Lo que sucede en una sociedad no es un conjunto de hechos brutos y mudos. Comentamos las cosas que pasan, opinamos y construimos un discurso en el que no sólo describimos lo que sucede, sino también evaluamos normativamente. Juzgamos, comparamos, aprobamos y rechazamos. En sentido más literal, reflexionamos sobre nuestra realidad social, la reflejamos en el habla.

Al terminar 2011 lo recordaremos como un año socialmente convulsionado: prácticamente no ha habido semanas sin disturbios o desórdenes, tanto en el espacio público como también en las pretendidas ágoras democráticas. Hay una violencia –a veces latente, otras veces manifiesta– que está enhebrando nuestro ser–político. En ningún caso me limito a la “violencia encapuchada”, sino también al ambiente –por momentos enrarecido– de confrontación y oposición radical. Lo característico del conflicto violento es, como decía Hegel, buscar anular al otro. Al Presidente no hay que corregirlo, hay que sacarlo; a los manifestantes no hay que darles vías de expresión, hay que detenerlos.

A mi juicio, hay algo tanto o incluso más grave que la violencia: su legitimación. Cuando un asaltante ataca un servicentro y se lleva dinero y comida, recibe el reproche de la sociedad. Ese es el tipo de cosas que consideramos ilícitas para redistribuir la riqueza. Por lo mismo, por muy necesitado que esté el asaltante, por muchas dificultades económicas que tenga su familia, no legitimamos un acto violento de esa clase. En efecto, el fin puede ser noble –alimentar a su familia–, pero no garantiza de ningún modo que sean nobles los medios escogidos.

Cuando estudiantes secundarios, universitarios o sus apoderados deciden –incluso a través de una asamblea democrática– tomarse un establecimiento educacional o alguna institución del Estado como un ministerio o una sesión del Senado, tenemos que reconocer, en primer lugar, que se trata de un acto violento: lo que se pretende es impedir el funcionamiento regular de la institución. Prácticamente todas las veces, involucra también la fuerza física (aunque no haya heridos o destrucción de infraestructura). Ante el cuestionamiento, los interpelados afirman que están “luchando por la educación pública”. Al ser así, sería impensable cuestionarlos: ¿acaso no somos todos los que queremos una educación de calidad para todos? ¿No es acaso una causa nobilísima, por la que vale la pena luchar?

Esto parece ser plausible, pero miremos con más detenimiento la situación.

Si hablamos de legitimidad, hay que distinguir siempre si es que estamos hablamos del fin o de un medio. El acto de tomarse una facultad no es en sí mismo, sino “luchar por la educación pública”: se puede luchar por ella de muchas maneras. Retomando el ejemplo anterior, hay muchas formas para que un ciudadano alimente a su familia, siendo el robo al servicentro sólo una de esas formas. La toma es un medio, no fin y por lo mismo, hay que juzgarlo como lo que es: un acto violento.

En un contexto democrático no cabe duda de que es legítimo, recomendable e incluso necesario que se introduzcan demandas de manera crítica a un sistema que es considerado injusto por parte importante de la población. Lo que no es legítimo, ciertamente, es la incorporación de medios violentos para obtener tales fines.

Vuelvo a insistir en el punto: quizás más grave que la violencia, es su pretensión de legitimidad. La utilización de la fuerza física o la agresión verbal –que prolifera en las “marchas pacíficas”– tienen por objetivo último la eliminación del otro. Si estudiamos, por ejemplo, las discusiones políticas entre los años 20 y 30 en Alemania durante la República de Weimar, vemos un nivel de agresividad significativo: caldo de cultivo para el Nacional Socialismo. Bastante más cerca tenemos nuestros años 60 y 70, cuyos resabios de violencia política –primero discursiva y luego física– estamos comenzando a revivir.

Nos estamos acostumbrando a pensar que la legitimidad del fin perdona la ilicitud de los medios. La reflexión que la sociedad hace sobre sí misma debe tener presente que los medios violentos inevitablemente dañan la sociedad, tanto física, moral e institucionalmente y que, por lo mismo, deben ser repudiados. La legitimación social de la violencia constituye el primer paso para devenir en una sociedad vuelta contra sí misma. Mucho más grave todavía es cuando esta legitimación la realizan los mismos legisladores (caso Girardi).

Somos muchos los que esperamos que los líderes del movimiento estudiantil manifiesten un repudio consistente y constante a los actos de violencia que, indirectamente, surgen desde su cruzada. ¿Por qué hay tanta ambivalencia al respecto? Qué lástima ver que la convicción y pasión que han mostrado en contra del gobierno no sea, al mismo tiempo, un rechazo contundente a los medios violentos. No ha habido una reflexión normativa sobre este tipo de acciones, por lo que podemos parafrasear el dicho “el que calla, otorga”.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por www.lanacion.cl.