El miércoles 9 de mayo 2012 se aprobó la ley de no discriminación en Chile. De 158 parlamentarios, solo 19 hicieron un voto en conciencia y rechazaron esta ley intolerante por esencia, que nos va a obligar a todos a vivir –según un amigo mío– en las “catacumbas del silencio”, bajo la “dictadura de la ley de lo políticamente correcto”, que dictamina lo que es o no es pecado, conforme a la apostasía reinante.

Con esta ley, entramos al reino de los países más éticamente subdesarrollados que promueven el nuevo decálogo de los derechos humanos impulsado por la ideología de género imperante de este siglo.  Los que no compartimos lo políticamente correcto del lobby gay y del ateísmo radical seremos quemados en la hoguera de los tribunales populares  o de la prensa ávida de pan y circo.

Este proyecto inició su recorrido hace más de 7 años, bajo el impulso del entonces presidente Lagos, y se paseó por las dos Cámaras en interminables discusiones. El tema es odioso porque si bien todos discriminamos, desde que se tiene uso de razón, el tema está en que la discriminación en las relaciones sociales no puede ser “negativa” o “arbitraria”, por riesgo de faltar a la dignidad del otro. Tomando un ejemplo, no contratar a una persona porque es sorda podría ser injusto, pero justificable a la luz de las habilidades necesarias para realizar un trabajo, ya que sería obvio que esta persona no podría cumplir con lo requerido. Pero ahora con el tema del género u homosexualidad ya no hay justificaciones. Por ejemplo, será considerada discriminación arbitraria el no contratar a un profesor de religión por el solo hecho de que su homosexualidad no es compatible con el trabajo o con las creencias religiosas y principios educacionales del colegio. Lo que para unos sería el legítimo ejercicio de sus libertades fundamentales, para el afectado  puede ser interpretado como discriminación arbitraria.

Según esta ley, la presunción de arbitrariedad negativa de una parte puede terminar en los tribunales y sujeta a la interpretación subjetiva del juez de primera instancia, quien tendrá que develar las intenciones “ocultas” de las decisiones, si es que las hubiese, y castigarlas.

Esta ley además estableció categorías sociales “protegidas”, que se supone podrían sufrir mayor discriminación arbitraria. A la luz de la Constitución parece redundante, ya que ella hace suya estos temas con mucha amplitud de criterio, conforme al principio de igualdad. Esta sabia amplitud permite justamente incluir a todos. Al definir con exactitud categorías protegidas, este proyecto ya discrimina, porque considera que hay personas que merecen más protección que otras.

Pero cuando solicitó esta mayor protección a otro grupo extremadamente vulnerable, incorporando a las categorías protegidas también a los “niños que están por nacer”, esta petición fue denegada. ¿No es ésta una prueba de la misma arbitrariedad que la nueva ley pretende impedir?

Las categorías puestas a la fuerza y que no figuran en nuestro ordenamiento jurídico, las de “identidad de género” y “orientación sexual”, son las que hacen que este proyecto haya sido tan conflictivo desde sus inicios.

La teoría “del mal menor”, o de “ceder para no perderlo todo”

Por la falta de consensos y por ser considerado explícitamente un mal proyecto de ley, parecía estar destinado a desaparecer. Además, el proyecto no solo reconoce como derechos comportamientos no conformes a la naturaleza, sino que además es contrario al bien, común y particular, y por lo tanto, perturba la paz y genera conflictos.

Pero resulta que, contrariamente a la que ha sido la práctica usual de otros gobiernos, el actual hizo suyo el proyecto. Lo retomó con el pretexto de que las “presiones” eran muy fuertes; lo cambió en muchos aspectos, con ánimo de “mejorarlo”. Sin embargo, ningún gobierno retoma proyectos de sus antecesores, sobre todo si son tan conflictivos e ideológicos. Lo que normalmente ocurre es que se archivan, a menos que se esté de acuerdo con el proyecto…

El proyecto “mejorado” fue rápidamente aprobado en el Senado y entró a la Cámara de Diputados.

El Ejecutivo “asumió” que en la Cámara le iban a “manosear” el proyecto, volviendo a la versión original de Lagos, eliminándole las “mejoras” introducidas durante su trámite en el Senado. Para impedirlo, había que apurar la votación.

Según las propias palabras del ministro Chadwick, se aprovechó el caso Zamudio para colocarle suma urgencia, y evitar así que se estancará el proyecto en la Cámara (con el riesgo consecuente de “empeorar”). Pero, también según el ministro, la presión del lobby homosexual se hizo muy fuerte, y el Ejecutivo se “vio obligado” a  hacer concesiones. En los hechos, esto significó un claro empeoramiento del proyecto de ley para quienes lo rechazaban.

El día de la apurada votación, el ministro Chadwick anunció algunos “cambios”: cuatro “vetos” relativos a tres artículos fundamentales del proyecto de ley (1, 2 y 17).

