El derecho adquirido es una institución en nuestro país. Existen individuos y grupos de presión cuyo principal objetivo es defender aquello que algún día se “ganó”, defenderlo contra viento y marea, haciendo oídos sordos a cualquier argumentación lógica que pueda indicar que dar un paso atrás pudiera ser una opción válida.

Lo complicado de todo esto es que somos entonces un país que no puede darse el lujo de cometer equivocación alguna en su política pública: cualquier error implica su perpetuación en el tiempo y, por tanto, un daño irreversible a nuestra sociedad.

En una sociedad confrontacional, como la nuestra, en que el trabajador parte del supuesto de que su empleador querrá aprovecharse al máximo de él, y el empleador supone que el trabajador hará lo posible por trabajar lo menos posible, los grupos de presión simplemente se ubican en extremos opuestos y no conversan. Hemos llegado a un equilibrio estable del que es difícil salir: para iniciar el diálogo no basta con que sea uno el que se abra a conversar, tienen que ser ambos. Y coyunturas de este tipo son escasas.

Vamos a un ejemplo reciente de lo anterior. El fuero maternal de un año luego del retorno de la madre a su lugar de trabajo al acabar su permiso posnatal es, según muchos, un “derecho adquirido” que el proyecto de ley de posnatal intentaba rebajar. De hecho, dicho proyecto proponía que el fuero durase sólo hasta que el niño cumpliese un año. Las voces en contra de la iniciativa no se demoraron en aparecer: que el proyecto entregaba un beneficio a “cambio” de otros, que la “letra chica” del proyecto era un retroceso para los derechos de las trabajadoras. El fuero retrocede, el fuero “protege” a las madres del despido, recortar el fuero implica “desproteger” a las madres. La argumentación no iba mucho más allá de eso: “Los derechos adquiridos no se transan”.

Pues bien, el fuero para la gran mayoría de las mujeres no es un derecho, sino una ley distorsionadora del mercado laboral que principalmente perjudica nuestra empleabilidad. Ningún país del mundo tiene un fuero tan largo como el de Chile. El país que nos sigue tiene siete meses menos de protección posreintegro. Y no por nada.

Cuando nosotras, madres, retornamos al trabajo luego de acabado nuestro permiso, necesitamos quizá un par de meses para aclimatarnos y volver a ser lo que éramos antes. La gran mayoría de nosotras no necesitamos protección más allá de eso, porque rendimos en nuestros trabajos de manera adecuada, una vez hemos retomado el ritmo. Por otro lado, la enorme seguridad que nos da el fuero hace que unas pocas se aprovechen del sistema y simplemente dejen de trabajar y de producir, mientras el empleador debe pagarle su sueldo a todo evento. Estas trabajadoras manchan de manera indeleble la reputación agregada de la fuerza laboral femenina dado que, aun cuando son pocas, el costo que implica para un empleador mantenerlas es sustantivo.

Cuando un empleador entrevista a una mujer en edad fértil no tiene cómo saber si ésta es de las “responsables” o de las “aprovechadoras”, y por lo tanto, penaliza el sueldo de todas indistintamente, o simplemente elige a un hombre para el puesto de trabajo. La acción del empleador es racional dado que la mujer es percibida como más “costosa” de contratar, ello debido en gran parte al peso de la reputación que nos han hecho esas trabajadoras que se han aprovechado del sistema. El fuero, en este caso, protege a las aprovechadoras en perjuicio de la gran masa de mujeres trabajadoras y esforzadas que no lo necesitan.

Así es como un “derecho adquirido” se transforma en una “maldición adquirida” para una mayoría de trabajadoras. Reconocer que una política como la recién mencionada, más que un derecho, es una distorsión que se vuelve en contra de sus propias beneficiarias es fundamental en un país como el nuestro, que se precia de su civilidad. Reconocer los errores y repararlos es fundamental para ir avanzando hacia políticas que de verdad beneficien a las chilenas y les faciliten su inserción en el mercado del trabajo mientras puedan a su vez mantener una vida familiar razonable. El proyecto de posnatal como estaba pensado inicialmente no “da y quita”, sino que “extiende y corrige”. La propuesta originalmente entregada a la Cámara es susceptible de ser mejorada en muchos flancos, estoy de acuerdo. Pero el fuero no es uno de ellos.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio.