Se van sucediendo y escalando impunemente actos violentos contra instituciones como el Senado, vandalismos como los consumados en la oficina del ministro de Educación, y ahora en el Campus Oriente dela Universidad Católica.En cada caso se ha amedrentado e insultado a autoridades y ocupado ilegalmente instalaciones; se han forzado puertas y lanzado proyectiles y, en algunos, golpeado a funcionarios y transeúntes. Hasta ahora, los agresores, incluso identificados, han quedado impunes, lo que crea precedentes que facilitan nuevos hechos de violencia en recintos concurridos por autoridades. La situación del Campus Oriente cobra especial relevancia por la agresión verbal, lanzamiento de proyectiles, forcejeos y amedrentamiento realizado por algunos alumnos de la sede, que alcanzaron al rector y decanos de esa casa de estudios, a autoridades dela República, ministros de Estado y parlamentarios, y que impidieron la presencia del Presidente dela Repúblicapor los evidentes riesgos a su seguridad. Ante la gravedad de los hechos, se han abierto sumarios para sancionar a los responsables, pero la sola apertura de esas investigaciones ha anticipado represalias de mayor violencia, por la eventualidad de que se apliquen medidas legales para castigar a vándalos y violentistas.

¿Qué fallas del sistema permiten la impunidad del vandalismo y la burla de la ley para reincidir? En primer lugar, la carencia de medidas de seguridad para prevenir los desmanes. Llama la atención la falta de previsiones para garantizar la seguridad del Jefe del Estado en una reunión de conocimiento público. Los organizadores, los responsables de la sede universitaria y, por cierto, la seguridad presidencial, como ocurre en todos los países organizados, debieron haber adoptado todas las medidas aconsejables para garantizar el orden, en actos que cuentan con la presencia de altas autoridades. Y al propio Jefe de Estado le cabe la responsabilidad de velar por la majestad de su cargo y exigir, someterse y colaborar con el buen funcionamiento de las medidas de protección.

Otro factor decisivo de la delincuencia es la ausencia de castigo. Los violentistas crecen desde la escuela como matones, rompen vidrios y luminarias, practican amedrentamientos menores, para terminar como criminales que hacen apología de la violencia y la practican, sin que nadie los castigue. Está en los padres, profesores, jueces, policías y autoridades imponer la disciplina para poner fin a la tolerancia del vandalismo. La opinión pública debería seguir con atención las medidas que adopten la universidad y la justicia para sancionar a los agresores, sin dejarse presionar por quienes han anunciado más violencia si se aplican sanciones.

El vandalismo daña la vida civilizada y tiene dimensiones políticas: es funcional a supuestos “progresistas” que lo plantean como resultado de fracturas sociales y justifican la violencia como instrumento legítimo para oponerse a políticas públicas. Pero la libertad de todo individuo está limitada: no puede dañar a otra persona. Ya Cicerón, hace más de 20 siglos, sostenía que “la seguridad de la gente es la ley suprema”. Políticos y jueces así deberían entenderlo, y menospreciar las presiones de los organizadores de la violencia que buscan por este medio doblegar y destruir las instituciones. Están en juego la democracia, la seguridad y la defensa de las libertades, que han destacado a Chile como un ejemplo ordenado de democracia y progreso, en comparación con modelos fracasados como el marxismo en Cuba y el populismo en varios países de la región. A éstos también les interesa, para validar sus agonizantes proyectos, que el desorden impune se instaure en Chile.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio de Santiago.