En nuestro último artículo, hacíamos alusión a algunos de los graves peligros que significaría para nuestra democracia, la aprobación del proyecto de ley de no discriminación. Siendo un tema de la máxima trascendencia, creemos imprescindible insistir sobre el mismo.

El aludido proyecto pretende introducir una especie de Recurso de Protección paralelo para quienquiera que se sienta discriminado arbitrariamente por un cúmulo de causales sumamente amplias (raza, credo, orientación sexual, etnia, etc.), por alguna acción u omisión que se oponga a cualquier norma de nuestro ordenamiento jurídico y a los tratados internacionales vigentes. En suma: casi por cualquier cosa.

Lo anterior llevaría a una peligrosa y malsana judicialización de la convivencia, porque la amplísima gama de normas jurídicas que cabe invocar podrían interpretarse con extrema subjetividad y tremenda susceptibilidad, introduciéndose un peligroso e incontrolable factor de conflicto social. Con lo cual, habrá que pensarlo mil veces antes de hacer cualquier declaración, comentario, sugerencia, opinión u omisión (situación esta última que resulta casi ilimitada), puesto que el número de demandas y reyertas podrían no tener límites. Y como si fuera poco, las sanciones establecidas resultan absolutamente draconianas.

En suma, cualquiera podría convertirse en inquisidor de otro por sus simples opiniones. No será muy difícil, así las cosas, que surjan “censores” de lo políticamente correcto, prestos a demandar a cualquiera que se oponga a sus intereses, por discutibles o minoritarios que sean, produciéndose una verdadera política del terror, en que los más fuertes terminen amedrentando a los más débiles, destruyendo el clima de sana tolerancia que resulta imprescindible para una auténtica democracia.

Pero además, el propio debate político se tornaría imposible, pues aun cuando los parlamentarios gocen de inmunidad por sus dichos en sala o en las comisiones que integran, ello no se extiende a lo que digan fuera del Congreso. Si cualquiera puede ser condenado por cualquier cosa, manifestar una simple opinión sobre lo que sea (por ejemplo, en la campaña o en una entrevista) puede ser constitutivo de “discriminación”, con lo que los “censores” que surjan podrían llegar a tener el sartén por el mango en lo que se refiere a qué se puede debatir y qué no. La política terminaría dependiendo así de pequeños grupos organizados y no del querer de la mayoría.

Todo lo anterior, sin perjuicio que en caso de no quedar contentos con lo que se falle, los “censores” puedan acudir a tribunales internacionales, con lo que a la postre, no sólo perderíamos nuestra capacidad de pensar diferente y de expresarlo, sino también nuestra soberanía. Así las cosas, ¿para qué seguir con las instituciones democráticas, si nuestra libertad se habría perdido totalmente?