Cuando la prepotencia se viste de derecho
Joaquín García Huidobro | Sección: Política, Sociedad, Vida
Aunque Latinoamérica se ha caracterizado siempre por su aprecio a la vida, hay ciertas situaciones muy complejas en las que no todos estamos de acuerdo sobre qué incluye ese respeto. Una de ellas es la fecundación asistida. Aunque a primera vista esas prácticas ayudan a resolver el doloroso problema de los matrimonios que no tienen hijos, existen diversos reparos contra dichos procedimientos, que llevaron a la Corte Suprema de Costa Rica a declararlos contrarios a la Constitución de ese país en 2000.
El asunto no quedó allí, porque algunas personas afectadas por esa decisión recurrieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se trataba de una decisión legítima de un grupo de ciudadanos, que pensaban que sus intereses no habían recibido el resguardo que merecían y piden protección de la justicia supranacional. Ella existe para asegurar el respeto de los derechos reconocidos en los pactos y declaraciones de derechos humanos.
Hace unos días, la Corte les dio la razón.
Que un tribunal decida un caso de una manera que no nos gusta es normal. También es normal que los descontentos con un fallo lo sometan a crítica. El problema aquí es que para fundamentar el fallo, la mayoría de la Corte hace una argumentación que parece abrir las puertas a la admisión del aborto como un derecho humano.
Hasta ahora, las discrepancias o reservas respecto de los anteriores fallos de la Corte sostenían que, aquí o allá, no había entendido el problema en cuestión o no había aplicado bien el derecho. En el último tiempo, en cambio, asistimos a un fenómeno muy distinto: a saber, una redefinición de lo que significan los derechos humanos.
Hasta ahora el derecho había sido entendido siempre como una defensa del débil frente a las agresiones de los poderosos, normalmente del Estado y sus organismos. En el último tiempo, en cambio, una parte de los jueces parece haber hecho suyas una serie de ideologías que presentan las más graves violaciones de derechos humanos como si fueran expresión del legítimo derecho de un grupo de personas. Esto es nuevo.
Los escuadrones de la muerte, las cárceles secretas, las desapariciones, las mordazas a la prensa o la explotación de determinadas etnias eran o son prácticas horribles, pero nunca han pretendido disfrazarse de derechos humanos. Son poder bruto, violencia ciega, prepotencia. Y nada más. Por eso podemos repudiarlos y mostrar a las nuevas generaciones que constituyen un modo perverso de resolver nuestras diferencias.
Ahora, en cambio, las mayores violaciones a los derechos humanos (comenzando por el derecho a la vida del no nacido) se visten de derechos: derechos reproductivos, derecho a disponer del propio cuerpo, derecho a la autonomía, etc. El poderoso, entonces, ocupa el lugar del derecho y desde allí oprime con facilidad al débil. Ya Marx había advertido sobre esta siniestra posibilidad, que ahora vemos realizada.
Nos sentimos orgullosos de haber abolido la pena de muerte. Bien. Pero, al menos, la pena de muerte tenía la decencia de ir precedida de un juicio, donde el acusado podía contar con un abogado, aunque fuera malo, y defenderse. Ahora, en cambio, al presentarse la agresión revestida de derecho, se abre el camino para que miles y después millones de latinoamericanas y latinoamericanos sean ejecutados sin tener la posibilidad de abrir la boca.
El procedimiento para llevar a cabo esas matanzas y quedarse con la conciencia tranquila es muy sencillo: se les niega la condición de personas. Pero esa es, precisamente, una de las notas distintivas del poder totalitario: el considerar que hay unos individuos tan importantes que pueden decidir quién pertenece y quién no al exclusivo club de las personas.
Lo preocupante de la sentencia de la Corte Interamericana no es tanto la admisión de la fecundación asistida, que es un tema muy difícil, sino los razonamientos que la justifican. En ellos, la mayoría de la Corte, con la feliz excepción de un chileno, parece haber hecho suya esa mentalidad que transforma el derecho en prepotencia.
Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio de Santiago.




