La reciente decisión del Ministerio de Salud de repartir a los así llamados “sectores de riesgo”, el anticonceptivo subdérmico Implanon, muestra muy a las claras adónde se puede llegar cuando las políticas están mal planteadas.

En efecto, existen aquí varios reparos, algunos francamente graves: que la medida se supo no debido a un anuncio de la autoridad, sino por una denuncia de una organización provida; que no ha existido ningún debate previo a la misma; que ella afecta a menores de edad; que nuevamente la autoridad atropella el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos; que la medida anunciada puede tener un efecto negativo respecto de la propagación de enfermedades de transmisión sexual, al incentivar, se quiera o no, la promiscuidad; que equivale a una especie de solución de veterinario, aplicada a personas casi como si se tratara de ganado, entre otras.

Sin emargo, esta especie de medida desesperada no es sino la lógica consecuencia de una política que ha estado mal enfocada desde el principio, siendo la prueba irrebatible de ello que el embarazo adolescente (y las enfermedades de transmisión sexual, aunque no se apunte a ello con esta medida) no ha hecho sino aumentar.

En efecto, desde hace más de 20 años, ha existido una política que en el fondo, ha promovido la actividad sexual juvenil, logrando que ésta se inicie cada vez más temprano y con mayores tasas de promiscuidad. Y al colocar todas las esperanzas en el preservativo o en anticonceptivos químicos (algunos de los cuales también pueden ser abortivos), no se ha hecho sino echarle más leña al fuego. No debe, pues, extrañar que ante esta situación “sorpresiva”, la autoridad de turno se vea en la “necesidad” de tomar esta medida, la cual, obviamente, no hará más que incrementar el problema. Es por eso que alguien –no recuerdo quién– señalaba ya hace varios años, que en realidad, este era un problema provocado, uno de cuyos objetivos finales era legitimar el aborto, ante esta “explosión” (que muy bien podríamos considerar una “explosión controlada”) de embarazos adolescentes.

En el fondo, la política de los últimos 20 años casi ha coaccionado a buena parte de la juventud a tener sexo lo antes posible y con quienes más pueda. Porque la gran pregunta que subyace podría resumirse así: ¿deben los jóvenes tener relaciones sexuales? La respuesta no se agota sólo en el tema del embarazo adolescente o las enfermedades de transmisión sexual, porque la otra gran pregunta que se ha omitido es la siguiente: ¿están preparados psicológicamente para ello, más allá de sus deseos, sean propios o incentivados por el medio?

Por lo que estamos viendo, con medidas como esta la autoridad no sólo parece considerar que nuestros jóvenes “pueden”, sino que también “deben” tener sexo lo antes posible y con quienes más puedan.