Este no es un país serio. Eso lo sabemos. Es verdad que hay otros todavía menos serios. Y también es cierto que, a veces, los más serios se comportan como si no lo fueran, es decir, como nosotros.

Ahora se está llevando adelante en nuestro medio otro circo judicial carente por completo de seriedad, sin ningún fundamento jurídico y dirigido exclusivamente a crear un escenario político-propagandístico favorable a la izquierda (de modo que, tarde o temprano, Sebastián Piñera le va a manifestar su apoyo, al igual que al “asesinato” de Frei Montalva).

Todo con la caja de resonancia del periodismo “liberal” de los Estados Unidos y de los socialistas de España, Francia, Alemania y otros países de Europa, venidos a “cubrir la noticia”. Y, por supuesto, también con soporte y asistencia de los latinoamericanos, que a la voz de “circo” siempre ocupan la primera fila.

Pues se está llevando adelante un proceso completamente ilegal para investigar la muerte de Salvador Allende, que a estas alturas todo el mundo sabe cómo, cuándo, dónde y por qué se produjo, aunque durante décadas la izquierda dio al mundo una versión falsa sobre ella (que el mundo aceptó como cierta). Es que, “para verdades, el tiempo”.

Pese a todo el circo mediático, la ley aplicable al proceso sobre la muerte de Allende ordena que “antes de proseguir la acción penal, cualquiera sea la forma en que se hubiere iniciado el juicio, el juez examinará si los antecedentes o datos suministrados permiten establecer que se encuentra extinguida la responsabilidad penal del inculpado. En este caso pronunciará previamente sobre este punto un auto motivado para negarse a dar curso al juicio”.

Si en Chile existiera un “estado de derecho” (aquel en que se respeta la legalidad), el ministro sustanciador Carroza, ante quien se presentó una querella por la muerte de Salvador Allende, debió haber desechado esa presentación por ser obvio que, a 38 años de los hechos, tanto la acción penal como la pena se encuentran prescritas (el plazo de prescripción más largo es de 15 años).

Por supuesto, cualquiera que no sea un juez chileno puede investigar todo lo que quiera acerca de la muerte de Rómulo y Remo, de Napoleón Bonaparte o de Salvador Allende. Pero, cuando la responsabilidad penal se halla extinguida, el único que no puede hacerlo es un juez chileno en su calidad de tal.

Además, la acción penal y la pena están extinguidas por otra causal: la amnistía. Y, más encima, el código de procedimiento penal ordena al juez declarar de oficio (es decir, aunque nadie se lo pida) la prescripción y, como consecuencia, sobreseer (dar por terminado) el juicio.

Nada de eso se ha respetado. Luego, todo lo que se está obrando en la causa sobre la muerte de Allende es ilegal. ¿Por qué, entonces, se hace? Primero, porque a la mayoría de izquierda de la judicatura chilena actual no le importa nada lo que digan las leyes. Segundo, por razones políticas y, tercero, por “otras” razones.

En mi no breve existencia he aprendido dos cosas: una, que gran parte del éxito suceptible de alcanzarse en el ejercicio de la profesión de abogado reside en la capacidad de quien lo persiga de –para decirlo en lenguaje coloquial– “encontrarle la quinta pata al gato”; y, la segunda, que si uno está en el bando “políticamente correcto”, poco importa lo que diga la ley. Incluso importa igualmente poco la verdad de los hechos.

Acá la escenificación judicial ilegal montada en torno a la muerte de Allende se dirige, según yo conjeturo, a probar que el Estado chileno es responsable de haber creado una situación tal que lo OBLIGÓ a suicidarse (“quinta pata del gato”). Eso lo probará una legión de testigos, expertos, peritos, personalidades y opinólogos de izquierda, “referentes morales” y “líderes de opinión”. Y, acuérdense de mí, a la postre la sala penal de la Corte Suprema, en algunos años más, por tres votos contra dos (es la mayoría de izquierda que se ha ido formando, con sufragios de la extinta derecha en el Senado, por supuesto) va a confirmar la sentencia del ministro sustanciador y va a ordenar al Estado chileno a pagar una cuantiosa indemnización a los deudos de Salvador Allende, por haberlo obligado a suicidarse.

Así es que, Moya, más vale que vaya preocupándose. Todo este circo ilegal que ahora lo entretiene, al final lo va a pagar usted.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Blog de Hermógenes, http://blogdehermogenes.blogspot.com.