Para el Diccionario, es un Gobierno que, bajo condiciones excepcionales, prescinde de una parte, mayor o menor del ordenamiento jurídico para ejercer la autoridad en un país. Definición más descriptiva que valorativa. Lo mismo ocurre con “democracia”: doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno.  “Oligarquía”, es gobierno de pocos, pertenecientes a una misma clase social. “Aristocracia”, ejercicio del poder político por una clase privilegiada. “Monarquía”, Estado regido por un príncipe soberano con carácter vitalicio. Los expertos del lenguaje saben que los sistemas de gobierno tienen un carácter funcional o instrumental. Su valoración ética se hará a la luz de los resultados más que de la nomenclatura.

En un sistema diseñado según cánones democráticos es posible concentrar el poder en muy pocos, dándole al pueblo la sensación de ser protagonista cuando en los hechos es mero espectador, incluso víctima de decisiones en las que no ha tenido voz ni voto. En un régimen monárquico, u oligárquico, el único o los pocos pueden sintonizar con las aspiraciones e involucrarse con los derechos de las mayorías, sin que la participación del pueblo esté consagrada en normas de elección, control y reemplazo de la autoridad. En un país de tradición democrática pueden darse condiciones excepcionales que lleven al pueblo a pedir o aceptar un ordenamiento jurídico también de excepción, funcional al restablecimiento de la autoridad vulnerada. Las definiciones son más descriptivas que valorativas. El bien o el mal lo deciden y ejecutan las personas, no los sistemas. La cuidadosa neutralidad ética con que el Diccionario se refiere a las formas de gobierno envuelve una sabia amonestación: no idolatren las formas o los sistemas, mucho menos a las personas. Cada acción, cada decisión debe ser valorada en su mérito. Una “dictadura” puede maniobrar hacia la descentralización, distribución y traspaso del poder. Una “democracia” puede cometer el pecado original, autodestructivo de la noción misma de democracia: autorizar, legalizar, financiar, masificar el asesinato deliberado de vidas inocentes en fase de gestación o en fase crepuscular. Todo parece normal y legal, las instituciones funcionaron, hubo mayoría de votos en las Cámaras, quienes votaron la ley fueron a su vez votados por sus electores, la Presidencia y la Contraloría refrendaron lo obrado, el Diario Oficial dice que es ley de la República. Pero el sistema se autodestruyó. Un país democrático que aprueba leyes de aborto y eutanasia se ha arrogado un poder más que dictatorial: es una tiranía. Pretende disponer de lo indisponible. La vida de un ser inocente es un bien indisponible, innegociable. Hipócritamente, guardando las formas de la ritualidad democrática, se ha consumado un acto e instaurado una política de totalitarismo fundamental. Es la ley de la violencia de unos pocos fuertes en contra de millones de débiles. La dictadura que “democráticamente” legaliza el holocausto de millones de inocentes.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Revista Humanitas, www.humanitas.cl.