Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos: es el artículo 1º de nuestra Constitución Política. De inmediato consigna: la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y en tercer lugar delimita el papel del Estado: reconocer y amparar a los grupos intermedios y garantizarles la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. De ahí el deber del Estado de proteger y fortalecer la familia, ser garante del derecho de toda persona a la vida, asegurar el derecho y deber preferentes de los padres a la educación de sus hijos, la libertad de enseñanza, de información y opinión, la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público.

Quienes están por algún tiempo en el poder experimentan, y no pocas veces sucumben ante la tentación de invertir el orden de estas “Bases de la Institucionalidad”. La máquina estatal comienza a tomar las dimensiones de un pulpo con innumerables, asfixiantes tentáculos. Busca redefinir el concepto de familia y la va despojando sistemáticamente de sus componentes y competencias esenciales. Alimenta el sueño del “Estado docente” y ya no garante sino gerente de la educación, con poder decisorio sobre los planes, programas, materias y énfasis que todo alumno deberá conocer, y supervigilancia rigurosa sobre el ejercicio administrativo de cada ente educacional, que puede costarle la pérdida de su acreditación y de los consiguientes subsidios para operar. Órganos del Estado dictan leyes o decretos que autorizan a poner en riesgo la vida y la integridad física y síquica de personas adolescentes mediante provisión de fármacos o procedimientos presuntamente abortivos; sin consentimiento ni conocimiento de sus padres. Usurpan la tarea de impartir educación sexual, imponiendo o censurando programas y montando escenografías públicas ilustrativas del uso del condón. La familia, primera depositaria de esta tarea, contempla y calla, impotente. El pulpo estatal no deja espacio para la réplica eficaz.

Ahora el pulpo ha decidido que el matrimonio debe cambiar su definición para subordinarla a la pretensión homosexual. Personas, familias, iglesias, universidades y escuelas que adhieren en conciencia a la definición todavía vigente y congruente con su patrimonio valórico, reciben pública amonestación por atreverse a rotular la homosexualidad como “trastorno” y son conminadas a modificar sus programas educativos según la nomenclatura oficial. En seguida verán a la máxima autoridad en materia educacional encabezando un desfile en pro del matrimonio homosexual y asegurando, allí, que este es sólo un primer paso para una sociedad más igualitaria, donde cada quien tendrá libertad para ser feliz a su manera. Quienes en conciencia cultivamos la visión bíblica y cristiana de estos valores nucleares ¿tendremos libertad para enseñarlos sin temor a censura o sanción del pulpo monopolizador de la verdad?

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Revista Humanitas, www.humanitas.cl.