Más iniciativas de enseñanza, más audacia es lo que hace falta.

Pero mientras se siga hablando de centralización, de gratuidad, de equidad y de inclusión, así, en genérico, en el aire, más difícil se hará que la imaginación despliegue iniciativas novedosas y útiles.

Pocos días atrás, en un debate, mi contradictor sostenía que durante toda la Historia de Chile la lucha por la libertad de enseñanza se había dirigido siempre en un mismo sentido y que la posibilidad de abrir colegios particulares subvencionados había contradicho esa orientación.

Curioso: siempre que la historia ha mostrado un legítimo zigzag en la creatividad, si esa variación queda fuera de los dogmas del socialismo liberal, entonces ese proyecto deja de ser histórico.

Así, con ese criterio, simplemente debe ser borrado de la Historia de Chile el notable experimento de enseñanza particular subvencionada que hoy educa, por decisión de sus padres, a un millón trescientos mil niños chilenos y, todavía más, debe ser aniquilada de la memoria, esa variante que los socialistas liberales consideran la más siniestra, la del financiamiento compartido.

Pero sólo la defensa de fórmulas de libertad y esfuerzo como las anteriores permitiría que la imaginación siga activa buscando otras iniciativas.

Por ejemplo.

Una universidad podría ser la pionera en incluir en su currículo una actividad obligatoria para todos sus alumnos de 650 puntos hacia arriba. El que se matricule en ella, sabe que tendrá que realizarla como parte de su formación.

¿Qué actividad?

Treinta horas de enseñanza efectiva durante un semestre en cualquier institución del sistema educacional formal del país, desde la ayudantía en otras universidades hasta el reforzamiento en una escuela rural.

El alumno se contacta directamente con la institución, pacta la relación efectiva con ella –ciertamente gratuita– y recibe la debida certificación al terminar.

Miles de horas de alumnos universitarios estarían destinadas a reforzar la enseñanza en cientos y cientos de instituciones que requieren de esa savia. Y, qué duda cabe, surgirían nuevas vocaciones a la docencia en todos los niveles.

Los estatistas dirían que así se vulnera la equidad, porque no es un sistema regulado desde arriba; los pedagogistas alegarían que se atenta contra la calidad, porque nadie la garantiza.

Pero así, impidiendo el despliegue de nuevas fuerzas educativas, unos y otros seguirán fomentando la mediocridad.