Cuando una chimenea en Quintero envenenaba a la población, ¿qué hizo el gobierno? Envió a una ministra a resolver el asunto. Pasó que explotó el conflicto de Aysén. ¿Qué hizo el gobierno? Envió a otro ministro a negociar. Y cuando mueren los chanchos en el norte, ¿qué hace el gobierno? Manda nuevamente un ministro, esta vez a cerrar faenas.

Pero, ¿por qué tanto ministro involucrado en temas regionales? ¿Tenemos sólo intendentes incapaces? ¿O un gobierno central excesivamente desconfiado o entusiasta? El asunto es más complejo, pues confirma que el sistema político es hoy incapaz de hacerse cargo de las demandas de las regiones.

Estas tienen actualmente presupuestos comparativamente pequeños, carecen de capital humano suficiente (lo que impide que incluso los pocos recursos disponibles se gasten adecuadamente), y las autoridades regionales no están dotadas de poderes que les permitan solucionar directamente conflictos. Para empeorar las cosas, las regiones son muchas, lo que vuelve su escasez de recursos algo así como la repartición de la pobreza.

Chile pierde con el actual escenario, pues las regiones no se desarrollan. La vida cultural en ellas, salvo meritorias excepciones, es escuálida. Salud, obras públicas (la conectividad física), oportunidades, son asuntos por los que muchas veces ya ni se pregunta. Mientras tanto, en Santiago se discute cuántos cientos de millones de dólares más gastar en el Metro o el Transantiago, y los capitalinos hacinados intentan vivir con naturalidad entre bocinazos, delincuencia y contaminación.

¿Es necesario esperar que las cosas empeoren todavía más para exigir con fuerza una solución a la cuestión regional? ¿No se daña al país de manera grave al persistir con esta asimetría entre la capital y sus provincias? Aunque pareciera que el problema es intratable, hay ideas que podrían permitirnos salir del atolladero.

Primero, disminuir el número de regiones para concentrar los recursos y el capital humano disponible. Se podría pensar en cinco grandes regiones: dos al norte, una central y dos al sur. Segundo, elección directa de intendentes y parlamentos regionales para que tengan efectiva representatividad política. Tercero, transferencia sustantiva de competencias políticas en educación, salud y obras públicas a las regiones. Cuarto, un sistema equitativo de repartición de recursos entre las regiones. Financiadas las necesidades del gobierno central, lo demás se reparte igualitariamente entre las cinco regiones.

De esta forma no sólo se potenciaría el desarrollo regional y se tendería a descongestionar la capital, con la correlativa mejora en la calidad de vida de los chilenos. Además, mejoraría la justicia en la repartición de recursos y se distribuiría mejor el poder (lo que probablemente incentivaría una mayor participación ciudadana).

En fin, la gobernabilidad del país quedaría mejor asegurada con una institucionalidad capaz de solucionar los conflictos en la misma zona en que se producen, sin que los ministros tengan que dejar sus tareas habituales.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera.