Se ha discutido ampliamente por los medios de comunicación en los últimos días acerca de la responsabilidad política que le cabría al subsecretario Ubilla, o incluso al propio ministro del Interior, por las irregularidades que se están investigando en las adquisiciones de equipos antidrogas bajo la supervisión del ex fiscal Peña. El tema podría ser abordado desde el punto de vista meramente anecdótico, en el sentido del típico aprovechamiento político que puede hacer la oposición respecto de los errores del Gobierno. No se deja pasar uno solo y se exigen las responsabilidades de las más altas autoridades, muchas veces sólo para desprestigiarlas.

Pero también se puede hacer un análisis del modo en que opera la “responsabilidad política” en nuestro sistema democrático. La libertad de prensa es una de las garantías fundamentales para el control de los actos de las autoridades y hay quienes señalan que no hay otro modo de evitar el ocultamiento de los errores, o incluso delitos, que dándoles a los medios de comunicación la más amplia libertad para informar de las denuncias, siempre que tengan un mínimo de racionalidad o credibilidad.

Pero, ¿son suficientes la libertad de prensa o iniciativas como la Ley de Transparencia para hacer valer la responsabilidad política? Parece que no, porque la ausencia de ésta podría mantenerse a través de simples cambios cosméticos en los mandos medios. ¿En quiénes radica la responsabilidad última de la calidad de la actividad política y el servicio público? Ciertamente, tenemos un orden institucional jerarquizado en el cual los superiores deben responder por los actos de sus subordinados, a quienes deben dirigir y supervisar. Sin embargo, también es cierto que muchas veces esas autoridades superiores no son enteramente libres para escoger a sus subordinados.

¿Dónde está la madre del cordero? Se podría argumentar que en los partidos políticos. En nuestro sistema de democracia representativa a través de partidos, estas agrupaciones sugieren los nombres para ocupar un alto número de cargos públicos. No sólo a los que apoyan directamente en las elecciones, sino también en aquellos cargos de la amplia red de la administración pública que cae bajo su esfera de influencia. Los partidos deberían velar por la calidad ética y profesional de las personas que recomiendan para ocupar cargos en el Estado. La cuestión es si efectivamente se hacen responsables, y la respuesta, me temo, deja mucho que desear.

En muchos casos de parlamentarios, alcaldes, ministros o subsecretarios que han tenido problemas de probidad o de capacidad técnica para ejercer sus funciones, los partidos se han excusado de responder de aquellos a quienes han promovido. En ocasiones, el discurso de los partidos muestra un doble estándar, porque cuando “su gente” lo hace bien u obtiene cargos de representación pública, en realidad los que ganan son ellos; pero cuando pierden cometen errores o incurren en delitos, resulta que la responsabilidad es siempre del inculpado. ¿Acaso no tienen responsabilidad quienes los han propuesto para ejercer esas funciones? La irresponsabilidad de las cúpulas partidarias ha sido aceptada pasivamente por los medios de comunicación y por una ciudadanía que sospecha que el sistema funciona de manera irresponsable y que no logra identificar en quiénes hacer efectivos sus reclamos.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Segunda.