaza la nueva ortodoxia actúa movido por el odio y la animadversión hacia los homosexuales y las lesbianas. Cuando las cosas se ven así, es muy difícil tolerar que alguien pueda discrepar sobre este asunto en la vida pública.

Restricciones a la libertad de expresión

Esto explicaría, según Miller, la actitud censora que se ha desatado rápidamente en la sociedad canadiense contra quienes se oponen a la legalización del matrimonio gay. “Algunos han sido obligados a pagar multas, a hacer apologías, a comprometerse a no volver a hablar públicamente sobre este asunto. Los objetivos han incluido a individuos particulares que han escrito cartas al director de periódicos locales y a pastores de pequeñas congregaciones cristianas. Un obispo católico ha sido demandado dos veces –si bien las demandas han sido eventualmente retiradas– por los comentarios que hizo en una carta pastoral sobre el matrimonio”.

Además de los casos que han estado sometidos a procesos de investigación por comisiones de derechos humanos, otros han terminado en los tribunales. Es lo que le ocurrió a la revista Catholic Insight, denunciada por un militante gay bajo la acusación de incitar al odio contra los homosexuales, cuando en realidad se limitaba a criticar los objetivos del activismo gay. Aunque la Comisión Canadiense de Derechos Humanos dio la razón a la revista, la defensa contra la querella costó al editor lo equivalente a 12.500 euros (cfr. Aceprensa, 8-07-2008).

Las restricciones a la libertad de expresión se notan especialmente en el ámbito universitario. Un ejemplo que no menciona Miller es la campaña de protestas que llevaron a cabo activistas gays contra la profesora canadiense Margaret Somerville cuando se enteraron de que iba a recibir un doctorado honoris causa en ciencias por la Universidad de Ryerson (Toronto) (cfr. Aceprensa, 10-09-2008).

Restricciones al derecho a educar

La legalización del matrimonio homosexual también ha restringido los derechos de los padres en la enseñanza pública. Puesto que uno de los principios de la nueva ortodoxia es que las uniones del mismo sexo merecen el mismo tratamiento que el matrimonio de siempre, sus partidarios –dice Miller– no han tenido problemas en exigir que los planes de estudio incluyan referencias positivas al matrimonio gay. “El único recurso que les queda ahora a los padres es sacar a sus hijos del sistema educativo público”.

“Las reformas, por supuesto, no se han presentado ante la opinión pública como una aplicación de la nueva ortodoxia. El argumento escogido es prevenir el acoso escolar. Dicho de otra forma: promover la aceptación de los adolescentes gays y lesbianas y de los niños criados en hogares homosexuales”.

Aunque el objetivo de favorecer la aceptación de todas las personas es muy plausible, los medios escogidos para lograrlo suponen una grave vulneración del derecho de los padres a educar a sus hijos.

Restricciones a la autonomía de las instituciones religiosas

A primera vista, la ley sobre el matrimonio homosexual garantizaba que las instituciones religiosas y sus ministros mantendrían su autonomía, al no tener que casar a parejas del mismo sexo. Pero lo cierto es que se han quedado en una situación jurídica muy vulnerable.

Los ministros religiosos pueden ser demandados por contravenir la nueva ortodoxia en sus sermones y en sus cartas pastorales. Idéntica suerte pueden correr las instituciones que se nieguen a prestar sus instalaciones auxiliares para la celebración posterior a una boda gay. También se han dado casos en que congregaciones religiosas pierden beneficios fiscales por su posición en torno al matrimonio homosexual.

Miller denuncia el doble rasero de una ley de Ontario que, a la vez que obliga a los colegios católicos a admitir clubs juveniles de la “Gay-Straight Alliance”, prohíbe a los colegios públicos alquilar sus instalaciones a aquellas organizaciones que no aprueben los principios de la nueva ortodoxia.

Cambios en la institución del matrimonio

La experiencia de Canadá muestra también que la aprobación del matrimonio homosexual abre la puerta a la petición de legalizar los matrimonios de grupo (“multi-partner unions” o “poliamory”) y la poligamia. Si el matrimonio no es más que un contrato de convivencia entre personas que se quieren –argumenta Miller–, y el deseo de algunos adultos es establecer esos acuerdos con tres o más personas, ¿qué motivos hay para impedírselo?

La posibilidad que plantea Miller es tan real que en septiembre de 2010 el fiscal general de British Columbia pidió al gobierno canadiense que levantara la prohibición de la poligamia en esa provincia. También por esas fechas, la Asociación Canadiense en Defensa del Poliamor pidió la legalización de los matrimonios de grupo (cfr. Aceprensa, 5-10-2010).

Un año después, el Tribunal Supremo de British Columbia declaró constitucional la ley que prohíbe la poligamia en Canadá (cfr. Aceprensa, 29-11-2011). Pero, como recuerda Miller, la sentencia no abordó directamente el problema de los matrimonios de grupo. Aunque los partidarios del poliamor no han cosechado ninguna victoria que mejore su estatus legal, tampoco existen obstáculos que se lo impida en el futuro.

En los casi diez años transcurridos desde que se legalizó el matrimonio homosexual en Canadá, se han casado cerca de 21.000 parejas homosexuales (de un total de 6,29 millones de parejas casadas).

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Aceprensa.