La ideología de género llega a los tribunales

Octavio Roncero | Sección: Familia, Sociedad

El juez de familia de Sevilla, Francisco Serrano (20 años de servicio y 2000 sentencias) fue condenado a diez años de inhabilitación por el Tribunal Supremo, –es decir “lo han apartado de la judicatura definitivamente”–, por haber modificado el régimen de visitas de un menor a unos padres divorciados al entender que cometió un delito de prevaricación doloso (intencionado). Como es bien sabido, el terrible “delito” en cuestión consistía en que el juez alteró el régimen de visitas y contactos de un menor con sus progenitores divorciados sólo para que dicho menor pudiera salir un día en una procesión de Semana Santa en compañía del padre…

Sin embargo, el Tribunal Superior de Andalucía le había absuelto, precisamente, de este delito si bien lo había condenado a dos años de inhabilitación, por un delito de prevaricación culposa (negligente, no intencionada). Y lo absolvía de un delito de prevaricación dolosa (intencionada). Por otra parte la sección segunda de la Audiencia de Sevilla había dado la razón al juez, en un auto en el que defendía que la actuación de Serrano “no puede ser cuestionada” porque en el caso concurrían razones de “urgencia y necesidad” que la ley contempla para que las medidas de los jueces a favor de menores se amplíen todo tipo de situaciones.

En un escrito elevado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el abogado de juez, Miguel García Diéguez recordó a este alto tribunal que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía condenó, efectivamente, a dos años de inhabilitación culposa, pero también acordó pedir tal Gobierno que concediera al magistrado el indulto parcial y redujera la condena.

En unas declaraciones formuladas en una rueda de prensa, Francisco Serrano, una vez conocida la sentencia del Tribunal Supremo, dijo: “Me han apartado de la Judicatura pero no de la Justicia, a partir de ahora ejerceré como abogado, especialmente dedicado a defender la igualdad y el interés superior del menor”.

Su abogado defensor, que le acompañaba, también señaló que recurrirá la decisión del Tribunal Supremo ante el Tribunal Constitucional, como propuso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, tras inhabilitarle por dos años y que llegarán al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo si fuera necesario.

Francisco Serrano, por su parte, añadió que la sentencia no le sorprende, ya que esta “no es más que el fin de un plan urdido por el ‘Lobby de Género’” ya que sus sentencias y posturas como juez de familia no le agradaban a este colectivo, que el 24 de diciembre de 2009 “anunció que pediría al Consejo General del Poder Judicial mi expulsión de la carrera judicial, por mi “parcialidad” en el ejercicio profesional”.

Según Serrano, este grupo presentó su demanda justo al día siguiente de que Inmaculada Montalbán, vocal del Consejo General del Poder Judicial y presidente del Observatorio de la Violencia de Género, a título personal, hiciera unas declaraciones en las que advertía de las posibles responsabilidades que podría haber incurrido por las críticas a la Ideología de Género y sobre los efectos perversos que estaba produciendo la Ley de Violencia, incluso contra las mujeres maltratadas.

Hace algo más de un año la Agencia Efe difundió unas declaraciones de las cuatro jueces de Familia de Sevilla apoyando a su compañero, Francisco Serrano, las cuales afirmaron que las críticas contra él por parte del Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial eran un intento de “amedrentarle” y compromete la libertad de expresión de cualquier ciudadano.

Textualmente, Efe recogía lo siguiente: ”Una sociedad democrática y de derecho debe ser capaz de asumir la crítica” –dijo la portavoz de las cuatro jueces de familia– que añadió que el Observatorio de Violencia de Género “debe ser consciente de que hace una función pública que puede ser sometida a critica”.

En un resumen de la ponencia presentada el 16 de junio de 2006 Eugenio Dorao dijo, entre otras cosas, que “actualmente, España, relegando a Canadá al segundo lugar, se ha convertido en el líder mundial de referencia en la aplicación de Políticas de Género, con la aprobación en 2004 de la denominada “Ley de Violencia de Género”. Dicha ley consagra el Derecho Penal de Autor, es decir discrimina entre hombre y mujer, estableciendo diferentes tipos penales para un mismo delito, en función del sexo del autor y de la víctima” y añade a continuación: ”No existe precedente mundial de una Ley similar”.

Por su parte, la investigadora Dale O´Leary de la Asociación Médica Católica de Estados Unidos, autora de varios libros y artículos sobre “la ideología de género” dice que esta “ideología”, que tiene como objetivo “deconstruir” todos los modelos de comportamiento individual y social, incluidas las relaciones sexuales y familiares, ve a la mujer como la clase oprimida “que debe soportar los embarazos y ocuparse de criar a sus hijos” Y concluye “que la única forma de eliminar esa opresión es eliminar la maternidad como función femenina”.

O’Leary añade que “las feministas radicales piensan que las mujeres que desean casarse y tener hijos han sido seducidas y engañadas por los hombres”, y más adelante agrega: “No es fácil que un programa tan opuesto a los sentimientos naturales de la mayoría de las mujeres arraigase así por las buenas, por lo que el feminismo radical adoptó una estrategia menos directa para imponer sus principios…”.

Como esa revolucionaria ideología “no logró la adhesión popular, las feministas radicales empezaron a poner sus miras en instituciones tales como las universidades, los organismos estatales y las Naciones Unidas. Así empezó larga marcha a través de diversas instituciones. En la ONU encontraron poca oposición. Los burócratas que llevan la gestión diaria suelen tener simpatía por los objetivos feministas, cuando no son activistas directos…”.

Así ocurre que el Feminismo de Género se está intentando imponer en el mundo por la fuerza. En un principio fueron las grandes fundaciones capitalistas norteamericanas, por el miedo al crecimiento exponencial de la población en los países menos desarrollados, y después catequizaron a los partidos de izquierda, que habían perdido sus programas de siempre y veían, o los hicieron ver, que era una tarea muy “progresista”. Así hasta llegar al juez Serrano…

 

 

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Análisis Digital, www.analisisdigital.org.