La decisión de Colbún de proponer la suspensión indefinida del ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto HidroAysén, sumado al segundo punto de su declaración pública que manifiesta la disposición de la empresa a revisar la estructura de propiedad del proyecto, ha dado lugar a que se comience a instalar la alternativa de que sea el Estado quien asuma un rol más activo en los proyectos energéticos, llegando, incluso, a ingresar a la propiedad de los mismos.

La lógica tras esta mirada estaría en que el actual sistema, en que son los privados quienes desarrollan los emprendimientos energéticos, es ineficiente frente a la oposición y la presión que ejercen los grupos ambientalistas, vecinos eventualmente afectados y, en ocasiones, movimientos sociales con alta presencia en los medios de comunicación, todos los cuales son capaces de entrabar y hasta paralizar muchas iniciativas. Esto se resolvería si el Estado fuera parte de los proyectos, ya sea porque es él quien los diseña y luego sólo licita su ejecución, o porque derechamente se involucra en la propiedad estatizando así la generación de energía. Equivocado el diagnóstico y, por ende, equivocada la solución.

Me parece bastante claro que el retardo en la tramitación de los proyectos energéticos se debe a dos razones: primero, el temor de muchas autoridades para tomar decisiones que aparecen como impopulares.  Lo que verdaderamente está golpeando la viabilidad de nuestra matriz energética es que cada vez que una encuesta muestra que la mayoría del país o de una región se opone a un proyecto, éste queda herido de muerte. La segunda razón es simplemente ideológica. Hay personas que, incluso en el ejercicio de cargos de autoridad, anteponen sus concepciones sobre el medioambiente o sobre el modelo de desarrollo por sobre la aplicación estricta de la ley. ¿Por qué esto no ocurría así hace 10 ó 20 años? Porque nuestra sociedad ha cambiado y lo que antes no generaba costos políticos importantes ahora sí los produce y, también, porque se ha debilitado fuertemente el consenso sobre las bases de nuestro modelo de desarrollo. Lo queramos o no reconocer, el populismo dejó de estar en la sección internacional de nuestros medios de comunicación para instalarse en las noticias nacionales.

Los inversionistas, ya sea en energía o en cualquier otro ámbito, no necesitan tener de socio al Estado, eso no resolvería estos problemas; al contrario, los agravaría. Lo que los inversionistas necesitan es tener la certeza razonable de que estamos en un país en que las leyes se cumplen, sin importar si ese cumplimiento hace más o menos popular a la autoridad. La economía se puede organizar con mayor o menor eficacia, pero ninguna forma de organización económica genera riqueza si no tiene como requisito previo un estado de derecho que funcione, vale decir, en que las leyes son conocidas, en que todos son iguales ante la ley y en que la aplicación de las normas por los órganos del Estado es razonablemente previsible.

Esa es la dimensión del Estado que está fallando en Chile y lo estamos viendo de manera urgente y grave en el sector energético, por eso, cuando escucho, a raíz de lo de HidroAysén, que necesitamos más Estado, yo digo que sí, pero de derecho.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera.