A partir del alevoso asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay en Vilcún, el país parece empezar a tomar conciencia de que en La Araucanía está ocurriendo algo grave que, hasta ahora, parecía minimizarse como un conflicto entre algunas comunidades mapuches y las empresas forestales y algunos grandes agricultores.

Este crimen merece el repudio más absoluto por tratarse de personas mayores, realizado de una forma especialmente cruel, en la noche y con abuso de la superioridad física de los atacantes, por lo que nada tiene que ver con cualquier reivindicación del pueblo mapuche. Aquí estamos frente a una acción que, a la luz de lo que ha salido en los medios de comunicación, se ajusta en mi opinión a los parámetros de una acción terrorista.

Sin embargo, en los días siguientes de manera injustificada se ha instalado en los medios de comunicación la cuestión mapuche en su perspectiva más puramente social, con llamados a mesas de diálogo y dirigentes mapuches convocando a las autoridades a encuentros en el cerro Ñielol. Incluso se han hecho reportajes sobre la manera en que países desarrollados como Nueva Zelandia han abordado la integración de sus pueblos originarios. El propio gobierno a pocas horas del asesinato realizaba reuniones del más alto nivel con la participación de los ministros de Desarrollo Social y de Economía, entre otros.

Todo esto no ha hecho más que colocar el crimen de Vilcún, ante la opinión pública, en el contexto de un problema social. El mensaje que la gente recibe -o al menos así lo podría interpretar- es que los Luchsinger Mackay murieron porque como país no hemos resuelto adecuadamente la problemática social del pueblo mapuche. Esa es una señal especialmente equivocada y grave: nunca puede insertarse el terrorismo en un contexto de problemática social, porque eso es una forma sutil y subliminal de justificarlo.

Si alguna pauta de investigación periodística pudo haber motivado este crimen tendría que haber sido el de la actuación de otros grupos terroristas en el mundo, especialmente los de inspiración separatista como ETA; todas las reuniones a nivel de gobierno relacionadas o con motivo de este crimen deben ser las encaminadas a restablecer la seguridad en la zona y lograr la detención de los responsables. Si alguien quiere plantear una mesa de diálogo por la problemática mapuche, debiera saber que es precisamente en este contexto que ello resulta imposible.

El terrorismo y la violencia no pueden combatirse con éxito si no se les aísla éticamente. Cualquier señal que apunte a darles una justificación o un sentido, aunque sea sutil, es el mejor combustible para alentarlos a seguir adelante. La tarea de las autoridades en esta materia es especialmente delicada, porque si bien es obvio que existe una problemática social asociada a los pueblos originarios y que debe trabajarse en ella, no se puede generar de ninguna manera la impresión que un asesinato vil pudo haber tenido resultados en conseguir beneficios sociales.  Ello sería un agravio a las víctimas, un incentivo a las mentes criminales y una coartada para quienes usan la violencia no con fines sociales, sino para dividir el territorio de Chile.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera.