En este mes de campaña contra el aborto, me ha parecido apropiado argumentar brevemente sobre lo que, de manera esencial, debiera estar presente en la discusión.

¿Qué es lo que está en juego en el problema del aborto? No el supuesto derecho de las mujeres sobre su cuerpo, ni la libertad individual, ni mucho menos el bienestar social. Tampoco la salud mental de la madre, ni siquiera su salud física. Si bien todo lo anterior puede entrar de manera secundaria en la discusión, no tiene ninguna relación con lo esencial. Lo que aquí está en juego es un principio evidente y universalmente válido, conocido por todos y que ninguna persona honesta se atrevería a poner en duda, a saber: es ilícito matar a un inocente.

Me pregunto: ¿podríamos llamar digna a una persona que no reprobara el asesinato de otra por un beneficio personal o, incluso, bajo la justificación de un beneficio para una parte mayoritaria de la sociedad? Por supuesto que no. Veamos un par de ejemplos que, si bien evidentes por sí mismos, nos sirven de punto de comparación con el tipo de situaciones que buscan despenalizar los que están de acuerdo con el aborto:

Un compañero de trabajo me descubre haciendo manejos ilícitos con el dinero de la empresa en la que trabajo. Me dice que mañana mismo informará al jefe de la situación, lo cual traerá como consecuencia mi despido o, peor todavía, la cárcel. Por desgracia, tengo una familia grande que debo mantener y me encuentro en una pésima situación económica. ¿Se justifica, entonces, que yo acabe con su vida? Como es evidente, no, ni siquiera si el que me va a delatar es una persona extremadamente desagradable, odiada por todos y sin familia. Ciertamente, distinta sería la situación de este último si, frente a su asesinato inminente, decidiera defenderse y, tomando lo primero que encontrara, me golpeara fuertemente en la cabeza con el propósito de detenerme. Si esto me trajera la muerte, a pesar de que tengo una familia y cumplo una labor muy importante dentro de mi comunidad, su acto se encontraría completamente justificado.

Imaginemos al jefe de un servicio de inteligencia que descubre una banda clandestina de anarquistas que se reúnen todas las semanas para determinar cómo acabar con la sociedad actual y hacer una nueva. Este grupo va creciendo cada vez más y, si bien nunca ha realizado actos violentos, se sospecha que en un futuro podría ser peligroso. Lo más fácil, barato y seguro es ponerles una bomba y acabar con ellos de una vez por todas. La otra opción, la de vigilarlos permanentemente, es cara, muy peligrosa y, posiblemente, poco efectiva. ¿Qué hacer? No hay duda. Mientras sean inocentes, es más, mientras no estén en proceso de realizar un acto terrorista, la segunda es la única opción decente. En “El agente secreto”, interesante novela de Joseph Conrad, uno de los personajes, un anarquista sin escrúpulos, manifiesta que él ganará la batalla contra la sociedad cuando los servicios de seguridad se decidan a acabar con él de manera ilícita.

En efecto, en el mismo instante en que relativizamos un principio universal para sacar algún tipo de provecho material o espiritual, en ese instante, ese principio muere como principio, pierde su validez radical. Una sociedad que hace eso con los principios, necesariamente entrará en un proceso de descomposición, puesto que aquellos son los pilares que la sostienen.

Pese a la evidencia de lo anteriormente expuesto, muchos son los que no pestañean al justificar el aborto alegando el bienestar de la madre. ¿No es eso acaso justificar un asesinato a causa de un beneficio individual o social?

En efecto, lo que está en juego en la discusión sobre el aborto es precisamente eso: la validez de uno de los principios universales que fundamentan nuestra civilización. De ahí la absoluta necesidad de oponerse a él de manera radical, no tolerándolo en ninguna de las posibles circunstancias, por cuanto ello implicaría subordinar el principio que defendemos a valores que, respecto de éste, son absolutamente secundarios. Analicemos, una a una, dichas circunstancias y comprobemos en ellas la veracidad de lo que estamos diciendo.

Primero que todo, refirámonos a la circunstancia del embarazo por violación. Típicamente, escuchamos el caso de una joven que, habiendo sido violada, queda embarazada. Como es natural, la violación le provocará un enorme sufrimiento. Si le agregamos a eso un embarazo, es de esperar que el sufrimiento sea aun mayor: tendrá que esperar durante nueve meses al hijo de su violador, tiempo en el cual se torturará frente a la idea de verse obligada a recordar su violación cada vez que lo vea. Lo más probable es que la mujer entre en un profundo estado de depresión. En dichas condiciones, es natural que no quiera tener a su hijo. Y podemos seguir imaginando sufrimientos de esta naturaleza. Pese a todo, el niño que está en el vientre de la mujer violada es absolutamente inocente de todo lo que ocurrió. Por lo tanto, si queremos salvar la validez del principio, debe aplicarse aun en esta situación de extremo sufrimiento. ¿Qué ocurriría si bajo el criterio del sufrimiento se decidiera su no aplicación en los casos descritos? Inmediatamente, dentro de la legislación y dentro de la escala de valores de las personas, un principio tan universal como el derecho a la vida de un inocente se relativizaría. Y pasaría, necesariamente, con respecto a la legítima evasión del dolor, a un segundo plano. ¿Qué impediría que, luego, ante esta implícita subversión de valores, las mujeres alegaran su derecho a hacerse un aborto a causa de que su embarazo les ha provocado una intensa depresión por no poder cumplir con sus sueños? Siendo el sufrimiento algo tan subjetivo, ¿cómo determinar de manera precisa y sin error si sufre más una mujer violada u otra que ha tenido que renunciar a todos sus proyectos de vida? Es, ciertamente, imposible. Además, el tipo de circunstancias dolorosas de los embarazos no deseados puede extenderse al infinito por lo que una tarea como esta sería imposible.