La Cámara votó a favor del proyecto, salvo por tres artículos no trascendentales (3, 6 y 13), los que fueron entregados al estudio de una comisión mixta de senadores y diputados.

En definitiva, el proyecto fue aprobado casi en su totalidad, y sobre él pesaba la “amenaza” del Ejecutivo de imponer cuatro vetos con sustanciales cambios. Está demás decir que el veto presidencial nunca es bienvenido, ya que se ve como una imposición del Ejecutivo. Contra todo reglamento, los famosos “vetos” fueron incorporados por la comisión mixta, que se excedió en sus prerrogativas al hacerlo, pero dejando así el Ejecutivo libre de pecado…

La comisión mixta se reunió para ver las discrepancias secundarias de los artículos 3, 6 y 13. Contra toda previsión, el presidente de la comisión, el senador Hernán Larraín, solicitó escuchar las opiniones de las organizaciones civiles que habían participado del debate del proyecto.

Costó obtener cupos para participar de la audiencia. Las iglesias no intervinieron directamente, pues recibieron la recomendación de no presentarse, por el riesgo de “molestar a los miembros de la comisión” (dicho de paso, todos ellos católicos).

Esta sesión fue vergonzosa. Las siete organizaciones a favor del proyecto tuvieron el doble de tiempo que los que lo rechazaban. Un abogado vino especialmente desde EE.UU. para presentar la experiencia de la aplicación de esta ley en la práctica, pero el senador Larraín lo interrumpió permanentemente durante su corta exposición, que solo duró algo más de tres minutos… El senador también se negó a escuchar por dos minutos los argumentos de un profesor de derecho constitucional, pero permitió que Simonetti y su abogado se alargaran por casi diez, cuando se suponía tenían solo cinco.

En resumen, quedó en evidencia que esta audiencia tenía exclusivamente un propósito comunicacional: poder decir que se escuchó a “todos”… Una total y vergonzosa farsa.

La comisión mixta emitió su informe, pero con una sorpresa: incorporó los famosos “vetos” anunciados previamente por el Ejecutivo, y que obligaban a una reformulación de los artículos 1, 2 y 17 del proyecto. Esto no lo podía hacer la comisión mixta, pues estos artículos ya habían sido votados por ambas Cámaras.

Unos días después se realizó la votación final en la Cámara: solo 16 diputados votaron en contra y dejaron constancia que los cambios NO se podían hacer de esta forma. Y eso sería todo…

Ninguno de cambios fue tomó en consideración los argumentos de quienes se opusieron al proyecto, a pesar de que solo una semana antes quince instituciones de la Red por la Familia habían tenido una reunión con el ministro Chadwick, quien aseguró su compromiso de velar porque también sus reparos fuesen considerados. Nada obtuvimos, porque parece que hoy a quien no se teme no se respeta.

Acto seguido, al día siguiente, sin tomar tiempo para respirar ni menos reflexionar, se sometió el proyecto a votación de los senadores, siendo solo tres los que votaron en contra (Carlos Larraín, José García y Carlos Kuschel).

Los famosos “vetos” empeoraron el proyecto que, en el fondo, volvió a su punto inicial de hace siete años atrás. Lo más relevante se refiere a los dos primeros artículos. En el primero, se volvió a incluir la “implementación de políticas públicas” para prevenir las discriminaciones. En el segundo, donde se enumeran las famosas categorías protegidas, se debilitaron las garantías constitucionales, como las libertades de opinión, expresión, religión y enseñanza.

La persecución no se hizo esperar: al día siguiente el Movilh trató de homofóbico al alcalde Labbé por el solo hecho de hablar del tema y expresar su opinión contraria en un programa de televisión. Inmediatamente fue advertido y amenazado: con la ley promulgada, ya estaría demandado. Eso es lo que pasa en muchos países y que va a pasar acá.

La experiencia de haber vivido todo este largo proceso me impulsó a releer los poemas de Dante sobre los nueve círculos del infierno. Haciendo una analogía con este proyecto de ley, sus impulsores y defensores, de repente me vi envuelta en una reflexión sobre la vertiginosa caída hacia el pecado. Mientras mayor es la conciencia del acto malo, a mayor profundidad se cae. Dante comienza en el primer círculo, el limbo, lugar neutral donde lo bueno y lo malo se funde, donde reinan los apetitos sensibles (para tener, poseer, gozar). Acto seguido se cae mas, con la negación de los principios, de Dios y de la Naturaleza, para seguir teniendo y gozando; se llega al final al noveno círculo, donde están los que pecan (incluso con gusto) con pleno conocimiento, no tanto ya por poseer o gozar, sino porque ya murió la voz de la conciencia, de lo bueno y de lo ético; es el lugar de la traición, donde estaría Judas, el que traicionó con un beso a su amigo. Es el lugar donde Dios ha sido renegado por los que, sumergidos en el orgullo y la soberbia, hundidos en el relativismo, no tienen ni un atisbo de conciencia moral.

Desde esas mismas profundidades fue engendrada esta anti-ley, hija de la mentira y madre del odio.