Me siento atónito de lo que sucede en Chile. Los alumnos universitarios llevan la batuta y marcan los temas y el ritmo de la discusión política; profesores, alumnos secundarios y dirigentes sindicales ya casi profesionales corean y sirven de comparsa en esta opereta, que a veces más parece un drama lírico.

El Gobierno no atina con la pronta y eficiente resolución del conflicto, que se prolonga, se repite y se hace casi rutinario. No termina una marcha, paro o protesta, cuando ya se anuncia la siguiente, una, dos veces, dos días seguidos, cada 15 días, no sé, ya se pierde la cuenta.

Los carabineros se ven sobrepasados, se perdió todo el respeto tradicional hacia ellos y hoy los vemos acorralados, agredidos, luchando de igual a igual con los encapuchados; los bienes públicos de calles, plazas y parques, señaléticas, semáforos, etcétera, son destruidos periódicamente. Comerciantes, oficinas, transeúntes, ven destruidos sus negocios, lugares de trabajo y vías de comunicación; todos rezongan y se lamentan, pero los hechos de violencia vuelven a repetirse.

Después de cinco meses de desórdenes, hay un proyecto de ley enviado al Congreso Nacional para penalizar específicamente a los violentos encapuchados, que parecieran no cometer delitos hasta ahora a ojos de los jueces, y tras el incendio de un bus oruga del Transantiago, se invoca la Ley de Seguridad Interior del Estado.

Las peticiones estudiantiles comenzaron llamando a mejorar la calidad de la educación y su gratuidad total, pero desembocaron en la nacionalización del cobre -otra vez-, en la estatización de la educación, en reformas tributarias, políticas y constitucionales, y hoy, en el rechazo de la Ley Anual de Presupuestos.

Esas peticiones, en la medida de lo posible jurídica y financieramente, han sido escuchadas por el Gobierno y enviados los proyectos al Congreso, pero eso no ha sido suficiente. Se sigue marchando y presionando al Gobierno, ahora internacionalmente, pero ya no se entiende para qué, que no sea para manifestar rebeldía o en actos que son simplemente de insubordinación.

Creo que es el momento de sincerarse y de asumir responsabilidades.

Vivimos en un Estado de Derecho, que tiene un ordenamiento jurídico válido y, por tanto, obligatorio para autoridades y súbditos. Existen tribunales de justicia para hacer cumplir las leyes y aplicar sanciones a quienes las transgreden. Hay autoridades políticas responsables, la mayoría de ellas elegidas temporalmente, que deben renovarse periódicamente.

La disconformidad con el poder se expresa a través del ejercicio de los derechos y libertades propios de todo ser humano, especialmente las de opinión, reunión y petición, y participando en elecciones libres, periódicas e informadas, cambiando a nuestros representantes cuando no lo hacen bien, o simplemente cuando se conforman nuevas mayorías de opinión.

Pero vivir al ritmo de manifestaciones masivas cuasi permanentes, sin controles, sin propósitos precisos y posibles de conseguir, con riesgos permanentes de transformarse en hechos violentos que transgreden derechos de la mayoría de personas que no participan en ellas, trastoca el orden y el tácito pero presente pacto de tranquila convivencia social.

Debemos partir de la base de que todos los chilenos queremos más bienestar y más libertad, pero con la mayor justicia e igualdades; no creo que exista alguien que piense lo contrario, pero para lograr esto sólo hay dos corrientes de soluciones políticas: a través de más presencia, acciones y regulaciones del Estado o a través de más iniciativas privadas, en libre mercado y con fiscalizaciones efectivas del Estado.

Es verdad que se invocan desigualdades, pobreza e injusticias que son insoportables o difíciles de sobrellevar, pero todos sabemos que ellas no pueden eliminarse sino con tiempo y recursos; de lo contrario, si se quieren imponer soluciones con violencia, no sólo no se lograrán, sino que las consecuencias serán peores, y la historia nos enseña cómo comienzan las revoluciones, pero no cómo ni cuándo terminan.

Necesitamos que al país se le muestre esta encrucijada, que los partidarios de cada una se alineen con ellas y que seamos francos y responsables en elegir cuál queremos.

Los partidos políticos, diputados y senadores, alcaldes, etcétera, que hasta ahora se han movido al ritmo de las protestas estudiantiles, con notorias excepciones que se sienten transitorias y aisladas, son naturalmente llamados a esta magna tarea.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio de Santiago.