Una organización  terrorista quiere destruir la ciudad de Nueva York mediante una bomba. Los agentes de inteligencia detienen a una decena de sospechosos y los someten a tortura para que confiesen dónde está la bomba. El objetivo buscado (salvar vidas y bienes de millones de personas) ¿justifica el medio utilizado (violentar, por agentes del Estado, la integridad física, síquica y moral de un prisionero indefenso)? Según George W. Bush, sí, porque la seguridad nacional está por encima de consideraciones valóricas. Según la comunidad jurídica mundial, el crimen de tortura es perseguible penalmente por encima del territorio y del tiempo y bajo cualquier circunstancia.

La vida común está llena de buenas intenciones. El infierno también. Un gestor de políticas públicas o emprendimientos privados podrá alegar que tras de cada decisión suya contraria a derecho y moralmente repugnante se esconde el loable propósito de engrandecer a su país, mantener el orden público, hacer más rentable su negocio y dar más trabajo a cesantes. Hitler, Lenin, Stalin vivían convencidos y convencieron a millones de que sus prácticas antihumanas se orientaban al mejor y superior interés de sus connacionales y de los proletarios. Y si lograron deslumbrar y seducir a tantos y por tanto tiempo, fue porque sobreexplotaron el tentador ardid de que cualquier medio se legitima si resulta útil para alcanzar el fin.

El legislador, el sentenciador, el maestro, el confesor ¿pueden excusarse de reprochar el mal ante la sola evidencia o alegación de que sirvió para obtener un bien? El orden jurídico y la preceptiva moral coinciden en adherir a un triángulo sin fisuras: lo bueno, lo lícito, debe ser bueno en la intención, en el objeto y en cada una de las circunstancias. Más aún: la elección de los medios es un criterio verificador de la intención del agente. El axioma maquiavélico (el fin justifica los medios) se contrapone al axioma gandhiano y cristiano: son los medios los que verifican y legitiman el fin.

Nuestro ordenamiento jurídico es particularmente riguroso en exigir la trasparencia de los medios. Información incriminante obtenida mediante violación de garantías constitucionales o preceptos penales está viciada de nulidad y no puede ser considerada por los jueces. Esto vale no sólo para los fiscales del Ministerio Público, a quienes compete exclusivamente la investigación y persecución penal, sino con mayor razón para quienes trabajan en un “medio” de comunicación social y se auto-arrogan la calidad de “justicieros”, con licencia para estigmatizar socialmente a indefensos. Si la sociedad tolera, o incluso alaba  esta “justicia” mediática impartida al margen de la ley, cada ciudadano vivirá en el temor de estar siendo juzgado y condenado por cámaras ocultas de cualquier desconocido o conocido interlocutor. La mejor cámara oculta es la recta conciencia moral, operada solamente por Dios.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Revista Humanitas, www.humanitas.cl.