Asimismo, la relativización de este principio podría extenderse a otros ámbitos de la vida y, con un precedente semejante, ¿por qué un gobernante tendría que abstenerse de eliminar, saltándose cualquier debido proceso, a todo aquel del que se sospeche con fundamentos que provocará un enorme sufrimiento al país con sus futuros actos terroristas? En teoría, nada.

En segundo lugar, refirámonos a la circunstancia que, en mayor medida, parece justificar un aborto: cuando el niño viene con alguna enfermedad o malformación que, probablemente, no le permitirá vivir mucho tiempo. Como todos sabemos, estas circunstancias justifican para algunos lo que llaman “aborto terapéutico”. Cuando nos dan ejemplos extremos –como los que muchas veces vemos en la televisión– el principio parece flaquear. En efecto, no es fácil aplicarlo en toda su radicalidad cuando nos cuentan de un niño que viene con una enfermedad que no le permitirá vivir más de una semana y, como si fuera poco, de manera extremadamente precaria. Evidentemente, esto provocará un intenso sufrimiento psicológico a la madre. Este último, tal vez, se resolverá en su deseo de  provocarse un aborto. Dos elementos parecen justificarlo en este caso: por un lado, el sufrimiento de la madre; y, por otro, el hecho de que hay una enorme probabilidad de que el niño muera de todos modos. No hay necesidad de responder a lo primero, puesto que en ello se aplica lo mismo que ya hemos explicado más arriba. Ahora bien, respecto de lo segundo, hay que decir dos cosas. Primero, el derecho a la vida nunca puede estar condicionado al tiempo esperado de vida. Segundo, frente a la posibilidad de que esa vida se desarrolle de manera precaria, se debe decir que el derecho a vivir tampoco se encuentra condicionado por el modo en que se viva o se espere vivir. ¿Qué derecho tenemos de determinar unilateralmente que una vida no merece ser vivida? Por lo demás, ¿existe acaso una vida sin sufrimiento? En efecto, condicionando el derecho a la vida al modo de vivir, incluso limitándonos a una circunstancia extrema como la descrita, estamos inevitablemente poniendo este principio universal en un segundo plano. ¿Y qué impedirá, luego, que bajo la misma justificación no se elimine a los pobres o enfermos? Nos dirán que estamos exagerando, pero estas son las consecuencias que, en teoría, derivan de la subordinación de un principio universal a elementos circunstanciales. Conviene destacar que lo anterior no debe confundirse con los casos en los cuales la vida de la madre está en peligro. En estos casos, es lícito aplicarle a la madre cualquier tipo de tratamiento para salvarla, aun cuando éste pueda traer como consecuencia posible e indirecta la muerte del niño. Lo anterior es legal en nuestro país, por lo que una ley de despenalización de un tipo de aborto que buscara dar solución a este problema (“aborto terapéutico”)  sería superflua. Por cierto, cualquier tratamiento médico enfocado a salvar la vida de la madre dejará de ser lícito si tiene como resultado propio y directo la muerte del niño.

Finalmente, respecto de la “Píldora del día después”, lo que está en juego es el mismo principio que estamos tratando, pero ya en una circunstancia completamente diferente: no hay absoluta certeza sobre el momento en que se empieza a ser persona. No pretendo aquí dar argumentos a favor de una u otra postura. Mientras haya discusión científica al respecto, de lo único que estamos seguros es de que no hay aún una respuesta. Por lo tanto, sea cual sea ese momento, mientras exista la mínima posibilidad de que lo que vamos a hacer va a provocar como consecuencia directa la muerte de una persona inocente, nuestra obligación es abstenernos.

En conclusión, de acuerdo a lo expuesto, la discusión sobre el problema del aborto debiera ir siempre precedida de una clara conciencia respecto de la absoluta inviolabilidad del principio planteado, por lo que cualquier solución no puede oponérsele jamás. En otras palabras, cualquier argumento, ya sea la igualdad de derechos, la libertad, el sufrimiento físico o psicológico de la madre o la existencia del aborto clandestino, es insuficiente si se busca concluir una propuesta que se oponga al derecho inalienable que toda persona inocente tiene de vivir.