Chile vive hoy un apartheid universitario. La legislación privilegia a una minoría de estudiantes y segrega al resto. La discriminación depende de la antigüedad de la universidad a la que postulan, no necesariamente de su calidad. Si fue creada antes del 31 de diciembre de 1980, el alumno accede a créditos y becas preferenciales, y al financiamiento directo del Estado para su institución en millones de dólares sin metas explícitas. Si la universidad es posterior a 1980, el alumno enfrentará un mundo de altos intereses crediticios y el esfuerzo de su universidad por acceder a un mínimo de financiamiento estatal para educarlo mejor.

La Confech y algunos rectores luchan por mantener este privilegio para sus alumnos y universidades, en especial el aporte fiscal directo, pues cuestionan el compromiso de las universidades nuevas con la calidad y el servicio público. Se equivocan. La calidad educativa y el aporte a la sociedad no dependen del número de años sino de resultados objetivos. Por eso que el aporte basal por antigüedad o “estatalidad” debe terminar y dar paso al análisis basado en evidencia. De esta forma, todas las universidades podrían concursar en igualdad de condiciones por el total de la ayuda fiscal, y la inversión del Estado en educación superior sería enteramente racional y eficiente. Se daría a cada uno lo suyo, lo justo, sobre la base del mérito sin importar su origen, antigüedad o condición.

Nada de esto ha sido propuesto por el movimiento estudiantil, que lucha por profundizar la brecha. ¿Por qué desean perpetuar el apartheid? Es un privilegio que no quieren perder, incluso a costa de la masa discriminada y del esfuerzo económico de sus familias.

Lamentablemente, este razonamiento antepone el beneficio propio al de la sociedad, el bien individual al bien común, los derechos a los deberes, el interés privado al público. Asistimos a una especie de “privatización” de los fondos públicos a manos de alumnos e instituciones que pretenden un subsidio privado y excluyente, en desmedro de la gran mayoría de universitarios que no pertenecen al CRUCh. Parece ser una forma de conservadurismo que se opone al progreso de la igualdad.

Así como el apartheid racial separa a las personas en barrios, escuelas y hospitales, el universitario segrega a alumnos de igual calidad únicamente por su elección de alma mater. De esta forma, infringe la prohibición constitucional del Estado de privilegiar a personas y grupos y de discriminar en el trato que debe dar en materia económica. Los recursos públicos que ingresan de forma directa y exclusiva a las universidades del CRUCh son discriminatorios para el resto de las universidades impedidas de acceder a ellos. Además, suponen una ayuda que distorsiona gravemente las comparaciones entre unas y otras y la igualdad de condiciones para atraer a los mejores alumnos y desarrollar investigación científica.

En general, las ayudas estatales que distorsionan la libre competencia han sido sancionadas por el derecho, y aquellos que la defienden en beneficio propio reciben el nombre de “cartel”. En el fondo se concibe lo anterior al 31 de diciembre de 1980 como servicio público y bueno, y lo posterior al 31-D como interés privado y malo.

La participación de distintos actores en servicios públicos con financiamiento estatal ha favorecido un gran avance en infraestructura pública, educación escolar, salud o servicios básicos, y podría funcionar también en educación superior bajo un marco común de igualdad de condiciones, control y regulación para los alumnos y sus universidades. Por este ideal de igualdad sí que vale la pena marchar.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio de Santiago.