La Constitución ordena a todos los habitantes de la República respetar sus emblemas: himno, bandera y escudo de armas.  Quien los ultraja públicamente comete delito contra el orden público y lo pagará con penas privativas de libertad. Para ultrajar el Escudo nacional no es necesario quemarlo o pisotearlo, basta adulterar o aniquilar el sentido imperativo de su leyenda: “por la razón o la fuerza”.  Se ultraja nuestro Escudo cuando la fuerza se usa sin la tutela de la razón. Esa fuerza irracional se llama violencia, y deja una estela de sangre, destrucción y exasperación. Se ultraja igualmente el Escudo cuando la razón, agotados sus argumentos, se abstiene de usar la fuerza. Degenera entonces en vana retórica, fraude a la justicia y colusión con el trasgresor. La estela de sangre, destrucción y exasperación arriesga ser aun mayor: no tarda, la ciudadanía, en darse cuenta de que resulta más fácil y más rentable apelar a la sinrazón de la fuerza que a la inexistente o inoperante fuerza de la razón. Abstenerse de usar la fuerza cuando se pudo y debió haber usado configura un pecado y delito de omisión. Quien ostenta el monopolio de la fuerza no puede abstenerse de ejercer su autoridad cuando está en juego la santidad del derecho y la confianza ciudadana en sus instituciones. Su jurada posición de garante de los derechos fundamentales le hace responsable de los desmanes y daños producidos por su ilegal abstención de usar la fuerza.

“Prudencia”, “tolerancia”, “flexibilidad” son los conceptos comúnmente alegados para que la razón se inhiba de recurrir a la fuerza. Pero no se concibe prudencia sin previsión de los escenarios vinculados a cada decisión. Y es obvio que la percepción pública de una autoridad que razona sin límites con un interlocutor que presiona sin límites no puede sino alentar a correr cada día más los límites y silenciar las razones para limitar. Imprudente, insanamente imprevisora es una prudencia que premia la impunidad y garantiza victoria al trasgresor. También la tolerancia arriesga conducir al absurdo: la permisión de desórdenes, anomalías y daños  supuestamente acotados termina siendo brutal intolerancia con quienes han optado por trabajar, cumplir y pagar lo que el derecho y la conciencia mandan. ¿Y la flexibilidad? Léase en el Diccionario: “disposición a doblarse fácilmente. En un enfrentamiento, plegarse con facilidad a la opinión, voluntad o actitud de otros”. La irrenunciable dignidad de la autoridad deviene penosa esclavitud camaleónica.

Dejar las leyes sin ejecución es un ilícito constitucional. El paso decidido de la razón a la fuerza, cuando el interlocutor se obstina en la sinrazón, se llama facultad de imperio y es la quintaesencia del Estado de derecho.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Revista Humanitas, www.humanitas.cl.