En su comparecencia ante la Corte Interamericana de DD.HH., Karen Atala se presentó como “abogada, juez y lesbiana”, para más adelante reclamar que se le haya estigmatizado por su condición homosexual y acusar al Estado chileno de discriminarla por haberse fallado un juicio de tuición de tres de sus hijas en favor de su ex marido y padre de ellas.

La sentencia de la Corte Suprema hizo expresa advertencia de que no juzgaba la opción sexual que la señora Atala había asumido, sino que, llamada a elegir, conforme al interés superior de las hijas y de acuerdo a las declaraciones de testigos directos, le parecía que era el padre quien estaba en mejor situación en ese momento de velar por su desarrollo integral. Atala desistió de reclamar más adelante la tuición, y prefirió ofrecer su experiencia para construir un caso que sirviera como bandera de lucha para reivindicar derechos de las llamadas minorías sexuales. Con el apoyo de organizaciones como la UDP, Libertades Públicas y Corporación Humanas, ha conseguido que la Comisión de DD.HH. demande al Estado de Chile ante la Corte Interamericana para que se declare que su legislación y sus tribunales discriminan de manera arbitraria e irracional. La Sra. Atala pide una cuantiosa indemnización para ella y para cada una de las hijas a las que ella, por sí y ante sí, declara víctimas de la decisión.

Pero hasta ahora ni en la Comisión ni en la Corte ha sido escuchada la otra parte: el señor Jaime López, padre y legítimo representante de las niñas. Su condición de heterosexual parece haberle jugado en contra: ¿se hubiera cuestionado la decisión de entregarle las niñas si se hubiera tratado de un varón homosexual?

Representado por un abogado peruano, López ha pedido a la Corte intervenir y dar su versión, al menos como representante de las menores. Sería paradójico que una Corte que juzga si los Estados cumplen con la Convención Americana de DD.HH. niegue este mínimo derecho a quien será afectado por su decisión. ¿Cómo podría impedir que concurriera en el juicio sin vulnerar el derecho a ser oído en juicio que se consagra en el art. 8 de la misma Convención?

Es un buen indicio el que, ante su presentación, la Corte haya pedido que las partes, el Estado de Chile, la Comisión y la Sra. Atala, se pronuncien antes de resolver. Es de esperar que el Estado de Chile apoye la petición de López: se trata de un ciudadano que tiene un legítimo interés en comparecer.

No puede haber justicia si, cualquiera sea la orientación sexual de los progenitores, se juzga sobre cuidado de los hijos sin escuchar la voz del padre.

Nota: Publicado originalmente por La Segunda.