Una reciente sentencia de la Corte Interamericana (CIDH) en materia de fecundación in vitro -que falló en contra de Costa Rica- ha abierto un todavía incipiente debate académico no solo sobre los alcances concretos de esta resolución en el estatuto de protección del que está por nacer -frente a los denominados “derechos reproductivo”-, sino también respecto de la forma en que opera este tribunal internacional y, en general, sobre la vinculación que debe tener Chile con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y las consecuencias sobre el derecho interno.

Contrasta el impacto que han ido adquiriendo los fallos de la CIDH para el derecho nacional -en que de hecho se ha ido legitimando una interpretación que algunos llaman “evolutiva” o derechamente “extensiva”, que le permite a la Corte incluso ir más allá del texto literal de los tratados suscritos y ratificados por los países- con la superficialidad del casi inexistente debate político, que parece obviar las trascendentes implicancias que ello tiene para nuestro Estado de Derecho y el funcionamiento de nuestras instituciones democráticas.

En su origen, cabe hacer presente la desproporción entre algo que el país nunca debatió en profundidad -como el aceptar la competencia de la CIDH- y la magnitud de las consecuencias sobre todo nuestro ordenamiento jurídico que ello ha implicado. Cuando el entonces Presidente Aylwin y el Congreso ratificaron esa convención, en 1990, no medió un debate político profundo respecto del ejercicio de la soberanía ni del pie en que quedarían todas nuestras instituciones -Ejecutivo, Congreso, Poder Judicial, Tribunal Constitucional-, cuyas potestades se han visto alteradas. Con posterioridad tampoco ha existido debate amplio sobre temas tan elementales como quiénes son y bajo qué criterios se nominan los jueces que integran la CIDH -aspecto básico para garantizar excelencia y evitar sesgos ideológicos-, lo que es muy distinto a lo que ocurre en nuestro derecho interno, donde, por ejemplo, existe un intenso escrutinio sobre los magistrados que son nominados a la Corte Suprema o al Tribunal Constitucional.

Más allá de compartir o no la resolución de un determinado caso puntual, el incorporarse al Sistema Interamericano de Derechos Humanos no puede traducirse en una especie de “cheque en blanco” a la CIDH, y por ello cabe exigir de nuestra clase política e instituciones democráticas el necesario debate, escrutinio y atención sobre todos los aspectos relativos al funcionamiento de este tribunal internacional. Pocos temas jurídicos son más importantes que este para el futuro del país.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio de Santiago.